Es 2026 y el debate sobre las transferencias a la infancia y adolescencia está otra vez sobre la mesa. Esto encierra una buena y una mala noticia. La buena es que hay una preocupación notoria por la realidad de este grupo de la población, así como por su futuro, su desarrollo y, por lo tanto, por el futuro y el desarrollo del país. La mala noticia es que este debate también surge de la necesidad de revertir cifras estremecedoras: 29% de las niñas y niños menores de 6 años viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. Lo impactante del dato ha llevado a un consenso político (al menos formal) sobre la necesidad de tomar acciones para revertir esta situación.
Hace pocas semanas, el gobierno anunció que como parte de la rendición de cuentas anual enviaría una propuesta de modificación del sistema de transferencias a la infancia y adolescencia. El objetivo principal que se persigue es incrementar el apoyo a niñas, niños y adolescentes mediante una transferencia de dinero más potente que permita comenzar a reducir los elevados niveles de pobreza en infancia y adolescencia. Según la propuesta realizada, a mayor vulnerabilidad socioeconómica del hogar, mayor la transferencia a recibir. La idea, por bien intencionada que sea, no es novedosa y parte de una premisa de la que durante mucho tiempo la sociedad uruguaya se sintió orgullosa: el Estado debe actuar como amortiguador de las desigualdades estructurales.
Sin embargo, como en otras oportunidades, junto con este debate reviven viejos fantasmas, mitos sin ninguna otra justificación que el prejuicio. En el mejor de los casos, los argumentos aparecen disfrazados de elegantes teorías sobre el comportamiento estratégico de las personas para obtener los recursos necesarios haciendo el mínimo esfuerzo posible. Como puede sospechar el lector o lectora, ninguno de estos mitos o supuestas teorías de comportamiento tienen un sustento real en datos o evidencia de algún tipo. Conviene, sin embargo, hacer un repaso por esos lugares comunes que pululan en las redes sociales.
Lo que dicen los montos
Cada vez que estos temas aparecen en el debate, hay una idea muy rudimentaria que se intenta instalar: los beneficiarios de las transferencias reciben del Estado decenas de miles de pesos al mes por no hacer nada. Revisemos, entonces, la primera parte de esa idea, el mito de los montos transferidos.
Veamos cómo funciona el sistema y algunas cifras para ejemplificar mejor. Un hogar de cierta fragilidad económica en donde viven niños, niñas o adolescentes reúne las condiciones para cobrar una Asignación Familiar por Plan de Equidad (AFAM-PE). Cuando no se trata de una situación de fragilidad, sino de que el hogar se encuentra en condición de vulnerabilidad socioeconómica extrema, es posible acceder además la Tarjeta Uruguay Social (TUS). Se trata de una tarjeta precargada mensualmente con un monto de dinero que puede ser utilizado únicamente para comprar alimentos o productos de primera necesidad. Esto permite asegurar un nivel de consumo mínimo y se dirige a los hogares más pobres del país. Finalmente, en el caso de hogares que reciben la TUS y donde viven niñas o niños de entre 0 y 3 años, pueden recibir el Bono Crianza, un refuerzo al monto de la TUS con el objetivo de brindar mejores condiciones para el tránsito por los primeros 1.000 días de vida, absolutamente centrales en el desarrollo infantil.
De acuerdo con las cifras oficiales, si se observa el total de beneficiarios de mayor vulnerabilidad socioeconómica, las niñas y niños entre 0 y 3 años reciben en promedio 6.661 pesos per cápita. Para aquellos entre 4 y 11 años el monto transferido promedio per cápita es 5.278 pesos, mientras que es de 5.526 pesos para adolescentes entre 12 y 17 años.
¿Qué implica este monto? De acuerdo con datos del informe de pobreza 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la línea de indigencia (el mínimo importe necesario para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas) en Montevideo se fijó en 6.628 pesos a diciembre de 2025. Es decir que, en el mejor de los casos, la transferencia que reciben los hogares solo se acerca al mínimo indispensable para cubrir las necesidades alimenticias de los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué condiciones vivirían y crecerían esos niños, niñas y adolescentes en caso de no recibir esta transferencia por parte del Estado? ¿Sería admisible dejarlos sin estos ingresos? Estamos hablando de 45.000 hogares de vulnerabilidad extrema, donde viven 110.000 niñas y niños.
¿Las transferencias incentivan a tener más hijos?
Casi con seguridad el lector o lectora se habrá cruzado alguna vez con el siguiente argumento: “Tienen hijos para vivir de los planes sociales”. Según quienes sostienen esta teoría, las familias calibran el beneficio a obtener por tener un hijo y lo comparan con el beneficio que tendría participar en el mercado de trabajo. Al ser mayor el ingreso por concepto de transferencia, optan por no trabajar y dedicarse a vivir de la transferencia que reciben.
Volvamos a los datos. Una forma de analizar esto sería mediante la cantidad de nacimientos que se registraron en el país en los últimos años. Si la teoría de los hijos por planes fuera correcta, sería esperable observar un incremento de los nacimientos. Los datos, sin embargo, no acompañan este razonamiento. En 2008, el año en que se comenzó a pagar la AFAM-PE, nacieron en Uruguay 47.428 personas, mientras que en 2025 nacieron 28.884. Es decir, casi 20 años más tarde, nacieron casi 20.000 niñas y niños menos.
Vayamos un poco más allá en el prejuicio. Alguien podría decir que esa conducta reproductiva se observa solo en familias de menores recursos, las que obtendrían las transferencias más grandes. Si bien no existe un relevamiento puntual sobre nacimientos según nivel socioeconómico del hogar, es posible acercarnos a esa construcción mediante algunas mediciones alternativas. La educación es un factor altamente relacionado con el ingreso de un hogar. En aquellos donde los niveles educativos de sus integrantes son mayores, los ingresos también lo son, y viceversa. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública sí genera información sobre el nacimiento de niños de acuerdo con el nivel educativo de la madre. En 2011, 38% de los nacimientos provino de madres cuyo máximo nivel educativo era ciclo básico incompleto. Por su parte, en 2025 las madres que no habían logrado terminar el ciclo básico explicaron solo el 20,5% de los nacimientos.
En el mejor de los casos, los argumentos aparecen disfrazados de elegantes teorías sobre el comportamiento estratégico de las personas para obtener los recursos necesarios haciendo el mínimo esfuerzo posible. Ninguno de estos mitos o supuestas teorías de comportamiento tienen sustento real en datos o evidencia.
Otra forma de aproximarnos a la idea de que los hogares de menores recursos económicos tienen hijos para vivir de las transferencias es cómo se distribuyen los niños según la escala de ingresos. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en 2006, 50,3% de los niños entre 0 y 2 años vivía en el 20% de hogares más pobres. Casi 20 años más tarde, en 2024, ese mismo dato era de 50,8%. Es decir, el porcentaje de niños que residen en los hogares más pobres del país se mantuvo prácticamente incambiado a lo largo de las dos últimas décadas. Esto no hubiese sido posible de haberse dado el tan mencionado aumento de los nacimientos en los hogares más pobres para poder vivir de los planes sociales.
Transferencias y empleo: la evidencia
Para finalizar, me voy a referir a otra de las sospechas que frecuentemente merodean las redes sociales y zonas aledañas: “Tienen hijos para no trabajar y vivir del Estado”. Como a esta altura ya podrán advertir, es otro mito de manual que no tiene el más mínimo sustento real.
Lo que ocurre en el mercado de trabajo es producto de una serie de circunstancias propias del momento histórico, la situación económica nacional e internacional, entre otros. Muchos factores inciden en aspectos tales como la cantidad de gente que tiene o busca empleo, la cantidad de gente desocupada, entre otros aspectos. A pesar de esto, los datos de los últimos años también se empeñan en contradecir a quienes ven casi como una contradicción recibir una transferencia del Estado y al mismo tiempo trabajar.
La tasa de actividad ilustra el porcentaje de personas mayores de 14 años que trabaja o busca trabajo. De acuerdo con datos del INE procesados por el Ministerio de Desarrollo Social, en 2006 las personas en esa condición representaban el 60,7% de la población, mientras que en 2024 fueron 62,3% de la población. Esto es, la cantidad de gente trabajando o buscando empleo se incrementó. Esto condice con los datos del Banco de Previsión Social, según los cuales la cantidad de personas trabajadoras registradas muestra una clara tendencia creciente en los últimos años. Mientras que la cantidad promedio mensual de personas cotizantes en 2010 era 1.101.500, en 2015 fueron 1.338.500 personas. Es decir, un incremento de más de 230.000 personas registradas en la seguridad social.
En un nuevo acto de generosidad hacia los teóricos del ocio a costas del bolsillo del Estado, veamos qué sucedió con la tasa de actividad de las mujeres del primer quintil de ingresos. Es decir, cómo evolucionó la cantidad de mujeres mayores de 14 años que trabajaban o buscaban trabajo, pertenecientes al 20% de hogares más pobres. En el cenit del estigma, las mujeres pobres calzan con la imagen de aquella persona que tiene hijos para evitar mayores esfuerzos como salir a trabajar (sería necesaria otra columna, igual de extensa, para analizar el esfuerzo que implican una y otra cosa). Nuevamente con datos del INE, las mujeres de hogares más pobres incrementaron su participación en la tasa de actividad laboral entre 2006 y 2024, pasando de 60,7% a 62,3%. También en este caso los datos se empecinan en mostrar que no hay evidencia alguna de que las mujeres en particular desistan de trabajar o de buscar trabajo producto de la maternidad. Lo que sí podría concluirse de manera rigurosa es que el movimiento se da a la inversa: existe una penalización a la maternidad para las mujeres que desean trabajar.
Lo que falta discutir
Como país tenemos un enorme desafío por delante. En términos estratégicos, pensando en el desarrollo nacional, es altamente inconveniente mantener casi a la cuarta parte de los niños en situación de pobreza. En términos éticos y humanos, es inadmisible no extremar todos los esfuerzos necesarios para empezar a torcer esta realidad hoy mismo.
La situación de pobreza de los hogares depende de muchas circunstancias y, por lo tanto, debe ser abordada desde diversas perspectivas y con distintos instrumentos. Políticas de empleo, de salud, de educación y de vivienda deben conjugarse para revertir situaciones que muchas veces se arrastran de generaciones atrás. Las transferencias son una herramienta más en ese entramado de políticas que se requiere tejer. No son por sí solas la solución al problema, pero contribuyen en la dirección correcta a la hora de alcanzar el objetivo.
La construcción del mejor sistema de transferencias posible para el país requiere un debate de calidad, que permita robustecer una de las políticas más sensibles para el presente y el futuro del país.
Sol Maneiro es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.
