El progresismo de las Américas se reúne en Montevideo bajo una consigna poderosa: solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones. Lo hace en momentos en que las democracias enfrentan el avance de las ultraderechas, nuevas formas de autoritarismo y una política internacional cada vez más marcada por la injerencia, la desigualdad y la disputa por el poder. La propuesta es construir una agenda hemisférica común frente a las nuevas lógicas de dominación, y tiene entre sus ejes democracia, multilateralismo, soberanía, integración y bienestar.
Hay una pregunta que no debería quedar fuera de esa agenda: ¿puede el progresismo panamericano defender la democracia y el multilateralismo sin asumir una agenda antirracista definida? No me refiero solamente a combatir el racismo explícito de las extremas derechas. Me refiero a algo mucho más profundo: reconocer que el racismo no comenzó con Donald Trump ni con las derechas contemporáneas. Tiene siglos de historia.
El racismo es una violencia social instaurada de la que sus hacedores no se hacen cargo pues significaría mover los cimientos de sus privilegios. Una parte central de las economías capitalistas que dominan gran parte del mundo desde el siglo XVI en adelante fueron construidas mediante la invasión de territorios indígenas, el exterminio y sometimiento de pueblos originarios, el saqueo sistemático de riquezas y la esclavización y explotación mortal de millones de africanos y africanas. No es cualquier desigualdad; es la fundante. Buena parte de la riqueza y el poder que sostienen el mundo de izquierda, centro y derecha de hoy hunde sus raíces en esos procesos.
No cuestionar esa desigualdad intrínseca, no reconocer ese debe, en los hechos, debilita cualquier discurso de equidad a futuro. Porque no alcanza con proclamar soberanía si todavía existen pueblos que fueron despojados de sus territorios, sus riquezas, sus culturas y hasta de la posibilidad de decidir sobre su propio destino.
Tampoco alcanza con hablar de solidaridad. Es inmoral dar caridad con lo ajeno producto del saqueo. La cooperación internacional también debe reconocer las desigualdades históricas que contribuyeron a producir el orden colonial y económico mundial, del cual muchos países cooperantes fueron protagonistas. La solidaridad no puede sustituir la justicia. Hay pueblos que no necesitan solamente ayuda: necesitan reconocimiento, reparación, redistribución y participación efectiva en las decisiones que afectan sus vidas.
Y aquí aparece una contradicción que las izquierdas deben resolver. ¿Cómo defender una democracia que históricamente excluyó a las víctimas, indígenas y afrodescendientes, de los lugares donde se decide el poder? Porque democracia no es solamente votar. Democracia también es poder incidir. Y si quienes han sufrido las desigualdades raciales más profundas siguen teniendo una representación política insuficiente o inexistente por dificultades provocadas y centenarias de acceso a sus derechos, seguimos hablando de una democracia incompleta.
No alcanza con incorporar a los afrodescendientes y pueblos indígenas como diversidad cultural, patrimonio, folclore o memoria. Tienen que ser sujetos políticos. Sujetos con voz. Con representación. Con poder de decisión.
¿Puede el progresismo panamericano defender la democracia y el multilateralismo sin asumir una agenda antirracista definida? No me refiero solamente a combatir el racismo explícito de las extremas derechas.
Una nueva agenda progresista no debería limitarse, entonces, a defender lo conquistado frente a las ultraderechas. Tiene que preguntarse qué desigualdades estructurales permitió sobrevivir la democracia que hoy estamos llamados a defender. Porque una democracia basada en inequidades estructurales puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, profundamente desigual. Puede garantizar derechos en las leyes y mantener desigualdades raciales en la vida real. Puede proclamar igualdad y distribuir de manera desigual la tierra, la riqueza, las oportunidades y el poder.
Por eso la pregunta no es solamente cómo derrotar a Trump y a las ultraderechas. La pregunta es también qué democracia queremos defender. ¿Una democracia que solamente impida el autoritarismo? ¿O una democracia capaz de reparar las exclusiones históricas que hicieron que millones de personas llegaran siempre últimas a los derechos?
El progresismo tiene aquí una responsabilidad sustancial y una oportunidad. Si quiere hablar de soberanía entre las naciones, debe hablar también de soberanía de los pueblos. Si quiere hablar de solidaridad, debe hablar de reparación. Si quiere hablar de igualdad, debe hablar de desigualdad racial. Y si quiere defender la democracia, debe preguntarse quiénes tienen realmente acceso al poder.
El antirracismo no puede ser un capítulo de la agenda progresista. Tiene que atravesarla. Porque las ultraderechas prometen regresar a un pasado de jerarquías, exclusiones y privilegios. La respuesta progresista no puede ser solamente defender el presente. Tiene que ser construir un futuro donde ninguna persona sea considerada inferior por su origen, donde ningún pueblo sea condenado a la pobreza por la historia que otros escribieron sobre su territorio, y donde la democracia no sea solamente el derecho a elegir gobernantes, sino también el derecho efectivo a participar en las decisiones.
Muchas personas abandonan sus territorios ancestrales buscando trabajo, seguridad y una vida digna en países que durante siglos participaron, directa o indirectamente, en la extracción de sus riquezas, en la explotación de sus poblaciones y en la desarticulación de sus sociedades. Después resulta demasiado cómodo presentar esas migraciones solamente como un problema contemporáneo de fronteras. O como “crisis migratoria” a las consecuencias y olvidamos discutir las causas. ¿Quién produjo las condiciones que obligan a tantas personas a arriesgar la vida para poder sobrevivir? Hay, entonces, una enorme deuda de justicia detrás de muchas de las crisis que hoy discutimos en los foros internacionales. Y esto también interpela a las izquierdas.
Repito: el Congreso Panamericano tiene una oportunidad. No solamente de construir una resistencia frente a Trump y sus aliados, sino de preguntarse con honestidad si puede haber verdadera solidaridad entre los pueblos sin justicia racial. Si puede haber soberanía entre las naciones sin reparación histórica, y si puede haber democracia mientras algunos pueblos siguen llegando tarde a los lugares donde se decide su propio destino. Las respuestas a esas preguntas deberían ser parte de la nueva agenda parlamentaria progresista de las Américas. Porque ser antifascista, democrático y progresista en el siglo XXI también significa ser inequívocamente antirracista.
Susana Andrade es procuradora, activista social y exdiputada. Es presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay e integra el grupo Atabaque por un país sin exclusiones.
