El senador nacionalista Carlos Camy propone volver a plebiscitar los allanamientos nocturnos dos o tres años antes de las elecciones de 2029, con la expectativa de que puedan utilizarse durante este período de gobierno. La propuesta merece una respuesta que vaya más allá de la discusión partidaria: ¿qué hacemos cuando una herramienta de seguridad ya fue sometida dos veces a consideración de la ciudadanía y fue rechazada?
No se trata de negarse a discutir sobre seguridad. Todo lo contrario. Se trata de discutirla seriamente.
Uruguay ya tuvo esta conversación. En 2019, los allanamientos nocturnos fueron parte de la reforma constitucional conocida como “Vivir sin miedo”. La propuesta obtuvo 46,83% de los votos y no alcanzó la mayoría necesaria. Cinco años después, en 2024, los uruguayos volvieron a pronunciarse específicamente sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos. Nuevamente la reforma no fue aprobada. El Sí solo obtuvo mayoría en Flores.
Por eso la pregunta no debería ser solamente si los allanamientos nocturnos son convenientes. Hay una pregunta anterior: ¿cuántas veces estamos dispuestos a preguntarle a la ciudadanía lo mismo hasta obtener la respuesta que algunos esperan? Una democracia no funciona así.
Los plebiscitos son una herramienta extraordinariamente valiosa de democracia directa. Precisamente por eso debemos tomarlos en serio. Si la ciudadanía se pronuncia, debemos aceptar el resultado, incluso cuando no coincide con nuestras preferencias.
Camy propone esperar algunos años y volver a intentarlo. Pero el problema no desaparece por cambiar la fecha. Si la herramienta fue sometida al voto popular en 2019 y nuevamente en 2024, volver a hacerlo en 2027 o 2028 no transforma mágicamente el problema de fondo. Lo que cambia es la oportunidad política.
Y si de lo que se trata es de combatir al narcotráfico, tenemos que animarnos a discutir algo más incómodo: no todo lo que parece una herramienta de seguridad es necesariamente una buena política de seguridad.
El narcotráfico no tiene horario
Hay una simplificación que se repite en esta discusión: como algunas bocas funcionan durante la noche, entonces necesitamos allanarlas de noche. Pero la criminalidad organizada no funciona como un comercio, con horario de atención.
El narcotráfico es una estructura. Tiene distribución, logística, financiamiento, lavado de activos, abastecimiento, redes de protección, corrupción, violencia territorial y capacidad de adaptación.
Una política criminal moderna no debería preguntarse solamente ¿a qué hora entramos?, sino ¿cómo desarticulamos la organización?
La propia discusión de 2024 mostró que no existía evidencia suficiente para afirmar que eliminar la prohibición constitucional de los allanamientos nocturnos fuera a producir una reducción sustantiva del narcotráfico o de la violencia. Un análisis de Ceres señalaba precisamente que la pregunta central era si la medida produciría un cambio real y efectivo en la seguridad pública.
Y hay algo más: el allanamiento no debería ser el principio de una investigación. Debería ser, muchas veces, el resultado de una investigación. La buena investigación criminal permite identificar personas, vínculos, roles, movimientos, patrimonio, comunicaciones y patrones de actividad. Permite llegar a un juez con elementos sólidos y ejecutar un procedimiento cuando las condiciones sean más favorables para la Policía, para la Fiscalía y para las personas involucradas.
¿Por qué queremos hacerle más difícil el trabajo a la Policía? Hay un argumento que me parece especialmente importante y que debería ser escuchado por todos los partidos: la opinión de quienes tienen que poner el cuerpo.
En 2024, distintos sindicatos policiales expresaron su rechazo o preocupación frente a los allanamientos nocturnos. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales se manifestó en contra de la reforma. El sindicato policial de Maldonado sostuvo que no estaban dadas las garantías ni el personal estaba preparado, y reclamó capacitación, equipamiento y recursos.
No estamos hablando de personas que se oponen a combatir el delito. Estamos hablando de policías. De funcionarios que saben que un allanamiento diurno ya es un procedimiento complejo y peligroso. De policías que saben que hay que identificar correctamente el objetivo, controlar accesos, proteger a terceros, coordinar los movimientos del equipo y anticipar qué puede ocurrir dentro de una vivienda.
Ahora imaginemos ese mismo procedimiento con visibilidad reducida. Un policía entra a una finca sin saber exactamente qué encontrará. Hay moradores. Puede haber niños. Puede haber terceros. Puede haber delincuentes armados. Puede haber funcionarios de distintas unidades. Puede haber vecinos alrededor.
La oscuridad no solamente dificulta ver al delincuente. También dificulta reconocer al compañero. Y ahí aparece un riesgo operativo que no podemos ignorar: el llamado fuego amigo o, más ampliamente, los errores de identificación y de coordinación que pueden producirse en un procedimiento armado con baja visibilidad.
No hace falta afirmar que esos errores necesariamente ocurrirán. Basta con reconocer algo elemental: si una condición aumenta la complejidad y el riesgo de un procedimiento, el Estado tiene la obligación de preguntarse si el beneficio esperado justifica ese riesgo.
El propio Sindicato de Policías Agremiados Canarios fue muy concreto al señalar que un allanamiento nocturno exigiría iluminación adecuada, contemplar las viviendas linderas ante posibles intercambios de disparos y disponer de recursos humanos suficientes. También reclamó capacitación jurídica y técnica generalizada.
Hay una simplificación que se repite en esta discusión: como algunas bocas funcionan durante la noche, entonces necesitamos allanarlas de noche. Pero la criminalidad organizada no funciona como un comercio, con horario de atención.
El Sindicato Único de Policías del Uruguay, por su parte, advirtió que aunque el último responsable sea el Estado, las responsabilidades administrativas y penales terminan recayendo sobre los funcionarios. Esto debería preocuparnos a todos. Porque defender a la Policía también significa no mandarla a procedimientos innecesariamente más riesgosos cuando existen alternativas.
No necesitamos una Policía que llegue de noche. Necesitamos una Policía que llegue mejor. Esta es, quizás, la discusión que nos estamos perdiendo.
Si sabemos dónde están las bocas, investiguemos. Si sabemos quién las abastece, investiguemos. Si sabemos quiénes distribuyen la droga, investiguemos. Si sabemos quién financia las operaciones, investiguemos. Si sabemos dónde se lava el dinero, investiguemos. Y cuando tengamos la evidencia necesaria, actuemos.
El Estado tiene herramientas para hacerlo durante el día: inteligencia criminal, investigación especializada, análisis de información, videovigilancia, Policía Científica, Fiscalía, seguimiento patrimonial, investigación financiera, cooperación entre unidades y coordinación internacional.
Podemos fortalecer las investigaciones contra las organizaciones que abastecen las bocas, atacar sus recursos económicos, mejorar la trazabilidad del dinero, perseguir el lavado, trabajar sobre los mercados ilícitos y realizar procedimientos diurnos cuidadosamente planificados.
Eso no significa renunciar a la contundencia. Significa utilizar la contundencia de manera inteligente. Porque el objetivo no debería ser llenar titulares con la cantidad de allanamientos realizados, sino desarticular organizaciones criminales.
Hay, además, una diferencia importante entre combatir una boca y combatir el narcotráfico. Una boca puede ser un punto visible de una estructura mucho mayor. Cerrar una boca puede ser necesario. Pero si mañana aparece otra en la misma zona, no resolvimos el problema.
Por eso necesitamos inteligencia territorial. Necesitamos conocer cómo se mueve el mercado de drogas en cada barrio, qué grupos disputan territorio, qué personas cumplen funciones de distribución, cuáles son los puntos de violencia asociados y qué vínculos existen con estructuras mayores. Y necesitamos que la Policía pueda trabajar con información, tecnología y planificación.
La discusión no puede reducirse a “de día no podemos y de noche sí”. Eso es demasiado sencillo para un problema demasiado complejo.
La Constitución no es una herramienta descartable
También existe una cuestión institucional. La Constitución de 1830 ya protegía la inviolabilidad del hogar durante la noche. Esa protección atravesó las sucesivas reformas constitucionales y llegó hasta nuestro actual artículo 11. Ceres recuerda que la protección nocturna del hogar existe desde la primera Constitución uruguaya.
Modificar la Constitución para resolver una dificultad operativa concreta debería ser siempre el último recurso. No porque la Constitución sea intocable, sino precisamente porque, por ser nuestra norma fundamental, requiere decisiones de largo plazo.
Si mañana descubrimos que una determinada herramienta policial no funciona como esperábamos, una ley puede modificarse. Un protocolo puede cambiarse. Una política pública puede corregirse.
Una reforma constitucional no debería funcionar como una prueba piloto.
Camy tiene razón en una cosa: la seguridad necesita políticas de Estado y acuerdos que trasciendan los gobiernos. Pero una política de Estado también implica acordar cuáles son los límites que no queremos atravesar y cuáles son las herramientas que realmente funcionan.
No necesitamos seguir dividiendo al país entre quienes quieren seguridad y quienes supuestamente no la quieren. Esa es una falsa discusión.
Queremos una Policía fuerte, profesional, equipada y respetada. Queremos fiscales y jueces con herramientas. Queremos investigaciones criminales eficaces. Queremos atacar al narcotráfico grande y al narcomenudeo. Queremos recuperar territorios donde las organizaciones criminales pretenden imponer sus reglas. Queremos proteger a los vecinos. Y queremos que nuestros policías vuelvan sanos a sus casas.
La pregunta, entonces, no es si queremos combatir el narcotráfico. La pregunta es cómo hacerlo mejor. Y frente a la propuesta de volver a plebiscitar los allanamientos nocturnos, hay una respuesta que debería ser sencilla: Uruguay ya habló en 2019, Uruguay volvió a hablar en 2024. Dos veces.
Tal vez, en lugar de volver a preguntarle al soberano hasta obtener la respuesta que esperamos, sea hora de que quienes tenemos responsabilidades políticas nos dediquemos a construir las políticas de seguridad que el país necesita.
La seguridad no necesita más plebiscitos. Necesita más inteligencia, más investigación, más coordinación, más recursos y mejores resultados. Y sobre todo, necesita que dejemos de buscar soluciones simples para problemas complejos.
Nicolás Guillenea es diputado suplente del Frente Amplio y fue director de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones.