Formar para lo público es formar profesionales capaces de producir, sostener y renovar las condiciones por las cuales una sociedad garantiza a todos sus miembros –y en especial a quienes han sido excluidos de ella– el acceso al patrimonio cultural, el ejercicio de derechos y la participación en la vida común. No designa un ámbito laboral ni institucional, sino una orientación del oficio educativo, ya que el criterio último que ordena las decisiones profesionales no es la demanda institucional ni el rendimiento del programa ni la gestión del riesgo, sino la ampliación de oportunidades para los sujetos de la educación, para aprender y ejercer derechos en un mundo compartido.
En 2027 comenzará a implementarse un nuevo plan de estudios para la formación de educadoras y educadores sociales en el Consejo de Formación en Educación (CFE). Quienes ingresen ese año se titularán después de 2030 y desplegarán su ejercicio profesional durante las décadas siguientes. Por ello, elaborar un nuevo plan de estudios es imaginar y proyectar qué profesionales necesitará el país para acompañar educativamente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, familias y comunidades en escenarios sociales que todavía no conocemos del todo. La pregunta central no es de carácter curricular, ni de cargos docentes, sino de políticas públicas, ya que la función social de los profesionales de la educación es aportar para que los sujetos de la educación accedan a distintos modos de acceso a la cultura y de ejercicio de derechos.
La formación de educadoras y educadores sociales tiene en Uruguay una historia singular, ya que nació ligada a las instituciones de protección de la infancia en Iname (Instituto Nacional del Menor) y, desde su incorporación al CFE en 2011, se expandió territorialmente hacia Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, Paysandú, Rivera y Treinta y Tres. Esa expansión no fue sólo administrativa, significó un proceso que multiplicó las capacidades profesionales allí donde las políticas públicas requieren respuestas educativas.
El sentido de formación en educación social se juega fuera de las aulas escolares, y encuentra un anclaje en un campo de acción educativa que se despliega en una multiplicidad de espacios institucionales y comunitarios, programas de protección y de acompañamiento al egreso, centros juveniles y clubes de niños, dispositivos de salud mental, medidas de base comunitaria, centros de privación de libertad para adolescentes y cárceles de adultos, espacios culturales y comunitarios, así como liceos y UTU. En todos ellos, el trabajo educativo se orienta a fortalecer las trayectorias educativas, ampliar las redes de participación social y construir condiciones para el ejercicio efectivo de derechos. No se trata de una formación que se adapta de modo instrumental a cada demanda institucional, sino que su razón de ser está en formar profesionales capaces de leer situaciones sociales y educativas complejas y de construir con cada sujeto de la educación las mejores oportunidades de aprendizaje, de acceso al patrimonio cultural y de participación social. Ahí radica su inscripción en las políticas públicas, para realizar acciones educativas que incrementen las oportunidades de acceso a la cultura a lo ancho y lo largo de toda la vida, especialmente con quienes padecen situaciones de injusticia y desigualdad.
La pedagogía social, como disciplina que da especificidad a esta formación, aporta una mirada amplia sobre lo educativo, se ocupa de las relaciones de los sujetos con el saber, de los procesos de transmisión e inscripción cultural en los territorios y comunidades y los efectos subjetivos de las políticas y las instituciones. Desde esa perspectiva, el vínculo entre formación y políticas públicas no es de subordinación ni de exterioridad crítica. Se trata de un diálogo exigente ya que los profesionales de la educación social trabajan dentro de las políticas –de protección, educativas, de salud, de justicia penal juvenil, culturales– y, al mismo tiempo, están llamados a interrogarlas, a documentar sus efectos, a proponer alternativas pedagógicas cuando las respuestas disponibles clasifican poblaciones, administran riesgos o se limitan a gestionar la emergencia. Formar para las políticas públicas implica formar profesionales con criterio propio y autonomía profesional, no simples ejecutores de programas. Supone fortalecer su capacidad crítica y creativa para que, en las circunstancias concretas en las que les toque actuar, puedan construir las mejores respuestas educativas posibles.
En el horizonte de la discusión sobre una universidad de la educación, este modo de pensar la formación adquiere más relevancia. Lo universitario no se define por las denominaciones, sino por el ejercicio articulado de la enseñanza, la investigación y la extensión. Para una carrera como la de Educador Social, eso implica producir conocimiento sobre los problemas del campo –la institucionalización de infancias y adolescencias, el egreso del sistema de protección, la desvinculación educativa, la justicia penal juvenil, la vida comunitaria o las trayectorias educativas de los adolescentes y jóvenes–, sostener espacios diversos de relacionamiento con el medio social y cultural y construir alianzas duraderas con las instituciones donde transcurre la vida cotidiana de los sujetos de la educación. El desarrollo de la investigación en el CFE y su proyección en la futura Universidad de la Educación constituye una oportunidad para consolidar una investigación orientada a producir conocimiento e innovación pedagógica que fortalezca las prácticas profesionales y amplíe el acceso de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades al patrimonio cultural y al ejercicio efectivo de sus derechos. Una formación que investiga los problemas sobre los que actúa y forma en y para las prácticas profesionales asume una responsabilidad pública indelegable de producir conocimiento para transformar las prácticas y elevar la calidad de las propuestas educativas en las instituciones.
Una formación que investiga los problemas sobre los que actúa y forma en y para las prácticas profesionales asume una responsabilidad pública indelegable de producir conocimiento para transformar las prácticas.
El plan 2027 es, entonces, una oportunidad para consolidar una perspectiva de formación a partir de su inscripción en lo público y su aporte a lo social. Una oportunidad para preguntarnos qué función cumplirán las educadoras y los educadores sociales en las políticas públicas de las próximas décadas, qué prácticas institucionales y profesionales enriquecen las relaciones de los sujetos con la cultura y qué estructuras académicas se requieren para sostener presencia territorial, producir conocimiento y acompañar con rigor los procesos formativos.
Formar profesionales para las políticas públicas es asumir una responsabilidad con el porvenir. Supone una sólida articulación teórico-práctica, capacidad de investigación sobre los problemas del campo y una ética del trabajo educativo que ponga en el centro a los sujetos de la educación y sus derechos. Si la nueva propuesta curricular logra profundizar el diálogo entre la formación y la sociedad, el país contará a partir de 2030 y en adelante con profesionales capaces de actuar educativamente con sensibilidad, rigor y pensamiento crítico para componer alternativas pedagógicas a los profundos problemas sociales que enfrentamos. En suma, formar para lo público supone formar profesionales capaces de hacer efectiva, en cada situación educativa concreta, la promesa de un mundo común, transmitir el patrimonio cultural, promover el ejercicio de derechos e instituir escenas sociales donde cada sujeto pueda participar, aprender y construir un lugar con otros.
Diego Silva Balerio es educador social, magíster en Psicología y Educación y doctor en Psicología. Es coordinador del Departamento de Pedagogía Social, CFE.