“Hay una normativa que tiene que ver con la forma en que se liberan los fondos públicos, a partir de la intervención de organismos de contralor, que hace que los caminos sean tortuosos”. La frase pertenece al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y fue publicada por la diaria el 18 de agosto, en el marco del conflicto del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines de Uruguay.
Esta afirmación expresa no solo las dificultades administrativas que enfrenta actualmente el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sino que pone sobre la mesa una discusión que trasciende la coyuntura: ¿qué capacidad tiene hoy el Estado para ejecutar, en tiempo y forma, las políticas sociales que define y presupuesta?
El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado constituye una herramienta fundamental para garantizar transparencia, control y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Nadie debería plantear que esos controles son innecesarios. El problema aparece cuando los procedimientos administrativos se vuelven tan complejos y lentos que terminan obstaculizando la ejecución de las políticas públicas.
Eso es lo que parece estar ocurriendo.
En el caso del Mides, los atrasos en la liberación de fondos hacia las organizaciones que ejecutan convenios con el Estado tienen consecuencias concretas: salarios que deben sostenerse sin haber recibido las partidas correspondientes, obligaciones con proveedores, aportes al Banco de Previsión Social, gastos de funcionamiento y, sobre todo, incertidumbre para equipos que todos los días sostienen servicios destinados a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Cuando el Estado demora, la política social también se demora.
Frente a esta situación, no resulta suficiente explicar los atrasos por eventuales dificultades de las organizaciones en sus procesos de rendición. Por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen la obligación de rendir correctamente los recursos públicos que administran. Cuando una organización incumple, el Estado debe controlar, observar, exigir correcciones y, si corresponde, no renovar convenios o iniciar las acciones administrativas y judiciales pertinentes. Si existiera malversación de fondos públicos, debe investigarse y denunciarse. Pero una cosa es identificar casos concretos de incumplimiento y otra muy distinta es convertirlos en la explicación general de los problemas de liberación de fondos que atraviesan al sistema.
No es justo ni técnicamente correcto instalar la idea de que las dificultades de pago del Mides son consecuencia de que las OSC “no rinden” bien. Hay organizaciones con mayor capacidad económica que pueden, haciendo enormes esfuerzos, sostener durante un tiempo salarios y gastos de funcionamiento. Pero existen también organizaciones pequeñas y cooperativas sociales cuya espalda financiera es prácticamente inexistente.
Ambas recorren los mismos caminos administrativos.
La diferencia es que para algunas la demora significa una fuerte tensión financiera y para otras puede significar directamente no saber cómo pagar los salarios del mes. Mientras tanto, equipos de trabajo sostienen diariamente los servicios, las OSC realizan llamadas, envían correos, presentan documentación y esperan que el Estado libere los recursos correspondientes a convenios que están vigentes y que forman parte de políticas públicas presupuestadas.
Un ministerio que creció sin fortalecer suficientemente su estructura
Esta situación adquiere otra dimensión si observamos el proceso de expansión que ha tenido el Mides. La actual administración ha definido como una prioridad ampliar las respuestas destinadas a las personas en situación de calle y aumentar la cobertura de atención. Se han desplegado nuevos dispositivos, programas y respuestas en distintos puntos del territorio nacional.
Eso es valorable, pero toda expansión de la política pública exige una expansión equivalente de la capacidad estatal para administrarla.
En el caso del Mides, los atrasos en la liberación de fondos hacia las organizaciones que ejecutan convenios con el Estado tienen consecuencias concretas: salarios que deben sostenerse sin haber recibido las partidas correspondientes, obligaciones con proveedores, aportes al BPS, gastos de funcionamiento y, sobre todo, incertidumbre para equipos que todos los días sostienen servicios destinados a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Según información difundida recientemente en el programa Desayunos informales, en el marco de la Rendición de Cuentas se prevé la supresión de más de un centenar de cargos vacantes del Mides. A esto se suma la discusión sobre los pases en comisión desde el ministerio hacia otros organismos del Estado. Si un ministerio amplía significativamente sus políticas, aumenta sus convenios, extiende su presencia territorial y debe administrar mayores volúmenes de recursos, pero, al mismo tiempo, ve reducida su estructura funcional, resulta inevitable formular una pregunta política: ¿la capacidad institucional del Mides está creciendo al mismo ritmo que las responsabilidades que el propio gobierno le asigna?
No parece razonable pretender resolver esta cuestión únicamente aumentando controles o exigiendo mayores niveles de gestión a las organizaciones conveniantes.
También hay que mirar hacia adentro del Estado
En diciembre de 2025, el gobierno presentó una alternativa para enfrentar las dificultades financieras de las OSC mediante una línea de crédito instrumentada a través de la Agencia Nacional de Desarrollo y República Microfinanzas, destinada a organizaciones con convenios vigentes. La propuesta tenía una lógica comprensible: permitir que las organizaciones pudieran afrontar el pago de salarios mientras se producían las demoras administrativas. Pero esa solución no podía sustituir el funcionamiento normal del Estado.
Las organizaciones sociales no deberían tener que endeudarse para que una política pública que el propio Estado decidió financiar pueda funcionar. Por eso es necesario evaluar públicamente qué resultados tuvo aquella herramienta: cuántas organizaciones accedieron, qué montos se otorgaron, qué costos financieros implicó y, fundamentalmente, si permitió resolver efectivamente las dificultades de liquidez.
¿Quién sostiene realmente las políticas sociales?
Este debate obliga a recordar algo que muchas veces se pierde en la discusión pública. La enorme mayoría de las políticas y servicios sociales del Mides se implementan mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil. Según información obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública realizado en 2025, existen alrededor de 110 OSC vinculadas al Mides a través de numerosos convenios.
No estamos hablando, entonces, de un actor marginal.
Estamos hablando de organizaciones que desde hace décadas participan en la implementación, construcción y desarrollo de políticas sociales en Uruguay. El modelo no comenzó con este gobierno ni con el Mides.
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay fue pionero en la década de 1990 en la construcción de una relación sostenida con organizaciones de la sociedad civil. Buena parte de las políticas de infancia y adolescencia se desarrollan históricamente mediante esta modalidad. La Plataforma Infancia y Adolescencia, integrada por organizaciones con décadas de trabajo en el área, es también un ejemplo de cómo la sociedad civil organizada no solamente ejecuta políticas públicas, sino que puede aportar conocimiento, innovación, capacidad territorial e incidencia.
Hay experiencias que difícilmente podrían haberse desarrollado con la misma rapidez desde las estructuras burocráticas tradicionales del Estado. Por eso, reducir a las OSC a la condición de simples “proveedoras” de servicios es una mirada pobre sobre lo que realmente ocurre.
Hay, además, una discusión política de fondo que la izquierda uruguaya tiene pendiente.
¿Qué lugar queremos que ocupen las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas? Las OSC no son el Estado, pero tampoco son un actor externo al proceso de construcción de las políticas sociales.
Durante décadas han acumulado experiencia territorial, conocimiento especializado, capacidad de innovación y vínculos directos con las poblaciones con las que trabajan. En muchos casos, han sostenido políticas públicas en momentos en que el propio Estado no tenía capacidad suficiente para hacerlo directamente.
Por eso resulta contradictorio que se las considere imprescindibles para ejecutar políticas sociales y, al mismo tiempo, se las coloque bajo sospecha cada vez que aparecen dificultades administrativas o financieras en la relación contractual. Una relación madura entre Estado y sociedad civil debería combinar control, transparencia, exigencia y confianza institucional. No se trata de eliminar los controles. Se trata de hacer que funcionen.
La pregunta que debería ocuparnos en el debate público debería dejar de concentrarse exclusivamente en si las OSC están rindiendo bien o mal. La pregunta más importante es si el sistema estatal que debe controlar, aprobar y liberar los recursos necesarios para que las políticas sociales se ejecuten está funcionando adecuadamente. Si existen organizaciones que no cumplen, el Estado debe actuar.
Pero si existen atrasos generalizados en la liberación de fondos, si los procedimientos son “tortuosos”, si las organizaciones deben financiar temporalmente los servicios, si los equipos viven en permanente incertidumbre y si la estructura del ministerio se encuentra tensionada por la expansión de sus responsabilidades, entonces, estamos frente a un problema de gestión pública que merece una discusión política de fondo. Porque detrás de cada partida que se demora hay trabajadores que esperan cobrar. Hay organizaciones que se endeudan.
Hay equipos que trabajan bajo incertidumbre y hay personas en situación de vulnerabilidad que necesitan que la política pública funcione.
No alcanza con aumentar el presupuesto si el Estado no tiene capacidad para convertirlo en respuestas concretas. El problema no es solamente cuánto dinero se destina a las políticas sociales. El problema es qué capacidad tiene el Estado para transformar ese presupuesto en política pública ejecutada en tiempo y forma.
Ese debería ser hoy uno de los debates centrales del gobierno, del Parlamento y de toda la sociedad. Y particularmente de quienes creemos que fortalecer al Estado no significa debilitar a la sociedad civil organizada, sino construir una relación más democrática, transparente y eficaz entre ambos.
Las organizaciones sociales no están para resolver los problemas de gestión del Estado. Están para contribuir, desde su experiencia y compromiso, a construir junto con el Estado mejores políticas públicas.
Y cuando el Estado demora, no solamente se atrasa un pago: se detiene, aunque sea parcialmente, la política social que el propio Estado decidió implementar.
Natalia Cámara es psicóloga social.
