Como sociedad, para dar un primer paso tenemos que saber adónde vamos y cuál es el punto de partida. Antes de endeudar al Estado se deben evaluar los riesgos y los costos que asumimos como país. La escala metropolitana, que involucra los tres departamentos del sur y que concentra más de la mitad de la población uruguaya, no es ni nacional ni departamental. Es un sistema diferente.
Se ha acumulado una enorme cantidad de conocimiento referido al fenómeno de metropolización. En este proceso de transformación del territorio donde se superponen los tres niveles de gobierno, las políticas públicas juegan un rol clave, por acción o por omisión.
La Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, establece el derecho de las personas a participar en los procesos de transformación territorial. La Ley 17.283 establece la política nacional ambiental y de desarrollo sostenible, y la protección del ambiente está definida por la Constitución como un bien jurídico. La información sobre un proyecto de gran impacto como el que se propone sobre el transporte pertenece a la ciudadanía, y la solicitud de acceso es una herramienta consagrada por nuestra legislación.
El Foro Ciudadano sobre Movilidad Metropolitana solicitó información sobre algunos aspectos básicos del proyecto a distintos organismos.
Los conceptos
El concepto de ambiente involucra cuestiones que van más allá de las aves migratorias o el monte nativo. La extensión de la zona urbanizada, el área rural que se podría transformar en zona urbana, el paisaje y la segregación social son parte de los componentes que pueden ser afectados por el proyecto. Los tres clásicos pilares –economía, sociedad y ambiente– y sus vinculaciones son elementos fundamentales para la articulación de la política ambiental y de las políticas de desarrollo productivo y social, es decir para el desarrollo sostenible.
¿Por qué no se hace una evaluación de impacto ambiental?
Los argumentos principales que sustentan la no realización de un estudio de impacto ambiental son que el proyecto está en la faja pública y que afecta menos de diez hectáreas. (Ley 16.466 y Decreto 349/005)
Sin embargo, la información que se solicita a los organismos públicos tiene un alcance bastante mayor que el que reglamenta la Evaluación de Impacto Ambiental, y es el impacto territorial en el área metropolitana, incluyendo las proyecciones de población y los posibles escenarios futuros de evolución.
El Foro Ciudadano sobre Movilidad Metropolitana ingresó 61 solicitudes de acceso a la información pública sobre el Proyecto de Transformación de la Movilidad Metropolitana referidas a seis ejes o grupos de consultas.
Argumentar que “las cosas pasan igual” implica ignorar los estudios académicos acumulados hace varias décadas. En esta línea de razonamiento, ¿se sugiere dejar que las fuerzas del mercado hagan lo suyo sin intervenir? El Estado uruguayo no está orientado en ese sentido. Por el contrario, hay una larga tradición de planificación, al menos desde la década de 1960 con la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, y una historia de grandes proyectos urbanos que se remonta más de un siglo atrás, desde el primer plan regulador para Montevideo, de 1912.
Para planificar en clave sostenible y a largo plazo en la escala metropolitana, el primer paso es tener la información a esa escala y promover una participación real en el proyecto. En este entendido, el Foro Ciudadano realizó 61 Solicitudes de Acceso a la Información Pública con el fin de transparentar los argumentos y facilitar la comprensión de la ciudadanía respecto a las transformaciones que producirá el proyecto.
La información solicitada
Los datos que se solicitan se agrupan en seis ejes o grupos de temas a partir del análisis de los documentos publicados sobre el Proyecto de Transformación de la Movilidad Metropolitana.
El primero es sobre los costos, el endeudamiento y su forma de pago. “Ninguna cena es gratis”, dijo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y de algún lado se pagará este monto de –al menos– 800 millones de dólares en inversión inicial, y además el costo operativo del sistema.
Preguntas que surgen: ¿se compensa todo con un esperado aumento de venta de boletos? Las autoridades aseguran que no se incrementará el precio del boleto. Entonces, ¿quién paga la cena? ¿Habrá un aumento de los subsidios y, por tanto, un aumento de impuestos? Este aspecto no está claro, como tampoco está definido el monto de las futuras etapas para completar el transporte del área metropolitana. La información financiera es clave y por eso se insiste en este aspecto.
El segundo grupo de temas refiere a la demanda, red y alternativas analizadas. Solicitamos la nueva encuesta origen-destino, ya que se utilizaron datos de la de 2016 con los viajes efectivamente realizados en el Sistema de Transporte Metropolitano a la fecha. Se solicita un análisis sobre el funcionamiento de la red y la posible adecuación de líneas y frecuencias actuales.
El tercer eje de solicitudes de acceso a la información refiere a la población y el territorio, los posibles impactos del proyecto de troncales (Avenida Italia y 8 de Octubre) en los precios de la vivienda, y los posibles desplazamientos de población residente. El proyecto no resuelve la vinculación transversal entre centralidades barriales, clave para el acceso de las personas a las oportunidades –trabajo, educación, salud y entretenimiento– en todo el territorio metropolitano. Se hace especial énfasis en asegurar la accesibilidad universal y los traslados relativos al cuidado de las personas.
El cuarto grupo de información solicitado tiene que ver con el ambiente y el uso del espacio público, el balance de emisiones (considerando los buses eléctricos y sus estaciones de carga), datos sobre el uso futuro de la flota sustituida (especialmente la de motor a combustión). Asimismo, se solicitan los impactos económicos, sociales y ambientales durante la obra. Como un punto clave se requiere información sobre las políticas o instrumentos de desestímulo al uso de automóviles individuales y el incentivo al uso del transporte colectivo y la movilidad activa, para evitar la congestión y la superficie ocupada por los vehículos en las áreas centrales.
Un quinto eje de información requerida es la relativa a la gobernanza del sistema de transporte público y su operación. Ha sido creada la Agencia de Transporte Metropolitano, aunque no está claro cómo funcionará la delegación de competencias departamentales, ni cómo se trasladan los fideicomisos de subsidios –nacional y departamental– ni los contratos de operación de las líneas nuevas y las existentes. En este eje resulta especialmente relevante el análisis de alternativas de pago y control electrónicas, dado el gran impacto visual y espacial de las paradas de los BRT (bus rapid transit) propuestas.
El sexto y último grupo de temas es relativo a la ejecución de las obras y su ajuste al cronograma a finalizar en 2029. La evaluación de riesgos es indispensable para comenzar las obras: períodos de lluvias, restricciones en el suministro de materiales o de los propios buses nuevos, la eventual falta de coordinación institucional durante las distintas fases de la obra, las interferencias de los trabajos con el tránsito urbano y otros modos de transporte. Y la lista podría seguir.
Finalmente, cabe reiterar algunos cuestionamientos del Foro Ciudadano referidos a la falta de participación ciudadana y a la ausencia de un plan de largo plazo que complemente la movilidad multimodal en un diseño de redes (transporte colectivo, ciclovías y bicisendas, circulación peatonal y de automóviles y estacionamientos) integrado en el espacio público.
Queremos mirar bien antes de dar este enorme paso que nos endeuda como país.
Información y después
Una vez que se obtenga la información solicitada a los distintos organismos, estaremos en condiciones de promover un debate ciudadano y construir un plan integral de largo plazo.
Sin conocer cuáles serán las consecuencias de este proyecto para el área metropolitana –cuya población no crece–, sin tener un proyecto integral, sin saber cómo pagaremos el préstamo, sin evaluar los riesgos que estamos asumiendo, parece un paso demasiado grande para darlo sin mirar. No sea cosa que, por el apuro, nos pise un BRT.
Alicia Artigas es integrante de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.
