El planteo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, de que los “robots autónomos” deberían aportar al Banco de Previsión Social abre una discusión necesaria. Sin embargo, pensar la automatización como si una máquina fuera a ocupar directamente el lugar de una persona simplifica demasiado lo que está ocurriendo. Hoy muchas tareas no son reemplazadas por robots androides, sino por programas informáticos y algoritmos de inteligencia artificial. Una empresa puede necesitar menos horas de trabajo para producir lo mismo sin que aparezca ningún robot visible en su entorno laboral.
Por eso, decir que no es momento de discutir la reducción de la jornada laboral o pensar que el problema se resuelve cobrando un impuesto a una máquina concreta puede alejarnos de la cuestión principal. Lo importante es preguntarnos qué pasa cuando la tecnología permite producir más con menos trabajo humano, quién se apropia de ese beneficio y cómo se financia la protección social en ese nuevo escenario.
La idea de hacer tributar a los robots puede parecer extraña, pero forma parte de una discusión económica seria. Anton Korinek y Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, analizaron este problema en “Steering Technological Progress” (2025). Su planteo no consiste simplemente en ponerle un impuesto a una máquina; señalan que los sistemas tributarios pueden favorecer la sustitución de trabajadores por capital, incluso cuando ese cambio genera problemas sociales, como pérdida de ingresos, más desigualdad o dificultades para financiar la seguridad social.
Esto obliga a ser cuidadosos con la expresión “impuesto al robot”. ¿Qué sería exactamente un robot a efectos tributarios? ¿Una máquina industrial, un programa informático o un agente de inteligencia artificial? Además, cobrar un impuesto cada vez que una empresa incorpora tecnología podría terminar desalentando inversiones que Uruguay necesita. La discusión de fondo es otra: cómo evitar que los beneficios de la automatización queden concentrados mientras los costos del cambio recaen sobre los trabajadores y sobre el conjunto de la sociedad.
Hay un punto que resulta central. El problema no es solamente cuántos empleos pueden sustituir las herramientas de automatización o la inteligencia artificial. También importa cómo se distribuyen las ganancias de productividad que generan. Una empresa puede producir más con la misma cantidad de trabajadores, producir lo mismo utilizando menos horas o reducir su plantilla. Esa mayor productividad también puede traducirse en mejores salarios, en una jornada laboral más corta o en mayores ganancias empresariales. La tecnología permite distintas posibilidades, pero no decide cuál de ellas se elige. Eso sigue siendo una decisión económica y política.
Por esa razón, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral no debería descartarse. A lo largo de la historia, una parte de los aumentos de productividad permitió reducir la jornada sin resentir el volumen de producción. La jornada de ocho horas, el descanso semanal y las vacaciones forman parte de ese recorrido histórico. Si hoy la automatización de procesos permite realizar determinadas tareas en menos tiempo, es razonable preguntarse cuánto de ese beneficio se destina a aumentar las ganancias y cuánto puede transformarse en mejores salarios o en más tiempo disponible para el desarrollo personal de los trabajadores.
Esto no significa que todos los sectores puedan reducir la jornada de la misma manera o al mismo ritmo. Las situaciones son distintas. Pero el tiempo de trabajo debe formar parte de la discusión sobre cómo se reparten los beneficios de la tecnología. Si podemos producir más utilizando menos tiempo humano, no necesariamente debemos aceptar que la única consecuencia posible sea reducir puestos de trabajo o aumentar las ganancias.
También hay que mirar lo que ocurre con la seguridad social. Nuestro sistema se financia en buena medida a través de aportes relacionados con los salarios. Si una parte importante de los ingresos de la economía pasa de los trabajadores hacia las ganancias empresariales, aparecen problemas de financiamiento incluso si la economía continúa creciendo.
Podría ocurrir, por ejemplo, que una empresa aumente significativamente su producción gracias a la tecnología y que requiera menos trabajadores. La empresa genera más riqueza, pero paga menos salarios y, por lo tanto, también puede aportar menos por esa vía al sistema de seguridad social. El problema no sería entonces que la sociedad produzca menos; por el contrario, generaría más, pero una parte menor de esa riqueza pasaría por los salarios.
En ese caso, la pregunta es si tiene sentido que una parte tan importante del financiamiento de la seguridad social siga dependiendo del trabajo. Tal vez sea necesario ampliar las fuentes y considerar con mayor peso las ganancias empresariales y otras formas de ingreso. Esto no significa castigar a las empresas que innovan, sino adaptar el sistema a una economía donde la riqueza puede generarse de formas distintas a las que existían cuando se diseñaron muchos de nuestros mecanismos de protección social.
La pregunta es si tiene sentido que una parte tan importante del financiamiento de la seguridad social siga dependiendo del trabajo. Tal vez sea necesario ampliar las fuentes y considerar con mayor peso las ganancias empresariales.
Uruguay necesita incorporar tecnología, aumentar su productividad y desarrollar nuevas capacidades. No tendría sentido crear un sistema que castigue a una empresa simplemente por innovar. Tampoco tendría sentido que una economía sea cada vez más productiva y, al mismo tiempo, tenga cada vez más dificultades para financiar la seguridad social.
El desafío consiste en encontrar mecanismos para que una parte de la riqueza adicional generada por la tecnología contribuya al bienestar general. Si la inteligencia artificial permite aumentar los excedentes de una empresa, es razonable discutir de qué manera una parte de esos recursos puede ayudar a financiar la protección social y otros bienes públicos.
También debemos tener cuidado con una idea que aparece con frecuencia: que todo se resolverá capacitando a los trabajadores. La formación es necesaria y será cada vez más importante; pero no todos pueden reconvertirse de un día para otro. Una persona que pierde determinadas tareas o ve desaparecer su ocupación necesita tiempo para aprender otras, pero durante ese tiempo sigue teniendo que pagar sus cuentas y sostener a su familia.
Los tiempos de la economía no son los mismos que los de las personas. Incluso si la inteligencia artificial genera nuevos empleos en el futuro, no significa que quienes pierdan hoy una determinada ocupación puedan acceder de inmediato a esos nuevos puestos. Por eso no es suficiente con políticas de formación, sino que es necesario tomar acciones para la protección de los ingresos y de acompañamiento durante la transición.
El objetivo no debería ser conservar para siempre cada puesto de trabajo tal como existe hoy. Las ocupaciones cambian y siempre lo han hecho. Lo que debemos proteger es a las personas. Nadie debería quedar librado a su suerte porque una tecnología transforme la tarea que realizaba.
Esta transformación tampoco puede quedar únicamente en manos de las empresas o de decisiones individuales. Si una tecnología cambia las tareas, los ritmos de trabajo, la cantidad de personal o las necesidades de formación, quienes trabajan deben participar de esa discusión. La negociación colectiva puede cumplir un papel importante para acordar cómo se incorporan la automatización y la inteligencia artificial, y cómo se distribuyen sus beneficios.
La discusión relevante pasa por cómo se produce el cambio tecnológico y quién asume sus costos. Si una empresa mejora su productividad gracias a estas nuevas tecnologías, no debería darse por sentado que el único camino posible es reducir personal. También pueden discutirse nuevas tareas, capacitación, mejoras salariales o reducción del tiempo de trabajo.
Hay además otra pregunta que debemos hacernos: qué entendemos por productividad. Normalmente la medimos por cuánto podemos producir con una determinada cantidad de trabajo; pero si producir más significa trabajar bajo mayor presión, aumentar la vigilancia sobre los trabajadores o concentrar cada vez más los ingresos, es difícil considerar que eso sea una visión completa del progreso.
Una mejora de la productividad debería ayudar a producir mejor, pero también a que las personas vivan mejor. Debería permitir mejores ingresos, buenas condiciones de trabajo, más seguridad y, cuando sea posible, más tiempo fuera del trabajo. Si la tecnología aumenta nuestra capacidad de producir riqueza, la pregunta central es para qué queremos utilizar esa capacidad.
Por eso, el debate sobre los robots y su tributación es apenas una puerta de entrada a una discusión mucho más amplia. Más allá de decidir si una máquina debe aportar al BPS, el debate de fondo es cómo financiar la seguridad social, proteger a las personas en la transición e integrar los beneficios tecnológicos en la distribución del ingreso.
La inteligencia artificial no va a decidir por nosotros si sus beneficios se traducen en más ganancias, mejores salarios, menos horas de trabajo o mayor protección social. Esa decisión seguirá siendo humana. El verdadero desafío no es solamente producir más con nuevas tecnologías y automatización, es decidir para qué y para quién queremos que sirva esa mayor productividad.
Para Uruguay, este debate puede convertirse también en una oportunidad de desarrollo. Por su escala, su tradición institucional y su capacidad para articular políticas públicas, el país tiene condiciones para funcionar como un verdadero laboratorio de nuevas respuestas frente a la inteligencia artificial y la automatización.
El camino pasa por ensayar soluciones propias que articulen innovación, productividad, negociación colectiva y protección social, garantizando un reparto equitativo del progreso tecnológico. Una estrategia nacional de desarrollo para esta nueva etapa debería justamente unir esas dimensiones: promover la adopción de tecnología, pero orientar sus resultados hacia más bienestar, mejores empleos y mayor cohesión social.
Uruguay es pequeño en tamaño, pero precisamente por eso tiene la capacidad de moverse con mayor coordinación y convertir esa escala en una ventaja para ensayar políticas públicas que sirvan de referencia para otros países.
Gabriel Budiño es contador público. Pablo Da Rocha es economista.