Mientras concentramos buena parte de nuestros esfuerzos en atender las consecuencias de la violencia basada en género, me pregunto qué estamos haciendo para prevenirla.
Quienes trabajamos en la temática tenemos, en distintos momentos, la sensación de que llegamos tarde. Llegamos cuando la situación de violencia está sucediendo, cuando aparece una denuncia, cuando la violencia ha escalado, cuando se dispone una medida de protección o cuando ocurre un femicidio.
Pero llegar tarde no siempre significa que quienes trabajan en los servicios especializados o en las instituciones de los sistemas de justicia (juzgados y fiscalías) sean siempre responsables de ello. Sin dudas, con servicios colapsados, equipos sin suficiente especialización o falta de presupuesto, las respuestas se vuelven más difíciles.
Es importante subrayar que los servicios, los juzgados y fiscalías intervienen sobre situaciones que, muchas veces, llevan años gestándose. Reciben las consecuencias de procesos de violencia que comenzaron mucho antes de que una institución pudiera intervenir. Su tarea es necesaria y urgente. La protección, la atención y la reparación son responsabilidades ineludibles del Estado. El problema, aparentemente, aparece cuando esa respuesta se convierte en el principal modo en que pensamos la violencia basada en género.
Las políticas y los dispositivos existentes están necesariamente orientados a atender situaciones ya “constituidas” y eso está bien, debido a que se necesitan respuestas, protección y justicia. Los colectivos que reclaman justicia penal lo hacen frente a daños concretos, muchas veces irreparables, y sus demandas son legítimas, pero la sanción ocurre después.
Como sociedad debemos entender que la violencia basada en género no aparece de manera espontánea. Se inscribe en relaciones sociales, mandatos culturales y desigualdades de poder que se aprenden, se naturalizan y se reproducen. Por eso, pensarla como un problema estructural exige preguntarnos por las condiciones que la hacen posible, y no únicamente por las respuestas que damos cuando ya se ha producido. Entendiendo que los varones ocupan el lugar central en su reproducción, por qué no intervenir también sobre los procesos mediante los cuales aprenden a ejercerla y legitimarla.
Con los años, fui conociendo distintas propuestas de intervención con varones agresores, tanto a nivel nacional como internacional, y también una bibliografía que aborda las dificultades que presentan algunos de estos programas para promover cambios sostenidos en las conductas. Esto no significa, de ninguna manera, que estos programas no sean necesarios, significa que debemos preguntarnos si estamos interviniendo a tiempo. Entonces, ¿por qué no intervenir desde la infancia?, ¿por qué no trabajar desde la adolescencia?
Sin dudas necesitamos preguntarnos qué estamos enseñando a los varones sobre ser varones. Con estos cuestionamientos no se trata de desestimar las políticas dirigidas a mujeres, niñas y niños y disidencias, ya instituidas. Se trata de comprender que no podemos prevenir la violencia trabajando solamente con quienes la sufren.
Como sociedad debemos entender que la violencia basada en género no aparece de manera espontánea. Se inscribe en relaciones sociales, mandatos culturales y desigualdades de poder que se aprenden, se naturalizan y se reproducen.
Jóvenes, redes sociales y nuevas formas de antifeminismo
En los últimos tiempos, algunos de los hechos de violencia de género que han tomado estado público en nuestro país han sido protagonizados por varones jóvenes.
Diversos estudios vienen analizando la circulación de discursos discriminatorios –xenófobos, racistas y, particularmente, antifeministas– en entornos digitales, así como su recepción entre adolescentes y jóvenes. Las redes sociales no producen, por sí mismas, jóvenes violentos ni tampoco todos los jóvenes son permeables a estos discursos. Pero sí es importante reflexionar por qué estos discursos encuentran eco en esta población y qué modelos de masculinidad ponen a disposición. Es en este sector poblacional donde tenemos que intervenir de forma urgente.
La educación como espacio de prevención
Desde 2017 contamos con la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que establece, entre otras disposiciones, la necesidad de trabajar sobre los estereotipos de género para asegurar la igualdad de trato y no discriminación en todos los niveles del ámbito educativo, puntualizando específicamente en las políticas de infancia y adolescencia (véase artículos 21 y 28).
Esto implica comenzar desde los primeros años a cuestionar aquellos mandatos que sostienen una masculinidad asociada al ejercicio de la violencia.
La educación es uno de los espacios de acceso universal en nuestro país, allí se construyen vínculos, se transmiten valores y se reproducen, pero también pueden cuestionarse las problemáticas que nos atraviesan.
No deja de interpelarme, como mujer y como profesional del ámbito social, que hayan pasado administraciones de distintos signos políticos y que, a lo largo de estos años, hayan persistido dificultades para sostener políticas educativas de prevención y propuestas destinadas a abordar lo que la ley suscribe explícitamente. La controversia pública en torno a la Guía de Educación y Diversidad Sexual en 2015 constituye el ejemplo más conocido. Resulta difícil comprender que después de distintas administraciones y de años de discusión todavía existan dificultades para sostener decisiones firmes con respecto a las políticas de género y hacerles frente a las presiones de diversas organizaciones que van en detrimento de los derechos fundamentales de las minorías.
Avanzar en esta dirección implicaría también revisar como sociedad desde dónde comenzamos a hablar de violencia, qué enseñamos y, fundamentalmente, qué verdadera disposición a la transformación tenemos.
Eugenia Fontes es licenciada en Trabajo Social.
