El próximo 3 de octubre los docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) volveremos a las urnas para elegir a dos integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen), de los cinco que tiene el órgano.
El dato parece sencillo, pero dice bastante. No elegimos delegados para una comisión consultiva ni portavoces encargados de transmitir las preocupaciones del colectivo docente. Elegimos a dos integrantes del máximo órgano de conducción de la educación pública, personas que durante cinco años participarán en decisiones sobre presupuesto, estatutos, planes, reglamentos, autoridades, recursos administrativos y situaciones funcionales que pueden afectar directamente la vida laboral de miles de trabajadores.
Dos votos no permiten gobernar solos. Pero tampoco son dos votos decorativos. Pueden obligar a discutir algo que de otro modo no se discutiría, reclamar información, cuestionar fundamentos, negociar, construir acuerdos, disentir y dejar constancia. También pueden acompañar decisiones impulsadas desde otros lugares y contribuir a hacerlas posibles.
Por eso quizás estamos haciendo demasiado pequeña la discusión electoral cuando la reducimos a qué lista nos representa mejor. La pregunta anterior debería ser otra: ¿qué significa representar a los docentes cuando, una vez electo, se pasa a gobernar?
Tres listas, tres varones al frente
Las tres listas impulsadas desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza están encabezadas por hombres. Pablo Macedo encabeza la lista 11 y Adriana Espinosa ocupa el segundo lugar; Límber Santos encabeza la lista 22, acompañado por Virginia Barreto; y Marcos Correa encabeza la lista 30, con Andrea Touzet en segundo lugar.
Tres listas. Tres varones encabezándolas. Tres mujeres ocupando el segundo lugar.
No se trata de afirmar que las mujeres estén ausentes: están y son candidatas. Se trata de observar qué lugar ocupan.
Es difícil considerar el dato como irrelevante en una profesión fuertemente feminizada.
La pregunta resulta todavía más pertinente, porque estas candidaturas surgen de organizaciones que reivindican la democratización, la participación y la representación de trabajadores y trabajadoras en el gobierno de la educación. Entonces, vale formular algo bastante elemental: ¿cómo puede ser que un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres llegue a una elección con tres alternativas sindicales y en las tres el primer nombre sea el de un varón?
Puede haber razones individuales para cada candidatura. No está en discusión la capacidad de esos candidatos. Precisamente, por eso el problema no es personal. Es político.
Las organizaciones también producen imágenes acerca de quién está llamado a representar, quién encabeza, quién ocupa el lugar visible y quién aparece después. Cuando el mismo patrón se repite en las tres listas, resulta difícil atribuirlo simplemente a tres decisiones independientes.
En educación hablamos mucho de igualdad, participación y transformación cultural. Está bien que también miremos cómo distribuimos el poder cuando nos toca hacerlo a nosotros.
Ser elegido no significa estar preparado para todo
Hay una segunda cuestión que casi no aparece en las campañas: qué preparación necesita alguien para sentarse en el Codicen.
La experiencia educativa importa. El conocimiento del sistema que proporciona una vida en la docencia es una de las razones para que existan representantes elegidos por sus pares. Pero conocer profundamente el aula no convierte automáticamente a alguien en conocedor de todas las dimensiones del gobierno de una organización pública.
En el Codicen aparecen expedientes administrativos, recursos, presupuestos, procedimientos disciplinarios, contrataciones, estatutos, informes jurídicos y decisiones cuyas consecuencias pueden extenderse mucho más allá de aquello que un docente conoce por su experiencia profesional.
No significa que un consejero deba transformarse en abogado, contador o especialista en administración pública. Significa algo bastante más elemental: quien decide tiene que estar en condiciones de comprender sobre qué está decidiendo.
Hay una diferencia importante entre recibir asesoramiento, porque nadie puede dominar todas las áreas de una organización compleja, y depender del asesoramiento para saber qué es aquello que se está votando. En el primer caso, los técnicos ayudan a gobernar. En el segundo, cabe preguntarse quién gobierna realmente.
Del otro lado del expediente
Esto se vuelve especialmente evidente cuando una decisión afecta directamente a una persona. Un expediente disciplinario puede contener cientos de páginas: actuaciones, testimonios, descargos, informes jurídicos, antecedentes y normas. Finalmente llega al Codicen y cinco personas deben pronunciarse.
No alcanza, entonces, con compartir una orientación política, confiar en un asesor o tener una impresión general sobre lo ocurrido. Hay que entender qué procedimiento se siguió, qué garantías existieron, qué pruebas hay, qué norma resulta aplicable y cuáles son las consecuencias de la resolución. Detrás del número de expediente puede haber un trabajador cuya carrera dependa de ese voto.
La legitimidad electoral explica por qué alguien ocupa la silla. No resuelve cómo debe utilizar el poder que esa silla le otorga.
Representar no es obedecer, pero tampoco es recibir un cheque en blanco
Hay un ejemplo reciente que muestra con bastante claridad la dificultad de ese lugar. En octubre de 2025, el Codicen aprobó por unanimidad el denominado “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”. La unanimidad significa exactamente eso: la propuesta fue acompañada también por los dos integrantes elegidos por el orden docente.
El plan intenta abordar un problema real: existen docentes que llevan años ejerciendo sin haber culminado una carrera de formación docente y para quienes la titulación adquiere una relevancia creciente dentro del sistema.
La solución adoptada, sin embargo, generó una controversia importante. El mecanismo reconoce formación previa y experiencia profesional y habilita, bajo determinadas condiciones, una vía de titulación diferente de la realización completa del trayecto ordinario de profesorado.
Numerosos docentes, colectivos profesionales y asociaciones vinculadas a distintas especialidades cuestionaron la propuesta. Entre las objeciones estuvieron la posible desvalorización de la formación sistemática en pedagogía y didáctica, las características del mecanismo de titulación y las consecuencias que podría tener para quienes sí recorrieron y aprobaron integralmente una carrera de profesorado. Los consejeros electos por el orden docente acompañaron igualmente la resolución.
No interesa aquí resolver la discusión sobre el plan de titulación. Interesa algo diferente. ¿Qué ocurre cuando quienes fueron elegidos para representar al orden docente toman una decisión relevante que encuentra una oposición importante dentro del propio colectivo docente?
La respuesta no puede ser que debían votar necesariamente como reclamaban quienes se oponían. Representar no significa obedecer. Un consejero no es un delegado sometido a mandato imperativo. Integra un órgano de gobierno, dispone de información que muchas veces no está al alcance del resto y tiene la responsabilidad de decidir según su criterio y asumir las consecuencias.
No es un detalle que en una profesión mayoritariamente femenina las tres listas de una coordinadora sindical lleguen encabezadas por hombres.
Pero precisamente por eso existe la otra cara de esa autonomía: representar tampoco significa recibir un cheque en blanco por cinco años.
Cuando un representante adopta una decisión que se aparta de posiciones extendidas dentro del colectivo que lo eligió, aumenta –no disminuye– su obligación de explicar públicamente qué evaluó, qué alternativas consideró y por qué votó de esa manera. En este caso, la decisión contó con una defensa pública parcial, mientras una parte de la representación docente mantuvo silencio frente a una discusión de especial trascendencia para el colectivo que representa. No alcanza con conocer el resultado de una votación, hace falta poder conocer el razonamiento.
¿Representantes de quién?
Los candidatos son promovidos fundamentalmente desde estructuras sindicales. Eso es perfectamente legítimo. Los sindicatos tienen organización, capacidad territorial, tradición electoral y posiciones programáticas. Pero vota el orden docente, no solamente los afiliados.
Una vez electo, el consejero ocupa un cargo institucional por el voto de docentes sindicalizados y no sindicalizados, de maestros, profesores, docentes técnicos, formadores y personas con posiciones políticas y pedagógicas muy diferentes. No debería convertirse en un “consejero del sindicato”. Tampoco debería olvidar de dónde proviene su legitimidad.
Ese equilibrio es difícil y quizá sea precisamente el núcleo del cargo: conservar la representación sin quedar reducido a ella y ejercer gobierno sin independizarse de quienes otorgaron el mandato.
El episodio del plan de titulación muestra que esta no es una discusión teórica. Ya ocurrió, y volverá a ocurrir.
La confianza también ejerce poder
Ningún consejero puede hacer esta tarea solo. Necesita asesores, equipos técnicos, personas que estudien expedientes y especialistas jurídicos, administrativos o presupuestales. Una estructura del tamaño de la ANEP sería ingobernable de otro modo.
Tampoco hay nada extraño en que una autoridad quiera rodearse de personas de confianza.
El problema empieza cuando confianza e idoneidad se vuelven sinónimos. Cuanto menos domine un consejero los asuntos que debe resolver, mayor capacidad efectiva adquieren quienes seleccionan la información que recibe, sintetizan los expedientes, redactan antecedentes o recomiendan una posición.
Entonces aparece una pregunta democrática bastante incómoda: elegimos al consejero, pero ¿sabemos suficientemente quién y cómo construirá sus decisiones?
Quizás una campaña para el Codicen debería permitirnos conocer algo más que el currículum de los candidatos y sus plataformas generales: qué formación consideran necesaria para ejercer el cargo, cómo elegirán a quienes los asesoren, qué mecanismos utilizarán para consultar al colectivo, cómo explicarán sus votos y qué harán cuando su posición diverja de la de las organizaciones que promovieron su candidatura.
La elección no termina cuando contamos los votos
Tal vez hemos concebido demasiado tiempo estas elecciones como si el 3 de octubre fuera el final del proceso. Debería ser el comienzo.
Quienes resulten electos podrían atravesar una etapa sistemática de formación en derecho administrativo, presupuesto público, funcionamiento de la ANEP, procedimientos disciplinarios, estatutos y lectura de expedientes. No para revisar la legitimidad que ya les otorgaron las urnas, sino para tener mejores herramientas para ejercerla.
Y durante los cinco años siguientes deberíamos disponer de mecanismos de rendición de cuentas mucho más visibles. Saber qué votaron es importante. Pero también por qué lo hicieron, en qué asuntos discreparon, qué propuestas presentaron, a quiénes consultaron y cómo fundamentaron aquellas decisiones que se alejaron de posiciones relevantes del colectivo docente.
Antes incluso de llegar allí deberíamos preguntarnos quiénes acceden a ocupar esos lugares. No es un detalle que en una profesión mayoritariamente femenina las tres listas de una coordinadora sindical lleguen encabezadas por hombres. Del mismo modo que no es un detalle que quienes llegan por el voto docente puedan luego apoyar una resolución fuertemente cuestionada por parte de esos mismos docentes.
Ninguna de esas cosas invalida automáticamente una candidatura ni una decisión, pero ambas merecen explicación. Eso es, justamente, tomarse en serio la representación.
Dos de cinco
El 3 de octubre no vamos a elegir simplemente dos personas capaces de hablar en nombre de los docentes, vamos a entregarles una cuota concreta de poder.
Necesitamos que sepan representar, pero también que sepan gobernar; que puedan negociar sin desaparecer dentro de una mayoría ajena; que tengan autonomía sin confundirla con independencia de quienes los eligieron, y que comprendan que obtener legitimidad electoral no los libera de rendir cuentas, sino que precisamente los obliga a hacerlo.
También podemos pedir algo más a quienes construyen las candidaturas. Que si hablamos de democratizar la educación, nos preguntemos cómo democratizamos nuestras propias listas. Tres listas encabezadas por tres hombres en una profesión sostenida mayoritariamente por mujeres no deberían resultarnos un paisaje natural.
De la misma manera, dos representantes docentes que acompañan una decisión cuestionada por una parte importante del propio colectivo no deberían ser automáticamente acusados de traición, pero tampoco quedar exonerados de explicar su decisión.
Entre la obediencia y el cheque en blanco hay un espacio. Se llama representación democrática.
Quizás esa sea finalmente la pregunta relevante para el 3 de octubre: no solo quién nos representa mejor, sino quién está dispuesto a ejercer el poder que le damos y después volver a explicarnos qué hizo con él.
Estefanía Ganduglia es profesora de Inglés en Educación Secundaria y maestranda en Ciencias Humanas, opción Teorías y Prácticas en Educación por la Universidad de la República.
