Hay días en que una siente tristeza, impotencia y, sobre todo, una profunda sensación de injusticia. No solamente por los hechos de violencia que vuelven a ocupar las noticias, sino por la manera en que, como sociedad, reaccionamos frente a ellos.
En estos días coincidieron dos situaciones muy diferentes, pero que tienen algo en común: mujeres y adolescentes expuestas a distintas formas de violencia.
Por un lado, tres adolescentes vinculadas al sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) terminaron en un automóvil conducido por un adulto, en circunstancias desconocidas de no haber sido por un accidente automovilístico que dejó al descubierto situaciones de enorme vulnerabilidad, entre ellas indicadores de consumo y posible explotación sexual.
Por otro lado, una estudiante de 19 años fue atacada con un cuchillo por otro estudiante dentro de la Facultad de Medicina. El hecho provocó indignación, movilización y reclamos. También aparecieron posteriormente denuncias y testimonios sobre comportamientos anteriores del agresor en un centro educativo que, a las claras, tampoco asumió la tarea para la que existen más de un protocolo y posibilidades para quienes asuman la responsabilidad que sus roles les imponen.
Frente a hechos así, nuestra primera reacción suele ser buscar un responsable. Las instituciones tienen que responder, revisar sus protocolos, escuchar las señales de alerta y hacerse cargo cuando algo no funciona. Pero hay una diferencia entre exigir responsabilidades y encontrar rápidamente un culpable al que podamos atribuir todo lo ocurrido.
Porque entonces aparecen preguntas como: ¿por qué no había más seguridad?, ¿por qué no había más guardias?, ¿por qué las autoridades no lo impidieron? Como si pudiéramos construir una sociedad segura colocando suficientes ojos, controles y dispositivos para anticiparnos a cada acto de violencia. Y no estoy diciendo que las cámaras, los protocolos, los recursos o las medidas de seguridad no importen. Importan. Sería tranquilizador, quizás, pero profundamente equivocado, pensar que ahí está la solución.
En el caso de INAU hay además una discusión todavía más difícil. Durante años hemos cuestionado, con razón, las formas de institucionalización, el encierro y el control excesivo sobre niños, niñas y adolescentes. Era necesario transformar esas prácticas. Pero también tenemos que ser capaces de reconocer que algunas decisiones, aun nacidas de la voluntad de superar formas institucionales de violencia, tienen costos y pueden generar nuevos riesgos.
Asumir esos costos no significa volver atrás. Significa hacerse cargo. Significa preguntarnos qué ocurre cuando las formas de protección que construimos no están logrando proteger. ¿Qué decisiones se tomaron, qué señales se ignoraron, quién debía advertirlas y quién debe hoy responder por ellas? ¿Qué hacemos los adultos al respecto cuando se trata de niños y niñas por los que nadie va a salir a protestar o a reclamar?
Y también poder discutir, sin demonizar a quienes trabajan en esas instituciones —muchos y muchas en condiciones muy difíciles y con enorme compromiso, aunque haya también tristes excepciones—, cuánto pueden pesar determinadas culturas institucionales, resistencias o presiones internas cuando llega el momento de revisar prácticas que llevan años instaladas.
Defender una institución pública no puede significar blindarla frente a la crítica. Y reconocer el compromiso de sus trabajadores no puede convertirse en una excusa para no revisar aquello que, dentro de una institución, puede haber terminado naturalizando formas perversas de violencia.
Mientras discutimos quién falló, cuánto presupuesto faltó o cuántas cámaras debería haber, seguimos conviviendo con formas de violencia que se vuelven casi invisibles por su cotidianeidad.
Pero hay situaciones frente a las cuales no alcanza con hablar de errores, fallas de gestión o problemas de protocolos. Hay momentos en los que una sociedad tiene que ser capaz de mirar de frente lo ocurrido y decir: esto es inadmisible, esto no puede naturalizarse. El odio no aparece de la nada. Se alimenta de prejuicios, de indiferencia, de silencios, de la deshumanización del otro. Aparece cuando dejamos de ver personas y empezamos a ver problemas, amenazas, categorías o números. Y cuando ese odio alcanza a quienes más necesitan protección, algo profundamente humano está siendo puesto en cuestión.
Mientras discutimos quién falló, cuánto presupuesto faltó o cuántas cámaras debería haber, seguimos conviviendo con formas de violencia que se vuelven casi invisibles por su cotidianeidad: el acoso, el control, los celos presentados como amor, la insistencia frente a un “no”, las amenazas, la humillación, la idea de que una mujer debe aprender a cuidarse porque así es la vida.
Y ahí aparece una contradicción que no podemos seguir esquivando. A las mujeres nos enseñan a compartir nuestra ubicación, a mirar hacia atrás cuando caminamos, a avisar que llegamos, a no volver solas, a elegir cuidadosamente dónde estar y con quién. Aprendemos a administrar el miedo.
También me pregunto por qué algunas violencias nos conmueven y movilizan mucho más que otras. Una joven atacada dentro de una institución universitaria genera, con razón, una enorme reacción colectiva. Y también hay adolescentes y mujeres que viven violencias cotidianas en contextos mucho menos visibles, mucho más vulnerables, y cuya vida parece importar menos cuando no hay una institución reconocible, una cámara de un medio de comunicación o una multitud reclamando detrás.
Las marchas, los paros, los reclamos y la indignación son necesarios. Pero no pueden ser el punto final. Si después de cada hecho terrible solamente discutimos quién debió haberlo evitado, cuántos recursos faltaron o qué autoridad tiene que renunciar, estaremos aprendiendo a reaccionar, pero no necesariamente a prevenir.
La violencia contra las mujeres no es solamente un problema policial, judicial, educativo o institucional. Es también un problema cultural, de vínculos y de modelos de masculinidad que todavía toleramos demasiado. Y quizás lo más difícil sea aceptar que no existe una solución simple.
Necesitamos instituciones responsables y capaces de revisarse. Necesitamos recursos y políticas públicas. Necesitamos protocolos y protección. Necesitamos educación, escucha, vínculos diferentes, autoridades que asuman sus responsabilidades en los centros educativos y no dejen solos a los docentes en cada aula. Y necesitamos una transformación cultural que no se construye de un día para otro. Necesitamos también algo más difícil: dejar de naturalizar aquello que no deberíamos aceptar nunca.
Naturalizar el miedo como precio de vivir en sociedad también es una forma de violencia. Y naturalizar la violencia contra nosotras, las mujeres, es una infamia de una sociedad que nadie debería permitirse y de la que, de una u otra manera, todos y todas somos responsables.
Quizás este sea uno de esos momentos en los que, además de reclamar respuestas, tengamos que detenernos y preguntarnos algo mucho más incómodo: ¿Qué estamos haciendo con nuestra capacidad de indignarnos? ¿Qué estamos haciendo con la vida del otro? ¿Y qué estamos haciendo con nosotros mismos cuando somos capaces de acostumbrarnos al horror?
Fernanda Blanco es diplomada en Educación y en Educación en Derechos Humanos.
