El pasado 1° de setiembre, Estados Unidos bombardeó nuevamente varias localidades ubicadas al sur de Irán. Los blancos fueron variados y según las fuentes militares se apuntaba a la infraestructura logística persa. Sin embargo, las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos de un crimen de guerra después de comprobar que uno de los objetivos fue una vivienda donde se celebraba una boda a 50 kilómetros de la ciudad de Minab. Según la Media Luna Roja iraní el misil atravesó el techo de la vivienda, documentado con imágenes, y mató a cinco personas, entre ellas dos niños, e hirió a 67 más.
El Comando Central de Estados Unidos justificó los bombardeos por los “recientes intentos de ataque” de la Guardia Revolucionaria Islámica al transporte comercial en el estrecho de Ormuz. Las fuerzas armadas de Estados Unidos “nunca atacan a civiles”, agregaron. El incidente es oportuno para analizar retrospectivamente hechos similares ocurridos en el pasado y verificar esa aseveración.
Un prontuario cargado
El 1° de julio de 2002 aviones de Estados Unidos atacaron una celebración de boda en el poblado de Kakarak, Afganistán, provocando la muerte a 40 civiles e hiriendo a un centenar. Seis años después, el 6 de julio de 2008, la escena se repitió. Otra boda, en una aldea afgana en Haska Meyna, fue bombardeada. De acuerdo con los informes de Naciones Unidas, murieron 47 civiles, la mayoría niños, y 11 resultaron heridos. Pasaron solo cuatro meses para agregar a la lista una nueva boda sangrienta. Fue el 3 de noviembre en Wech Baghtu y la investigación posterior estableció que murieron 37 civiles, 23 de ellos niños, y hubo 35 heridos. Tres ataques a bodas en territorio afgano en 6 años provocaron más de 120 muertos.
Los antecedentes documentados de ataques a bodas por parte de Estados Unidos no ocurrieron solo durante su ocupación de Afganistán. Hay también ejemplos en otros países. En Mukaradeeb, al oeste de Irak, un ataque similar ocurrió en mayo de 2004. Si bien Estados Unidos negó inicialmente que hubiera tenido lugar una boda, la actividad familiar se comprobó luego a través de un video. Los muertos fueron 42, incluyendo mujeres, 14 niños, músicos y el novio, y hubo numerosos heridos. Las imágenes, obtenidas por Associated Press, mostraban hombres y mujeres llegando en camionetas a la aldea del desierto, donde bailaban y cantaban dentro de tiendas de campaña alfombradas. Varios hombres aparecían sentados escuchando música, mientras los niños bailaban frente a ellos. Dos hombres de pie cantaban con micrófono y la novia, vestida de blanco y con velo, bajaba de un coche decorado con cintas. Un músico, tocando un órgano electrónico, fue identificado como Mohamed al-Ali, hermano de Hussein al-Ali, un popular cantante iraquí que actuó en la fiesta. Ambos murieron.
Por su parte, en Radda, Yemen, el 12 de diciembre de 2013, desde un dron estadounidense se dispararon cuatro misiles Hellfire contra la procesión de boda de una decena de vehículos que transportaban a la novia y familiares. 12 personas murieron y 15 resultaron heridas. Human Rights Watch (HRW) informó que “una boda se convirtió en un funeral” mientras que Estados Unidos justificó la acción por la presencia, no comprobada, de un miembro de Al Qaeda. De acuerdo con el informe de HRW, “desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha llevado a cabo asesinatos selectivos en Yemen, Pakistán, Somalia y posiblemente otras zonas fuera de los campos de batalla convencionales, con mayor frecuencia mediante vehículos aéreos no tripulados (drones)”. A esa fecha, “Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 86 operaciones de asesinatos selectivos en Yemen desde 2009, causando la muerte de unas 500 personas. Estos ataques han sido realizados por la Agencia Central de Inteligencia o el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, una rama de élite, casi secreta, de las fuerzas armadas estadounidenses”.
Inicialmente, los atacados fueron catalogados como terroristas por parte del gobierno yemení aliado de Estados Unidos y Arabia Saudita, pero luego, para contener la indignación social generada, las familias afectadas recibieron un pago gubernamental, financiado por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos nunca asumió la responsabilidad pública oficial del ataque ni develó los resultados de sus investigaciones internas. Ningún operador de drones, analista de inteligencia o mando militar del JSOC fue procesado ante una corte marcial.
Este nuevo ataque sangriento por parte de Estados Unidos no es excepcional. Si bien el podio de asesinatos de civiles en Medio Oriente es encabezado por Israel desde hace varios años, Estados Unidos no se queda muy atrás.
La impunidad, ante todo
La impunidad observada en el caso yemení no es novedosa. No hay antecedentes de que se haya condenado, juzgado o siquiera procesado a algún militar o funcionario estadounidense por ataques a civiles perpetrados por sus fuerzas en Medio Oriente.
Además, como Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no hay jurisdicción internacional aplicable. Al Estatuto de Roma han adherido 125 países, incluyendo toda Europa occidental, Canadá y casi toda América Latina (Cuba y Nicaragua firmaron originalmente pero nunca ratificaron su adhesión y Venezuela informó su retiro el pasado 24 de julio, luego de transformarse en “protectorado”). El personal militar estadounidense, por tanto, goza de inmunidad frente a tribunales internacionales por supuestos crímenes de guerra cometidos en el extranjero, dejando cualquier medida disciplinaria exclusivamente en manos de sus propias cortes militares, las que en los hechos no operan.
La fórmula aplicada en Yemen, denominada pagos de condolencia (condolence payments), es la única aceptada por Estados Unidos en ciertas oportunidades y se utilizó también tras el bombardeo en Wech Baghtu. De la negación inicial de los hechos, en algunos casos tras las investigaciones internas, se pasa a aceptarlos concluyendo que se debieron a “errores de inteligencia” o fuego cruzado, calificándolos como “daños colaterales” y no como crímenes. En la mayoría de las oportunidades, siquiera se aceptan y siempre se ha evitado abrir procesos penales contra pilotos, operadores de drones o comandantes involucrados.
Lo anterior viene ocurriendo también con la investigación del bombardeo de la escuela en Minab, casualmente próxima a este nuevo asesinato. Primero se lo negó y luego se lo intentó responsabilizar a explosiones de diversos orígenes. Finalmente, varias investigaciones periodísticas independientes sustentadas en informes documentales comprobaron que fueron tres misiles Tomahawk estadounidenses los que impactaron de forma consecutiva (triple tap strike) durante las clases de la mañana del 28 de febrero, primer día del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El bombardeo mató a más de 150 escolares y docentes. A seis meses del hecho, si bien el informe de la investigación formal se reportó como completado o en fase de finalización por el estamento militar desde abril y junio, el Pentágono ha retenido su publicación y no lo ha entregado al Congreso.
Como vemos, este nuevo ataque sangriento de Estados Unidos no es excepcional. Si bien el podio de asesinatos de civiles en Medio Oriente por parte de su ejército es encabezado por Israel desde hace varios años, Estados Unidos no se queda muy atrás. No se pueden normalizar estos asesinatos reiterados por “errores” y que queden impunes. Cuando se reclaman hechos, los anteriores lo son, están documentados, fueron estudiados por observadores independientes y comprobados por instituciones internacionales.
Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.