Tras una jornada de intensos debates marcados por cruces entre el oficialismo y la oposición, el Senado de la República aprobó hace unos días, por unanimidad, el proyecto de ley que obliga a legisladores, autoridades departamentales y municipales a rendir cuentas de sus viáticos y devolver los excedentes. La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, busca uniformizar los criterios de transparencia para más de 1.500 funcionarios en todo el país.
Pese al respaldo unánime en la votación (29 en 29), la discusión estuvo cargada de reproches. Mientras que el Frente Amplio (FA) defendió la norma como una herramienta para eliminar privilegios, desde la coalición de gobierno se calificó la propuesta de “demagógica”, con el argumento de que el foco debería estar en el control de los viajes y no solo en el gasto posterior.
Con el ingreso del proyecto a la cámara baja, los diputados por el departamento de Paysandú brindaron sus opiniones a la diaria y dejaron ver matices que van desde el apoyo ético hasta advertencias sobre la legalidad de la norma.
Verri: el riesgo de inconstitucionalidad
El diputado Walter Verri (Partido Colorado) expresa serias dudas sobre la viabilidad jurídica del texto tal como salió del Senado. Su principal advertencia se relaciona con la autonomía de los gobiernos departamentales. Según Verri, al tratarse de una norma que involucra directamente a las intendencias y municipios, el Parlamento podría estar invadiendo competencias locales.
“Si no se obtienen las mayorías que la Constitución establece [mayorías especiales de dos tercios], esto puede ser claramente una ley inconstitucional”, advierte. Verri señala que, aunque él personalmente devuelve los excedentes de sus viajes por convicción ética, imponerlo por ley nacional a los departamentos, sin el quórum constitucional necesario, podría invalidar la norma. Además, sugiere que la solución de fondo es la propuesta por Pedro Bordaberry: que el plenario autorice cada viaje con nombre y destino, de manera explícita, para contener el gasto de raíz. Y que un legislador, cuando pide licencia, sabe por qué lo hace.
Gorosterrazú: “que no existan dos varas”
Para el legislador frenteamplista Juan Gorosterrazú sostiene que la prioridad es que la ley sea “pareja para todos”. Gorosterrazú defiende que lo que rige para el Poder Ejecutivo debe aplicar también para el Legislativo y las intendencias. “Los viáticos son fondos públicos para misiones oficiales, no un complemento salarial encubierto”, afirma, y subraya que devolver el dinero es un acto de “propiedad administrativa” y transparencia que fortalece la confianza de la ciudadanía.
Farinha: una ley “parcial y selectiva”
El proyecto acaba de ingresar a Diputados “y todavía no hemos tenido oportunidad de estudiarlo en profundidad”, señala Fermín Farinha (Partido Nacional). Además agrega que “de una primera lectura surge algo llamativo: se pretende regular el uso de viáticos con una propuesta que ya nace corta, parcial y selectiva”.
Recuerda que en 2019 se aprobó una ley mucho más amplia, que llamativamente nunca llegó a aplicarse y terminó siendo derogada. “Ahora se reedita la discusión, pero sin alcanzar expresamente a las empresas públicas ni a las sociedades anónimas con participación estatal. Parece que los promotores se olvidaron de lo que ocurrió en Ancap con Raúl Sendic y el uso indebido de las tarjetas corporativas y viáticos”, dice.
“Si queremos discutir en serio el control de los recursos públicos, creo que tenemos que generar otro contexto, respetando también las autonomías, pero no podemos dejar afuera justamente a organismos y empresas que administran volúmenes importantes de dinero. De lo contrario, corremos el riesgo de discutir normas más efectistas o demagógicas que efectivas. Si bien no integro la comisión que lo tendrá a estudio, cuando llegue el momento analizaremos en profundidad el tema”, responde a la consulta de la diaria.
El proyecto será analizado ahora en las comisiones de la Cámara de Diputados. El debate central parece desplazarse de la “conveniencia” de la transparencia –en lo que todos coinciden– hacia la forma jurídica y el alcance de la ley, con la advertencia de Verri sobre el respeto a las autonomías departamentales como uno de los puntos técnicos más complejos a resolver.