La semana pasada, a iniciativa del edil colorado David Helguera, fue llamado a sala el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. En el centro de la convocatoria estaba la renuncia del encargado de Ferias y Artesanías, Rodrigo Vercellino, y la suspensión por cuatro días de la directora de Desarrollo Social, Guadalupe Caballero
En el caso Vercellino, el intendente señaló que “el 12 de marzo, por motivos personales, Rodrigo Vercellino presentó renuncia y se le aceptó. Al día de hoy no hay ninguna denuncia que sea de nuestro conocimiento contra él” por los motivos manejados públicamente: eventuales situaciones de acoso de distinto tipo.
Por otra parte, el jefe comunal admitió que existe una investigación administrativa “referida al área de Ferias y Artesanías a partir de una denuncia donde no se especifica ni se nombra a nadie, y lo que tiene que hacer la investigación es desentrañar los hechos”. “Cuando termine, veremos qué resultancia tiene. Esperemos la resultancia. En ningún momento en el cuerpo de la denuncia se menciona” a Vercellino, agregó.
Salteó vías jerárquicas
La directora Guadalupe Caballero fue suspendida durante cuatro días sin goce de sueldo por el director general de Servicios, Carlos Batista.
El informe de su superior, fechado el 12 de mayo, señaló que la funcionaria “omitió” las vías jerárquicas y se excedió en sus competencias, por lo que se aplicó el estatuto del funcionario.
Olivera descartó que la jerarca quedara deslegitimada frente a sus subordinados y sostuvo que, por el contrario, se “prestigia”. “La estima profesional está intacta”, agregó. “Esta es la prueba cabal de que no se barre debajo de la alfombra”.
La sanción se originó porque Caballero, al tiempo que comunicó a la secretaria general, Gabriela Gómez, la falta de cuatro técnicos en los centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) que la Intendencia gestiona con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, también trasladó el pedido a la fundación A Ganar, la ONG que provee personal a la comuna. Ese paso no le correspondía a la funcionaria.
El nexo con la fundación es la Secretaría General
El acuerdo con la fundación establece que la comunicación debe canalizarse únicamente a través de la Secretaría General.
Según señaló el intendente en sala, la fundación procedió a la contratación de los profesionales “sin el aval de la Intendencia”. “Advertido el error de procedimiento —uno de los contratados trabajó cinco días— la fundación revirtió la situación. Ese fue el motivo de la sanción y a la fundación se la observó contractualmente”, explicó.
El intendente sostuvo que se trató de “una respuesta contundente” y añadió que los jornales serán abonados por la fundación. “Se busca preservar el canal de comunicación”, afirmó.
Reincorporada a sus funciones, Guadalupe Caballero dialogó con la diaria y manifestó que “las personas iban a entrar” a los CAIF, “que es un área que nosotros tenemos”.
Nombres sugeridos de la prelación
Sobre ingresos e incorporaciones, la funcionaria expresó que “cuando hay una renuncia, una licencia por enfermedad o cualquier otra situación tenemos cierto tiempo para cubrir esos lugares”. También señaló la responsabilidad que implica la falta de asistentes sociales “en lugares como Nuevo Paysandú y Porvenir, donde hay casos judicializados y los asistentes sociales deben estar”.
La directora explicó que “cuando comenzó la gestión de los CAIF, se hicieron llamados. Esos llamados generan listas de prelación; las listas tienen una duración y luego caducan. Desde que estamos, ya vamos por el segundo llamado y ahora está previsto realizar el último, del que saldrá una nueva lista de prelación”.
Caballero argumentó que “en base a esa lista de prelación fue que se sugirieron nombres de personas con experiencia”.
La oposición había denunciado en el llamado a sala que Caballero aportó nombres a la fundación para contratar personal.
“Es algo muy delicado trabajar con niños”
“Voy a hacer un comentario”, expresó Caballero. “Cuando se hace un llamado, no se pide solamente el título o la formación, sino también la experiencia. Es algo muy delicado trabajar con niños”.
La directora relató que en el CAIF de San Félix “íbamos por la cuarta renuncia”. “¿Qué pasaba? En el puesto de educador ingresaban auxiliares de educador y muchas veces lo tomaban como un trampolín para después seguir la carrera de maestro u otra cosa”, señaló.
“Los niños lloraban mucho y varios de estos jóvenes terminaron renunciando o estresándose. Íbamos por la cuarta renuncia y teníamos la desesperación de que las clases no quedaran sin educadores”, agregó.
Caballero admitió que se precipitó buscando una solución. A su vez, afirmó que ahora sabe “que hay un proceso administrativo”, algo que “aprendí muy bien ahora”.
En el llamado a sala, el edil frenteamplista Roberto Cire sostuvo que se debió “haber respondido en tiempo y forma”, “aunque algunas cosas debemos profundizarlas”, agregó.
“Nosotros tenemos nombres de funcionarios que cobran doble salario y no los queremos exponer; el intendente lo debe saber”, afirmó.
Cire dijo conocer “muy bien” a la directora sancionada, aunque aseguró que “tenemos datos de personas que fueron contratadas por la fundación A Ganar por esta vía” irregular.
El Frente Amplio, que consideró insatisfactorias las respuestas brindadas por el intendente, presentó una extensa moción solicitando la renuncia de la directora y la conformación de dos comisiones preinvestigadoras.
Los 20 ediles del Partido Nacional y el edil interpelante dieron por satisfactorias las explicaciones que el intendente brindó en sala de la Junta Departamental.
