Esta semana comenzó el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, que analizará el proyecto de ley con la asignación de recursos para el quinquenio durante todo el mes próximo, debiendo votarlo en el plenario antes del 3 de diciembre. Con varios puntos aún por negociar, hay dos certezas: el gobierno no enviará un mensaje complementario —tiene un plazo de 20 días desde que el proyecto ingresa a cada cámara para hacerlo—, por lo que la única opción para atender demandas presupuestales es reasignar partidas; y habrá cambios en el proyecto, por lo que deberá volver a Diputados y su aprobación se retrasará hasta 15 días más.
Entre los artículos y temas polémicos están los cambios en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) —que tensó el debate durante la campaña para la elección departamental—, el nuevo régimen de certificaciones médicas para los funcionarios públicos, y las modificaciones a la ley orgánica militar votada en 2019, entre otros.
El senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini tiene la tarea de consensuar opiniones y asegurar los votos de cerca de 200 artículos del presupuesto. En diálogo con la diaria, dijo que hay “artículos complicados” y que buscará “identificar los problemas o diferencias que puede haber, o que quedaron abiertos de [la discusión en] Diputados para negociar”, tanto con la oposición como a la interna del oficialismo. Esto último porque hay temas, como el traslado a Presidencia del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), que no tienen consenso entre los socios de la “coalición multicolor”.
Consultado sobre la posibilidad de atender las demandas de mayores recursos por parte de las distintas entidades de la enseñanza o los organismos de contralor, Gandini manifestó: “Cualquier decisión incremental debe estar acompañada de una disminución por el mismo monto en otro lugar, es decir, una reasignación. Y no está fácil sacarle dinero a nadie, no soy muy optimista en agregar nuevos recursos”. El senador blanco destacó los avances logrados en Diputados, donde se dieron partidas extras a la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y el Instituto Clemente Estable.
Desde la oposición, se aspira a negociar mayores recursos, pero se entiende que “el Ejecutivo como ordenador del gasto” estableció “márgenes muy reducidos” para reasignar partidas. “Para nosotros todo el capítulo de educación habría que mejorarlo”, dijo a la diaria el senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía.
En busca de un nuevo “mecanismo” para las certificaciones médicas
El capítulo del presupuesto referido a los cambios en el régimen de certificaciones médicas ya llegó al Senado con modificaciones, ya que los diputados del oficialismo votaron una propuesta alternativa que presentó el colorado Conrado Rodríguez. El planteo aprobado consiste en limitar el beneficio a seis días al año (acumulables si no se usan) y desde el siguiente reducir 25% el salario al trabajador que esté de licencia médica. Sin embargo, Gandini expresó que “es seguro que estos artículos no van a salir como vinieron”.
“Hay un problema objetivo, que es el ausentismo importante en buena parte de la administración pública vinculado a licencia médica. Algunos funcionarios se aprovechan de un mecanismo que no tiene demasiados controles, y hay médicos certificados que son generosos dando licencia. Ese problema lo debemos resolver”, explicó Gandini. Ese nuevo mecanismo aún debe ser negociado a la interna de la coalición, pero adelantó que se buscará “abordar diferente el problema [a lo planteado en Diputados], con una solución integral”.
Los pedidos de desglose de la oposición
Mahía consideró que la decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de incluir en el proyecto original que envió el gobierno en agosto un artículo que modifica la gobernanza de la UAM y quita poder a la Intendencia de Montevideo (IM) “es el factor de mayor irritación dentro del presupuesto”. Por eso, la postura es contraria a negociar el tema dentro de la discusión del presupuesto. “Debe salir y derivarse a comisión” para debatirlo sin plazos, señaló.
Sobre la UAM, Gandini dijo que “nada está descartado”. Sostuvo que como negociador, su tarea ante un tema tan álgido pasará por “encontrar una solución que en lo posible contemple al FA, la intendenta electa de Montevideo, el Ministerio de Ganadería, las gremiales de productores, comerciantes y trabajadores”. Según el legislador blanco, el debate entre oficialismo y oposición en torno a la gobernanza de la UAM se centró “en el poder” y no en buscar “un resultado que asegure una mejor gestión”.
Por otra parte, en la sesión del miércoles de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, al asistir el ministro de Defensa Nacional, Javier García, el FA sostuvo que “más de la mitad de los artículos” pertenecientes a esa cartera dentro del proyecto modifican la ley orgánica militar votada en 2019, por lo que pretenden que sean desglosados y analizados aparte.
El senador del FA Mario Bergara aceptó que la reforma militar que votó su partido estando en el gobierno fue “muy parcial” y “a cuenta de tener una revisión más integral”. En ese sentido, Bergara dijo que si se desglosan los artículos, la oposición está “totalmente dispuesta a trabajar con tiempo, con profundidad, con más conocimiento, con más información y viendo la legislación y la operacionalidad comparada, para tener mejores y más eficientes Fuerzas Armadas”.