Comienza a transitarse la recta final para la aprobación del segundo megaproyecto legislativo de la coalición de gobierno, tras la ley de urgente consideración (LUC): el presupuesto quinquenal, que fija las partidas de dinero para los próximos cinco años. El primer paso será la votación en la comisión del Senado, que comenzará en la tarde de este viernes y se retomará la próxima semana, cuando se prevé analizar los artículos más discutidos del proyecto. Si bien luego del 4 de diciembre –plazo límite para la votación– volverá a Diputados porque hubo cambios en la redacción, se supone que tendrá un trámite rápido porque el oficialismo aspira a cerrar la discusión interna en el Senado.
El miércoles de mañana hubo una reunión de la bancada de la coalición de gobierno y la instancia se volverá a repetir el sábado, buscando cerrar los temas que aún están en negociación. En la agenda de pendientes continúan la fórmula de recuperación salarial para los funcionarios públicos (artículo 4), los cambios al régimen de certificaciones médicas dentro del Estado, la forma de liquidación de los viáticos, la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y la posibilidad de que ANCAP arriende su infraestructura. También está la búsqueda de reasignar dinero destinado a algún inciso para atender los reclamos de más presupuesto para la educación, los organismos de contralor y los institutos de la niñez.
Senadores del oficialismo explicaron a la diaria que hay “arriba de 90% de acuerdo” respecto de los artículos del presupuesto y “las definiciones [que faltan] se van a tomar el fin de semana”. Es que la agenda marca que este viernes se votarán en comisión aquellos artículos que no sólo tienen unanimidad dentro de la coalición gobernante, sino que también son apoyados por el Frente Amplio.
Los pendientes a resolver por la coalición
Este jueves asistió a la comisión del Senado una delegación de la Universidad de la República (Udelar) liderada por el rector Rodrigo Arim, quien señaló que tras los avances que hubo en Diputados –se mejoraron algunas partidas y se modificaron artículos que la Udelar entendía inconvenientes– las prioridades pendientes son mejorar el presupuesto para el Hospital de Clínicas y para el programa de becas de Bienestar Universitario.
El senador de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano informó a la diaria que aún no hubo una respuesta a la propuesta que presentaron para que tanto el dinero extra para la Udelar como para otras áreas –la Universidad Tecnológica, la Junta de Transparencia y Ética Pública, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y un aumento salarial extra para varios funcionarios militares– salga de lo ahorrado por el trabajo de ingenieros militares en la reparación de la ruta 6. “Todo lo que aumente el presupuesto hay que ver de dónde sacar los recursos, y por ese lado se podría solventar”, señaló Lozano. El tema está siendo analizado por el Poder Ejecutivo, concretamente por los ministerios de Transporte y Defensa Nacional, que entre otras cosas estudian cómo podría aterrizarse la propuesta en términos jurídicos.
Esta y otras propuestas de reasignación que se manejan a la interna del oficialismo serán discutidas este sábado. El senador de CA dijo que no hubo “un compromiso específico” con la Udelar de atender los pedidos que hizo al Senado, pero cree “que puede llegar a haber acuerdo” en la coalición para una reasignación, ya sea mediante la propuesta de CA u otra. En la misma línea se pronunció el senador colorado Pablo Lanz, del sector Ciudadanos: “Estamos insistiendo y avanzando en una reasignación para el capítulo de educación. Creo que el sábado se va a llegar a un acuerdo en ese sentido”.
También está pendiente de acuerdo el artículo 4. Las diferencias no son a nivel legislativo sino que resta el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las negociaciones que viene realizado el senador blanco Jorge Gandini con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). El legislador dijo a la radio Uruguay que “hay avances para llegar con una posición definida al sábado” y que si bien “hay margen” para negociar con el sindicato, también hay “limitaciones obvias”. El tema en cuestión es definir cómo se recuperará cada año la pérdida salarial que los estatales tendrán en 2021.
Otro tema relativo a los funcionarios que debe resolverse es el cambio en el régimen de certificaciones médicas. El proyecto original del gobierno buscó equiparar el sistema al que rige en la actividad privada, pero en el pasaje por Diputados tuvo modificaciones y en el Senado el oficialismo analiza “redacciones alternativas”, dijo Lanz. Una opción aún no ratificada es crear una comisión con distintos actores –COFE, el Sindicato Médico del Uruguay, el Banco de Seguros– para que defina un nuevo régimen.
Una fuente del gobierno dijo a la diaria que aunque la negociación corre a nivel del Senado, ve probable que se mantenga la disposición original de que los funcionarios tengan un descuento de 25% del salario cuando sean certificados. El proyecto que ingresó al Parlamento planteaba no abonar los tres primeros días de licencia médica, algo que no apoya CA y causa reticencias también en otros socios de la coalición.
Por otra parte, el informante del gobierno señaló que hay acuerdo para que vuelva al proyecto un artículo que se sacó en Diputados relativo a los pases en comisión. Lo que establece la disposición es la imposibilidad de que haya funcionarios que vayan en pase en comisión desde una persona pública no estatal –que funciona bajo el derecho privado– a organismos del Estado.
Para terminar con el capítulo relativo al sector público y su funcionamiento, el oficialismo también debe definir qué pasará con la liquidación de viáticos. En este caso, hay una ley de 2019 que fue aplazada hasta 2021 que fija un sistema de liquidación total que no tiene consenso político, y el gobierno incluyó en la redacción original su derogación. En Diputados eso no se votó y en el Senado se definirá un método de liquidación que deje por fuera los gastos menos significativos, coincidieron Lozano y Lanz.
Asimismo, pese a que hubo un preacuerdo entre la “coalición multicolor” y la Intendencia de Montevideo gobernada por el Frente Amplio respecto de la forma de gobernanza de la UAM, el tema no está cerrado. Los senadores blancos Sebastián da Silva y Sergio Botana no aceptarían la fórmula, al igual que CA y Ciudadanos.
Lozano dijo que pretenden “mantener la representación de los productores” dentro de la dirección de la UAM y que espera que “haya voluntad política” para lograrlo. Mientras que Lanz, que pertenece al mismo sector que el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte –que comenzó el conflicto por la UAM al incluir en el presupuesto el cambio de gobernanza–, indicó que este sábado propondrán a la coalición “alguna mejora al acuerdo anunciado” para incluir a los productores en la dirección.
Finalmente, el senador de CA señaló que mantienen “bajo análisis” y en busca de una redacción alternativa que otorgue “más garantías” el artículo del presupuesto que permite que ANCAP arriende su infraestructura.