El diputado Eduardo Lust planteó en agosto, en una reunión con integrantes de Cruzada Oriental, lista que integraba y recientemente fue desvinculada de Cabildo Abierto, que el fiscal Enrique Rodríguez era blanco y sería el próximo fiscal de Corte, según una grabación del encuentro a la que accedió la diaria. El partido liderado por el senador Guido Manini Ríos ha sido uno de los principales opositores a la gestión del actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, e incluso ha pedido su remoción al presidente de la República.
Según supo la diaria, el nombre de Rodríguez es uno de los que están arriba de la mesa como posible sucesor de Díaz. Actualmente es fiscal penal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno en Montevideo. Ingresó al Ministerio Público en 1990 como fiscal adscripto en la Fiscalía de Pando. Luego siguió como fiscal departamental en Artigas (1995-1997), Durazno (1997-2000), San José (2000-2004) y Las Piedras (2004-2007). Ingresó a Montevideo como fiscal nacional y fue fiscal de violencia doméstica y fiscal penal de 9° Turno hasta ocupar el cargo actual.
Rodríguez tuvo a su cargo varias causas importantes, como la incautación de 6.000 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo y en un establecimiento en Soriano el año pasado; el archivo de la causa contra el ex director Enrique Canon, que había sido acusado por la Asociación de Funcionarios de Aduanas de disponer privilegios para un despachante de aduanas amigo de él; y el caso de la estafa millonaria de una funcionaria del Banque Heritage Uruguay.
- Leé más sobre esto: ¿Cómo se designa a un fiscal de Corte y qué mayoría necesita para una destitución?.
Para designar a un nuevo fiscal de Corte, el presidente necesita la venia de tres quintos de los votos de los miembros de la Cámara de Senadores. La misma mayoría necesita para destituirlo, por lo que sí o sí requiere el apoyo de la oposición. El cargo de Díaz vence en abril de 2022 y en el Frente Amplio, según fuentes consultadas por la diaria, no habría en principio mucha disposición a apoyar a Rodríguez porque, en línea con lo que planteó Lust, también advierten que es una persona que se identifica con el Partido Nacional.
La designación de Juan Gómez, actual fiscal de Homicidios de 1° Turno en Montevideo, como fiscal adjunto en la Fiscalía General de la Nación también forma parte del puzle en el proceso de sucesión del fiscal de Corte. En caso de que no haya acuerdo para designar a un sucesor, Gómez quedaría al frente de la Fiscalía de Corte una vez culminado el mandato de Díaz. En su cuenta de Twitter, Díaz informó que el lunes hizo la propuesta formal al Parlamento para designar a Gómez y que la decisión está motivada por “su trayectoria, prestigio y compromiso institucional”.
Desde el entorno de Díaz aseguran que el actual fiscal de Corte ha planteado en reiteradas oportunidades que desde el punto de vista institucional el mejor escenario es poder culminar el mandato en los plazos previstos, algo que no sucedió en los casos de sus antecesores, Óscar Peri Valdez y Rafael Ubiría.
Otro de los elementos que forman parte de la negociación entre oficialismo y oposición es lo que termine sucediendo en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En octubre, el ministro Eduardo Turell cumplió 70 años, edad límite fijada por la Constitución para ejercer la magistratura. El cargo está vacante y también podría formar parte de la negociación en torno a la sucesión de Díaz. El artículo 236 establece que se le debe informar al Parlamento de la situación y le corresponde a la Asamblea General, en un plazo de 90 días, designar al nuevo ministro de la SCJ por dos tercios de los votos de sus componentes. Si el Parlamento no nombra a un nuevo ministro, se dispara un mecanismo suplementario que determina que ascenderá automáticamente el ministro de Tribunal de Apelaciones con más antigüedad. Entre los ministros que cumplen con estas condiciones se encuentran Nilza Salvo y John Pérez.
Por otra parte, un mes antes, en setiembre, quedó vacante un cargo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), tras el retiro de José Echeveste, luego de cumplir 70 años. Según informó en agosto El Observador, el gobierno quiere lograr un consenso entre los partidos para ambos cargos vacantes, pero en caso de que esto no suceda, se maneja el nombre de Salvo para el TCA y el de Pérez para la SCJ.
El senador nacionalista Gustavo Penadés, que está encargado de las negociaciones con los demás partidos para la designación de estos cargos, adelantó esta semana en una rueda de prensa que se está “empezando a discutir” sobre el sucesor del fiscal de Corte, dado que se va a definir en “este período de gobierno, dentro de un año y medio, y eso va a implicar un acuerdo entre todas las fuerzas con representación parlamentaria”. Según dijo, la designación de un nuevo fiscal de Corte es parte de una “política de Estado, que supera a las administraciones” y por eso ya se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos.
El senador negó que el objetivo de las negociaciones sea sustituir a Díaz antes de que se termine su mandato -“esa posibilidad no ha sido manejada”-, sino que responde a que las designaciones de las vacantes del TCA y la SCJ “ameritan, porque ya lo ameritaron en el pasado, un diálogo muy profundo y muy serio de todos los partidos políticos, y si en el pasado se lograron acuerdos, justamente porque se trabajó con tiempo, queremos repetir la exitosa experiencia”, afirmó.