Tras una agitada agenda en los últimos días, que incluyó la recepción a variadas delegaciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y encuentros entre toda la bancada de la coalición de gobierno, los diputados que analizan el proyecto de presupuesto quinquenal se tomarán un impasse hasta la próxima semana. Igualmente, continuarán las conversaciones informales buscando acordar cambios en distintos puntos del proyecto.
Según comentaron legisladores de los distintos partidos que integran el oficialismo, en los encuentros que mantuvieron ayer y el jueves se llegó a analizar en detalle algo más de la mitad de los 689 artículos que componen el presupuesto. Estos se han venido agrupando en cuatro grupos distintos: los que tienen apoyo unánime, y están los votos para aprobarlos tal como llegaron del Ejecutivo; los que, hay acuerdo, deben ser modificados; los que aún deben seguirse analizando, tanto su conveniencia como una posible redacción alternativa, y los que ya se adelanta que irán sin consenso a la votación en el plenario.
Este martes por la tarde, la bancada de la coalición que trabaja en el presupuesto recibió a la vicepresidenta Beatriz Argimón, que acudió para conversar sobre los recursos para implementar la ley integral de lucha contra la violencia de género, aprobada a fines de 2017. El texto enviado por el Poder Ejecutivo no prevé dinero para la creación de más juzgados especializados en temas de género, pero Argimón aseguró que hay “un compromiso” para modificar esto. “Es muy importante que queden bien claras las partidas específicas para el cumplimiento de esta ley”, señaló en conferencia de prensa en el Parlamento.
El diputado del Partido Nacional (PN) y presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Sebastián Andújar, informó a la diaria que este martes se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para comenzar a trabajar en la búsqueda de dinero “para una implementación gradual de la ley”. Días atrás, el semanario Búsqueda informó que el gobierno y el Poder Judicial habían acordado, en las negociaciones previas al envío del presupuesto al Parlamento, que la ley en cuestión quedaría postergada para 2024.
“El Poder Judicial presentó [en el mensaje que envió al Parlamento] un plan para que todo empiece a aplicarse en 2024, por todo lo que implica el proceso locativo, de selección de personal y demás [para los nuevos juzgados]. Pero la vicepresidenta nos transmitió que pretende que empiece antes, y se puede lograr, aunque de forma gradual”, explicó Andújar. Esa gradualidad implica, por ejemplo, que no habrá juzgados en todos los departamentos, “sino en aquellos con mayor índice de violencia”. La idea que se maneja es asignar una partida para esto dentro del presupuesto, y luego buscar aumentar los recursos en las distintas rendiciones de cuentas para “llegar a una implementación total en 2024”.
De ahora en adelante, Andújar, como presidente de la comisión, conversará con el MEF “para que nos indiquen qué reasignación se puede realizar, de dónde, o si entienden que podría haber un mensaje complementario para el Senado” disponiendo de más recursos para la ley integral de violencia basada en género.
Los artículos que debate la coalición
“Hay ánimo de buscar cambios en varios artículos, en clave de coalición”, comentó a la diaria uno de los legisladores que participó en las reuniones de la bancada oficialista, y adelantó que hay una “opinión general” de quitar el aumento de sueldo para los presidentes de las empresas públicas.
Esta medida fue defendida por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pero desde que ingresó el proyecto al Parlamento hubo voces de legisladores de la coalición que ponían dudas sobre la conveniencia, en especial por el momento y la señal que se envía. Andújar expresó que aún no se analizó este artículo en particular, pero “se han comentado” posiciones a favor y en contra por parte de los legisladores.
Otro tema polémico que se analiza, y en el cual la bancada buscará “mediar entre las partes”, en palabras de Andújar, refiere al artículo que modifica la dirección de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), que provocó un duro cruce entre el gobierno y la Intendencia de Montevideo (IM).
“Estamos en la línea de buscar una fórmula que consiga que exista un acuerdo entre las partes, con el espíritu de que la UAM sea una unidad de negocios provechosa para todos. Lo presentado [por el Ministerio de Ganadería] no va a ser lo que continuará [el trámite parlamentario] porque no se quiere desplazar a nadie. Hay que bajar la virulencia del debate”, manifestó el legislador blanco. Adelantó que seguramente la próxima semana puedan anunciar la nueva redacción del artículo y que se conversará el tema “con el FA y la IM” luego de las elecciones del domingo.
Por otra parte, uno de los artículos en que presumiblemente no habrá consenso entre la coalición multicolor refiere al que aumenta el número de generales en las Fuerzas Armadas.
El diputado Daniel Peña, que pertenece al Partido de la Gente y participó de las reuniones de negociación, dijo a la diaria que transmitió en esa instancia que votará en contra de esta disposición, así como también del aumento de sueldo a los presidentes de las empresas públicas. Según informó El Observador, lo primero tampoco sería acompañado por el Partido Independiente, aunque los votos de ambas colectividades no impedirían la aprobación.
Una redacción “más garantista” para los funcionarios públicos
El presupuesto también incluye varias disposiciones que apuntan a la “reforma del Estado” –en palabras del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos–, como la revisión de la plantilla en cada organismo y la formación posterior de una bolsa de trabajo con quienes sean declarados excedentarios, para reubicarlos, recapacitarlos o que pasen a retiro.
En los últimos días fueron varios los contactos que mantuvo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) con la Comisión de Diputados por este asunto, así como por las modificaciones en el régimen de certificaciones médicas en el sector público.
La delegación de COFE que acudió el viernes al Parlamento planteó varias “preocupaciones” por estos artículos. “La norma prevé dos hipótesis de destitución sin las debidas garantías. Más allá de que esta reestructura podría generar la excedencia, si analizamos los literales C y D del artículo veremos que, en realidad, en la hipótesis de que el funcionario que está obligado a recapacitarse no asista al curso, se va a generar una omisión que terminará con el funcionario desvinculado”, dijo Juan Williman, asesor jurídico del sindicato. La otra forma de destitución que incluye la redacción es si el funcionario no aprueba el curso de capacitación.
Lo que planteó COFE es que tendría que haber alguna instancia en que el trabajador pueda justificar la no asistencia a la capacitación, o recurrir el resultado final del curso, así como que haya “un veedor” del gremio en los tribunales que intervengan en estos asuntos para tener mayores garantías. Si no “ante una resolución de desvinculación, [el trabajador] podrá recurrirla, pero sin efecto suspensivo”, explicó Williman. Agregó que el artículo 60 de la Constitución establece que a los funcionarios “presupuestados sólo se los desvincula por destitución, y eso exige sumario previo y causal; se destituye por ineptitud, omisión o delito”.
Andújar informó que la ONSC atendió buena parte de los planteos de COFE, e hizo llegar a la comisión una redacción alternativa “donde acepta 70% de las observaciones de COFE respecto de mayores garantías”.
En el caso de los cambios al sistema de certificaciones médicas, aún no hay acuerdo dentro de la coalición, pero el diputado del PN sostuvo que existe “bastante distancia” con la postura que llevó COFE al Parlamento. En este tema, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó una redacción alternativa para que, en lugar de no cobrar los tres primeros días certificados y 70% a partir del cuarto día, los funcionarios tengan siete días al año de licencia por enfermedad y al octavo comience el descuento.
El presidente de COFE, Martín Pereira, dijo a los legisladores que rechaza cualquier modificación y que la petición es retirar este artículo. “Si la idea es ver cuáles son las certificaciones, hay elementos y posibilidades dentro de cada organismo de estudiar y de que haya mayores controles a la hora de la firma de los documentos que certifican a cada trabajador”, manifestó.
Como conclusión del trabajo que viene realizando la bancada de la coalición, Andújar dijo que, si bien puede haber alguna diferencia, “nada nos indica que haya algún artículo que no sea aprobado porque no están los votos”.