El Plenario Departamental del Frente Amplio (FA) de Río Negro rechazó “enfáticamente” la “forma arbitraria y discrecional” en que se cesó a unos 170 funcionarios municipales desde el inicio de la gestión del nacionalista Omar Lafluf, en noviembre de 2020. Según el FA, esto se da “en un duro contexto de crisis sanitaria y económica, generando incertidumbre y zozobra en decenas de hogares rionegrenses y nada responde a razones de adecuación de la plantilla”. Algunos de los casos responden a “persecución política”, considera el FA, algo que “no es de recibo” según dijeron desde la comuna rionegrense.
En un comunicado difundido este miércoles a la noche, la fuerza política condenó las “prácticas clientelares” de la intendencia puesto que al momento del llenado de las vacantes generadas “deja entrever pagos de compromisos electorales”. Esto, según el FA, provoca “preocupación extra, teniendo en cuenta que el perfil más destacado de sus diez años de administración [de Lafluf, entre 2005 y 2015] fue el ingreso anual de 100 funcionarios”.
Todo comenzó en diciembre del año pasado, a escasas semanas de que Lafluf asumiera por tercera vez la comuna. Previo a las fiestas, el intendente blanco decidió por vía propia cesar a casi 100 funcionarios municipales. Según informó Brecha en ese entonces, el 26 de noviembre de 2020 no se les renovó el contrato a casi 60 monotributistas, que en su mayoría eran madres solteras. Y entre el 23 y el 24 de diciembre, despidieron a otros 40 trabajadores. Esos municipales tenían una antigüedad de entre tres y 12 años y los contratos de cada uno variaban entre trimestrales o anuales, consignó el semanario.
En tanto, en el correr de este año se despidió a unos 70 trabajadores más, y esto, según Guillermo Techera, edil por el FA, se debe a la afinidad política que tienen con la coalición de izquierda. “No era una fecha muy apropiada” para cesar a los funcionarios, recordó Techera, en diálogo con la diaria, sobre lo ocurrido a fines de 2020.
En ese marco, el FA hizo “diferentes descargos”; entre ellos, llamados a sala al intendente -que no tuvieron cuórum por parte de los ediles blancos- y un pedido de informes en el que, según el edil, Lafluf contestó “medianamente” las preguntas “más livianas” sobre por qué se habían cesado a tantos municipales en menos de un año de gestión. “Al no ser un número tan grande no logra el impacto de resistencia que a veces logra cuando es un número mayor”, estimó el frenteamplista.
Por su parte, el director general de la Intendencia de Río Negro, Marcelo Linale, indicó a la diaria que los funcionarios que ingresaron en la nueva administración de Lafluf lo hicieron “siguiendo el mismo razonamiento” de los ceses; es decir, quienes entraron a la comuna lo hicieron para suplir a los cesados o retirados. En suma, el jerarca departamental sostuvo que ingresaron unos 96 contratados, incluyendo técnicos y personal de confianza. El resto ingresó como jornalero por el escalafón operativo en su grado 1.
Los 170 funcionarios que han sido cesados viven en zonas como Fray Bentos, Young, Algorta, Paso de la Cruz, Berlín y San Javier, localidades donde se da algo “particular”, dijo el edil Techera. “Muchos [de estos funcionarios cesados] están identificados con nuestra fuerza política. No tenemos documentación, pero en una localidad muy pequeña o con pocos habitantes, podemos identificar quién responde a qué fuerza política y quién trabajó para que continúe el gobierno de [Óscar] Terzaghi [intendente del FA entre 2015 y 2020]”, consideró.
Techera denunció que hubo una “gran persecución política” en Río Negro. Ejemplificó con el caso de un funcionario de San Javier que está identificado con el FA y con el sindicalismo: “Fue la gota que derramó el vaso”, narró el edil. Tras nueve años de haber trabajado en la comuna -entró cuando Lafluf era intendente por segunda vez-, el trabajador fue cesado casi que sin razones. la diaria se contactó con el funcionario, pero respondió que no quería hablar de su situación por el momento.
“Nunca había tenido un inconveniente, y esto hace que nosotros podamos pensar que, en definitiva, esto es como un juego de una partida de ajedrez. ¿Por qué? Porque se piensa en función del resultado que la administración quiere tener o de la persona que quiere tener fuera de la plantilla municipal. Se piensan los diferentes movimientos que se puedan llevar adelante para obtener esos resultados. Este funcionario tenía un contrato anual, luego se fue reduciendo la contratación a tres meses y a un mes para que, cuando se le terminara, pudiera quedar afuera [de la comuna]”, apuntó Techera.
Por su parte, Linale sostuvo que si se quitan los vínculos de personas que “debieron interrumpir la función por el cambio de gobierno”, se cesaron 102 personas; 30 corresponde a gente que se jubiló, renunció o falleció y 39 fueron las no renovaciones al comienzo del gobierno.
“Estos son contratos que se vencieron y la administración optó por la no renovación. Los restantes [ceses] resultan de la aplicación del estatuto municipal, en cuanto a inasistencias sin justificar -establecido en el artículo 47-. En un primer control se encontraron 51 funcionarios en esa situación y posteriormente unos 23. Algunos advertidos, otros suspendidos y a los reincidentes cesados”, indicó el jerarca departamental.
De los dos lados del mostrador
Miguel Ivanovich, presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en Río Negro, asumió a principios de año como director de Vialidad Rural en la comuna, un cargo de confianza que el jefe comunal le otorgó, confirmaron a la diaria. “Esto impide que el gremio a nivel departamental pueda luchar o pelear por una causa justa o aberraciones de estas que están pasando [cese de funcionarios]. Porque en definitiva, sabemos que el presidente del gremio no va a mover un dedo porque es personal de confianza del intendente”, apuntó el edil Techera, del FA.
A diferencia de la gestión anterior, cuando Terzaghi estaba al frente de la administración rionegrense, hoy en día no se ve “la actitud” de reclamo del gremio y de Adeom a nivel nacional, consideraron varios trabajadores cesados consultados por la diaria.
Estos ceses no responden a un plan de ajuste, como en un principio adujo el intendente, porque en realidad los 170 funcionarios cesados fueron sustituidos por casi la misma cantidad de personas que “son allegados a la intendencia o al PN”, indicó Techera.
“Tenemos una grave violación del estatuto [del funcionario]; tenemos el descreimiento a lo que fue la carrera funcionarial establecida por la Oficina Nacional de Servicio Civil, sus técnicos, la Junta Departamental y los trabajadores organizados. Además, tenemos un gremio que en definitiva tiene sus principales referentes ocupando cargos de particular confianza dentro de la intendencia, que lo que hacen es inmovilizar por completo la pelea de los justos reclamos de los trabajadores”, afirmó.
El antecedente
En 2015, cuando el FA asumió por primera vez la administración del departamento “se hicieron cambios estructurales” y uno tuvo que ver con el funcionariado, dijo Techera, e indicó que fue “un proceso totalmente unitario que transitó el gremio, en una lucha que era una causa muy justa”. En ese sentido, rememoró que se instalaron reuniones mensuales con Adeom de ese departamento donde se llevaban adelante diferentes planteos. Allí, explicó, la comuna “intentaba negociar, conseguir y tratar de acceder a los petitorios que generaban derechos en los funcionarios”.
Previo a aprobar ese estatuto funcionarial, existía “inestabilidad laboral” porque las personas “no identificaban hasta qué momento tenían segura su fuente laboral”, sostuvo el edil, y agregó que muchos eran contratos mensuales, trimestrales o anuales. Lo que buscaba Adeom en ese entonces era “darle fin a la discrecionalidad que tenía el intendente y los directores, porque de acuerdo al comportamiento que tenía este funcionario era la calidad por la que se le renovaba el contrato”.
La carrera funcionarial estableció que los ingresos de nuevos trabajadores municipales sean por concurso; lo mismo para los ascensos y la categorización. A su vez, establecía un “manual descriptivo de cargos”, que otorgaba una remuneración de acuerdo a lo que hacía cada trabajador. “Estamos muy abocados a defender esta situación porque entendemos que genera derechos no sólo hacia los funcionarios de la intendencia sino a todos los habitantes, porque en definitiva estas políticas, si permanecen en su accionar, les devuelven derechos a nuestros habitantes y tenemos un departamento muchísimo más democrático”, sostuvo Techera. Ahora, según comentó, los funcionarios comenzaron nuevamente a firmar contratos mensuales.
Asimismo, el edil frenteamplista dijo que ya conocen el “proceder” de Lafluf: “Maneja el poder de manera discrecional en favor de un grupo de amigos y conocidos a los que les prometió mucho en la campaña para llegar, y está pagando muchísimos favores”.
Sobre las acusaciones por parte del FA, Linale respondió que “no es de recibo” esos planteos y ratificó que es inexacto que se incumpla con el estatuto funcionarial. “Los procedimientos son públicos. Fueron modificados y establecidos en la administración anterior”, aseguró.