La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado se reunió este jueves para terminar de votar el articulado de la Rendición de Cuentas. La discrepancia entre el oficialismo y la oposición volvió a surgir en torno a uno de los puntos más discutidos desde que el proyecto pasó a la cámara alta: el financiamiento del Fideicomiso Integración Social y Urbana.
El senador nacionalista Jorge Gandini explicó que la fórmula alcanzada por la coalición implica una reasignación de montos que estaban dispuestos para el Instituto Nacional de Colonización (INC) para la reubicación de asentamientos –el adicional al impuesto a las trasmisiones patrimoniales sobre inmuebles rurales–, por un monto de 15 millones de dólares, en una partida anual. “Queremos dejar eso bien claro. Como dice el inciso 1º, se establece a partir del año 2022, o sea que queda establecida para todos los años. Si hiciera falta, no tendríamos inconveniente en agregar la palabra ‘anual’”, explicó Gandini, según consta en la versión taquigráfica.
Para financiar esos 15 millones de dólares, explicó Gandini, se disminuye “parcialmente” un fondo previsto para pagar sentencias judiciales que no ha sido utilizado y “el complemento restante –diría, la mayor parte– va a estar financiado” por la “transposición de recursos desde el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] al Banco de Previsión Social [BPS] para pagar pensiones a la vejez”, que “será sustituida por un aporte directo del Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó Gandini. Asimismo, se dispuso la autorización al INC a utilizar 25 millones de dólares para subsidiar los intereses de préstamos que puedan contraer los colonos con entidades financieras, “a partir de la presentación de proyectos que tengan por objeto la promoción productiva”, indicó.
Tras su explicación, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez manifestó que se estaba consagrando un recorte de 50% del dinero del INC para comprar tierras, ya que “se financia sólo el 50%”. Sánchez argumentó que hasta ahora el INC –a partir de dos impuestos– recibía recursos para comprar tierras por unos 30 millones de dólares. De ese monto, “50% que estaban establecidos a partir de un financiamiento derivado de la recaudación de impuestos van a pasar a constituir el fideicomiso para atender la situación de los asentamientos irregulares” y, a cambio, “se incluyen estos aditivos, que lo que hacen es poner 15 millones de dólares y no 30 millones. Por lo tanto, lo que termina sucediendo en esta Rendición de Cuentas es que se recorta 50% de los recursos de este instituto para la adquisición de tierras”.
Por otra parte, cuestionó que no se detalle de dónde va a sacar el MEF los recursos para paliar el traspaso del monto que el Mides transfiere al BPS. “Suponemos que esto va a salir de Rentas Generales, pero esto es –permítaseme la expresión, y que nadie se ofenda– una especie de dibujo”, acotó y agregó: “El Ministerio de Economía y Finanzas hoy no tiene estos recursos para hacer frente a las pensiones a la vejez y los tendrá que sacar no sabemos de dónde; de algún lado saldrán”.
Botana retrucó que en realidad el INC tiene 20 millones de dólares en recursos y no 30 millones. “Ahora, Colonización seguirá teniendo 20 millones de dólares; los mismos 5.500.000 de dólares de su resultado operativo, más una transferencia de Rentas Generales de 15 millones de dólares, por lo que el recurso va a ser exactamente el mismo que hoy tiene el instituto”, afirmó.
En rueda de prensa, Sánchez explicó que las dos fuentes de financiamiento firmes que administraba el INC eran el adicional del impuesto a la concentración de inmuebles rurales y el Impuesto a las transmisiones patrimoniales, que ascendían a 30 millones de dólares. “Hacia el futuro, si se aprueban estos artículos, podrá llegar a tener 15 millones de dólares, siempre y cuando el MEF decida trasladar los fondos; el MEF en 2020 no le trasladó la recaudación del impuesto ni la de 2021”, señaló.
Afuera telecomunicaciones
En tanto, los artículos 161 y 162 del proyecto, relativos a la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones, fueron votaron negativamente por todos los integrantes de la comisión. Según supo la diaria por fuentes del oficialismo, en la coalición no se llegó a un acuerdo con Cabildo Abierto, ya que el partido liderado por Guido Manini Rios pedía que se incluyera la habilitación para que cableoperadores brinden internet.
A principios de agosto, Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, había señalado que ambos artículos eran perjudiciales para Antel porque creaban un “fideicomiso para universalizar las telecomunicaciones” y con eso obligaban a las empresas a llegar a todas partes del país, pero “Antel eso lo tiene, no es necesario, ya lo hizo con Universal Hogares”, comentó.