En la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta del 19 de octubre, la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi solicitó “darle prioridad” al proyecto de ley de modificación del Código Penal presentado por sus pares de Cabildo Abierto (Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano). La iniciativa busca que se habilite la prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años.
En la exposición de motivos del proyecto se argumenta su justificación “en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación del sistema carcelario, al que se adiciona el agravamiento generado por la emergencia sanitaria que vive nuestro país a partir de la pandemia”.
En cuanto a esto, los senadores cabildantes señalaron que se busca “proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de covid-19, en particular de nuevas cepas, en los establecimiento de reclusión”. “Y al mismo tiempo se trata de reducir la movilidad de quienes concurren a visitar a esa población privada de libertad, quienes, en la mayoría de los casos, se trata de cónyuges, parejas, familiares o amigos, quienes también están comprendidos en esa población de riesgo”.
En diálogo con la diaria, la senadora Bianchi aclaró que la bancada del PN aún no trató el tema y que su pedido para darle prioridad al proyecto fue a los miembros de la coalición que pertenecen a la Comisión de Constitución y Legislación. Más allá de eso, Bianchi subrayó que personalmente es partidaria de aprobar el proyecto y no tiene “problema” si se le quiere hacer algún ajuste, como, por ejemplo, que se aumente el mínimo de edad, de 65 a 70.
En cuanto a la exposición de motivos de CA, dijo que hay “razones más de fondo” para tratar el tema, porque “hay que resolver el problema después de 50 años”. “Ahora, lo que sí es una causa nacional, y nunca aceptaré ningún tipo de acuerdo, es con respecto a continuar con la búsqueda de los desaparecidos. Hasta que se pueda seguir trabajando, hay que seguir trabajando”, indicó.
Bianchi subrayó que “militó las dos veces” para anular la ley de caducidad, “pero el cuerpo electoral ambas veces la ratificó”. “En 1989, que yo militaba con Germán [Araújo] y recogimos las firmas y todo lo demás, pensé que la gente tenía miedo, pero después, cuando perdimos otra vez en 2009, con el Frente [Amplio] en el gobierno, quiere decir que el cuerpo electoral no quiere seguir discutiendo estos temas. Pero esa es mi opinión personal, no implica a nadie más del partido”, sostuvo.
Si bien la bancada de senadores del PN se suele reunir los lunes, ayer no lo hizo, y todavía no trató el tema colectivamente. El senador blanco Jorge Gandini subrayó en diálogo con la diaria que no participó en ninguna reunión en la que se acordara que se trate el proyecto como prioridad ni su apoyo. “Si el acuerdo es tratarlo rápido, es una cuestión de procedimiento. Si el acuerdo va más allá, habrá que discutir el contenido”, subrayó. En cuanto al tema de fondo, Gandini dijo que todavía no tomó posición pero tiene “algunas dudas importantes”, aunque no quiso adelantarlas, ya que las dirá cuando se reúna la bancada.
“No mejoraría el problema de fondo”
En tanto, el colectivo Memoria en Libertad, que nuclea a niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo Estado, expresó su rechazo al proyecto de ley, ya que, de aprobarse, “ampliaría a unos 200 presos esa condición”, entre los que se encuentran “los militares que cumplen condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, todos ellos, mayores de 65 años”.
El colectivo agregó que estos “pobres viejitos”, como “alguna vez los han llamado, para generar lástima en la sociedad, son militares que cometieron delitos que incluyeron secuestro, persecución, violación, tortura, prisión, asesinato, allanamientos domiciliarios y robo de bebés”. “Ellos no tuvieron en cuenta ningún principio humanitario cuando cometieron estos crímenes aberrantes por los que están hoy juzgados. Es contradictorio plantear la emergencia sanitaria, cuando CA, que es gobierno, sigue levantando restricciones impuestas por la covid-19, desde su Ministerio de Salud Pública, en la figura de su ministro, Daniel Salinas”, señalaron.
En cuanto al argumento de la superpoblación carcelaria, el colectivo sostuvo que “se cae por su propio peso”, ya que al abarcar a unos 200 presos de un total de 13.402, representa 1,5%, por lo tanto, “no mejoraría el problema de fondo”. “El hacinamiento carcelario es un problema de larga data en el país, vinculado a las distintas políticas punitivas llevadas a cabo desde la década de los 90 por los sucesivos gobiernos”, indicaron.
Además, señalaron que es “preocupante” que el presidente Luis Lacalle Pou tenga agendada una reunión el 8 de noviembre con la escritora Mercedes Vigil, representante del Foro de Montevideo, “organización que busca la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, mientras simultáneamente se presenta este proyecto en el Senado”. “Mientras tanto Crysol, organización que nuclea a los ex presos políticos, no ha recibido respuesta a su pedido de reunión y en Memoria en Libertad nunca se nos contestó el pedido de reunión solicitado en octubre de 2020 a la vicepresidenta Beatriz Argimón”, aseguraron.
Por último, el colectivo sostuvo que desde la coalición “se pretende legitimar socialmente, y a través de un discurso sensible y humanitario, la idea contenida en un proyecto que busca solucionar un problema de desamparo en una población en supuesta vulnerabilidad social, con un presidente que flecha la cancha para el lado de la impunidad y sólo escucha una versión de los hechos, dejando de lado la voz de las víctimas directas del terrorismo de Estado”.