La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados recibió a tres delegaciones para que brindaran su opinión sobre el proyecto de ley que busca crear la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios (Ursep). Tanto el Centro de Navegación (Cennave) –la cámara empresarial del sector marítimo y portuario– como las empresas Montecon –firma portuaria que opera con contenedores en los muelles públicos– y Supramar –del rubro logístico– manifestaron sus posturas contrarias a la formación del nuevo organismo, tema a estudio legislativo tras ser propuesto por el Poder Ejecutivo.
La exposición de motivos del proyecto de ley señala que el cometido de la entidad será “brindar asesoramiento técnico e imparcial al Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de Puertos [ANP]”. El asesoramiento será, entre otras cosas, sobre “la administración de los espacios portuarios”, “los títulos habilitantes (concesiones, permisos y autorizaciones) que se otorgan” y “el régimen tarifario”. Luego de la interpelación promovida por el Frente Amplio por el acuerdo que alcanzó el gobierno con Katoen Natie, que extendió la concesión de la terminal especializada del puerto hasta 2081, hubo debate a la interna de la coalición y, entre otras medidas, se impulsó este proyecto, que fue sugerido por el Partido Colorado.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión del miércoles, la presidenta del Cennave, Mónica Ageitos, opinó que “el proyecto de ley lo que hace es quitarle potestades a la ANP, que es el órgano que debería garantizar la libre competencia” en el puerto. Además, consideró que la Ursep significaría “un gasto innecesario”.
Ageitos señaló que “hoy el puerto se encuentra en las primeras planas de los diarios” debido al acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie, al nuevo protocolo de atraque de barcos portacontenedores y a los diferendos con los trabajadores, y consideró que el tema de la Ursep “sólo será un punto de conflicto más; no lo duden”.
El último artículo de los ocho que contiene el proyecto establece que el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Ursep, “podrá determinar restricciones o limitaciones a la actividad de aquellos operadores que no se encuentren habilitados por un contrato de concesión, a los efectos de que los concesionarios alcancen la escala necesaria para maximizar su eficiencia”.
La presidenta del Cennave consideró que “el artículo 8 es muy grave”, porque “indica que se puede violar la Ley de Puertos tantas veces como asesore la unidad reguladora”, ya que “se pretende establecer regímenes específicos de funcionamiento de las terminales portuarias bajo el régimen de concesión para incentivar la actividad de dichas terminales”. En este sentido, consideró que “lo único que se logrará con esto es terminar con la competencia en el puerto, ya que los operadores que no tengan concesión se verán perjudicados hasta desaparecer”. La interpretación es que dicha normativa favorece a Katoen Natie, que tiene la concesión de la terminal especializada en contenedores.
“El Poder Ejecutivo va a perjudicar a los que no tengan concesión, pero posean autorización o habilitación legalmente concedida, para favorecer a quienes tienen concesiones”, criticó Ageitos. “No me imagino a ninguna empresa que se vea seducida por un país con un régimen jurídico que no respeta las autorizaciones que otorga”, añadió, y concluyó que esto “solamente provoca incertidumbre e inseguridad para quienes apuestan a invertir en el país”, además de que “solapa las potestades de la ANP y provocará la pérdida de inversiones y puestos de trabajo”.
“Establece restricciones para los operadores”
La delegación de Montecon, integrada por el gerente general, Juan Olascoaga, y el asesor legal Gonzalo Lorenzo, también rechazó el texto del Poder Ejecutivo. El primero resumió que “es un proyecto altamente inconveniente”, que “busca enmendar o legitimar unos decretos” que entiende que “son ilegítimos”, en referencia a los emitidos en abril para validar las nuevas condiciones para la concesión de la terminal especializada y la preferencia en favor de Katoen Natie. Olascoaga consideró que el proyecto “es altamente inconveniente para el país, en la medida en que los decretos procuran o promueven un monopolio de los contenedores”.
Lorenzo, en tanto, señaló que el proyecto incluye normas “inocuas e inútiles”, en referencia a la creación de la Ursep, pero también cargó contra el artículo 8, que “trata de salvar lo que por la vía de facto se realizó mediante los decretos 114 y 115, es decir, favorecer la actividad de una terminal que, a su vez, también es operador [Katoen Natie], restringiendo la actividad de otros operadores”.
Lorenzo expresó que este artículo “viene a habilitar la existencia de privilegios para los operadores que tienen concesión, en perjuicio de los demás operadores que ya de por sí, naturalmente, compiten en inferioridad de condiciones” desde los muelles públicos. Subrayó que el proyecto no tiene como objetivo “crear una unidad reguladora asesora”, sino “establecer restricciones para los operadores que no sean titulares de una terminal especializada”.
Por su parte, Daniel Ualde, presente en la comisión en representación de la firma Supramar, dijo que la “primera impresión” del proyecto “es de dudas y, probablemente, de inconveniencia”, principalmente “sobre la real utilidad” de la Ursep, que opinó que sería “otra capa estatal más que se superpondría” a la que ya existe, en referencia a la ANP.