Una foto en blanco y negro de su época en el Partido Demócrata Cristiano, en la que está junto a Liber Seregni, se apoya en el mueble detrás de su silla de escritorio en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Ya no está en el partido de Seregni, más bien en la otra vereda, y afirma que el Frente Amplio (FA) cavó “una fosa” que lo distancia del resto de las fuerzas políticas. Forma parte de una coalición con partidos “ubicados a la derecha del espectro ideológico” pero afirma que desde el Partido Independiente (PI) que lidera son la “garantía” para evitar que haya “un gobierno conservador”. Pablo Mieres recibió a la diaria en su oficina y respondió sobre el funcionamiento de la coalición, las perspectivas para 2024, su visión crítica sobre la iniciativa que impulsa Cabildo Abierto y la futura reforma jubilatoria.
¿Cómo analiza el funcionamiento de la coalición de gobierno?
Yo creo que ha funcionado bien. Es una coalición heterogénea, como todas. En cualquier parte del mundo una coalición de gobierno implica que son varios partidos y por algo son varios partidos, porque tenemos diferencias, porque no somos iguales, porque tenemos miradas diferentes sobre la realidad. De hecho, el FA también lo es, más allá de que es un partido que nació como coalición y sigue manteniendo heterogeneidades. A partir de marzo de 2020 se establecieron dos bloques: el FA y la coalición. Con una diferencia, la coalición es coalición y cada partido mantiene su independencia, a tal punto que no hay una estructura de funcionamiento. Creo que fue un acierto de parte del presidente mantener un nivel de diálogo y de coordinación más laxo, eso ayuda a que al final las cosas fluyan de una manera más simple. De hecho, la coalición ha logrado votar tres normas claves: una es la ley de urgente consideración (LUC), otra el Presupuesto Nacional y otra la Rendición de Cuentas de este año. Ha demostrado tener una fortaleza en el núcleo duro de lo que significa una gestión y un programa de gobierno. Por supuesto que tenemos diferencias. ¿Estoy de acuerdo con el proyecto de ley que va a impulsar Cabildo Abierto (CA) sobre la prisión domiciliaria para mayores de 65 años? No. El Partido Independiente (PI) no está de acuerdo con ese proyecto de ley, lo votaría en contra si se somete a la consideración parlamentaria. Y debe haber muchos otros temas donde seguramente encontremos diferencias, porque es una coalición que va desde nosotros, que somos un partido de centroizquierda, socialdemócrata, hasta partidos que están mucho más ubicados a la derecha del espectro ideológico, aunque no les gusta que se lo digan.
Sobre el proyecto que menciona, si se cambia la edad de 65 a 70 años, como propuso el presidente Luis Lacalle Pou, ¿para ustedes influye en algo?
No sé, tendríamos que analizarlo. Lo que no nos gusta es que sea un proyecto de ley pensado en función de un determinado subconjunto de personas imputadas por delitos.
Por delitos de la dictadura.
Claro. Que está orientado a buscar una solución relacionada con personas que cometieron delitos de lesa humanidad.
¿Hicieron algún tipo de contacto para intentar que no prospere este proyecto?
No, simplemente hemos manifestado que no estamos de acuerdo. El proyecto está en el Senado, nosotros no estamos en el Senado, pero el día que se considere lo discutiremos. Pero esto está dentro de las prerrogativas de una coalición de gobierno que mantiene los compromisos en lo que fue el objeto del programa, es decir, el Compromiso por el País. Después cada uno tiene opiniones distintas sobre distintos temas y es razonable que así sea.
Los temas de la dictadura y la violación de derechos humanos han sido muy importantes en la discusión...
Y nosotros en esas cosas tenemos definiciones de marca, de origen, que obviamente el PI no va a cambiar.
¿Intentarán ampliar esa posición a otros ámbitos de la coalición para que este proyecto no prospere?
Por ahora no está en el debate.
Pero sin el voto del PI puede aprobarse.
Sí, veremos. Vamos a ver.
¿Cómo analiza el rol y el peso que ha tenido el PI en esta coalición?
Varios de nosotros estamos en roles relevantes, es decir, tenemos un diputado que ha tenido peso en toda la articulación de la votación particularmente del Presupuesto y la Rendición de Cuentas pero también de la LUC, que es Iván Posada, que hoy en día es el tipo probablemente con mayor experiencia en el Parlamento. O sea que tenemos uno pero que vale por varios. A mí me tocó el MTSS que es una pieza clave en un gobierno, con las características que tiene este gobierno. Y tenemos a Mónica Bottero encargada del Instituto de las Mujeres, que es una garantía de la mantención de la agenda de derechos en materia de género y equidad. Y con Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas esos avances que se hicieron en la normativa vinculada al consumo de cannabis, lejos de retroceder, se han afianzado y siguen para adelante. Y Conrado Ramos en la Oficina Nacional de Servicio Civil impulsando una agenda de modernización del Estado. Yo siento algo: obviamente no tuvimos mucho eco electoral en 2019 pero nosotros decíamos que éramos la garantía del cambio y ese era nuestro eslogan de campaña, y creo que hemos cumplido con ese mandato, con ese compromiso que asumimos, es decir, garantizar que un gobierno de cambio era un gobierno que no implicaba retrocesos en materia de derechos, que no implicaba un gobierno conservador, sino un gobierno que siguiera adelante en una dinámica en donde había y hay que hacer cambios, y esos cambios tienen un tono que podemos decir que es una coalición de centro. Eso es lo que nosotros sentimos que estamos aportando en este gobierno y que lo estamos haciendo con comodidad, porque cuando hemos planteado cosas hemos tenido eco y toda la política de relaciones laborales, por ejemplo, y en lo vinculado a la política de género, han tenido respaldo.
¿Cómo imagina al PI de cara a 2024?
Hoy estamos trabajando en esto. De aquí a 2024 veremos cómo se procesa el camino político y electoral. El partido obviamente tiene su propia identidad y sus propias definiciones y en función de eso hoy estamos comprometidos con esta gestión. Si no hubiera ningún cambio con respecto a cómo estamos viendo hoy la ejecución del programa de gobierno, lo más probable es que eso se proyecte hacia adelante, pero falta mucho tiempo.
O sea, un PI que...
Que puede seguir formando parte de una coalición en un futuro gobierno.
¿Con estos mismos partidos?
Puede ser, porque, de hecho, si el resultado es exitoso, y nosotros nos sentimos coconstructores de eso, es razonable. En cualquier caso, yo creo que el escenario de 2024 implica que cada partido de la coalición va a tener su propia formulación electoral.
El FA ha perdido votos y tal vez pueda pasar que en 2024 intente acercarse al PI.
Eso hoy no está arriba de la mesa para nada. Yo creo que si algo ha hecho el FA es cavar una fosa cada vez más profunda en su vinculación con el resto del sistema político. Todo el discurso del FA y los planteos han estado mucho más orientados a marcar distancia con toda la coalición de gobierno y decir cosas muy duras e injustas sobre la coalición de gobierno. Esa ha sido la estrategia del FA, claramente.
En cuanto al proceso hacia la reforma jubilatoria, el FA y el PIT CNT anunciaron que no están de acuerdo con las propuestas oficialistas en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS). ¿Este era el escenario que preveían?
Era un escenario posible. Cuando se elaboraron los artículos que establecen la creación de la CESS que están establecidos en la LUC y que no fueron objeto del recurso de referéndum, nosotros quisimos tener la posibilidad de que hubiera un acuerdo general sobre la reforma de la seguridad social y por eso el diseño de los 15 nombres que integran la CESS pretendió ser muy representativo del sistema político y de los actores sociales. A tal punto que nosotros demoramos cuatro meses en poner a andar la comisión porque el FA demoró esos cuatro meses en transmitirnos quiénes iban a ser sus representantes. Y nosotros no quisimos empezar a trabajar sin la participación de todos, nos parecía que era importante. Ahí hubo una señal clara de que el gobierno quería una participación plural y que no pretendía dejar por el camino a nadie. Y hubo un trabajo de diálogo, de intercambio, eso está reconocido por todos. La cantidad de entrevistas que la CESS mantuvo con actores sociales de todos los tipos es impresionante. Ya cuando se votó el diagnóstico, que fue allá por marzo, la señal fue que el FA y el PIT CNT y el representante de los jubilados votaron en contra, no acompañaron a pesar de que se hizo un gran esfuerzo para tratar de lograr un entendimiento. Entonces, cuando no hay sintonía en el diagnóstico, es difícil que haya sintonía en la propuesta, porque se supone que la propuesta se construye a partir de un diagnóstico. Por lo tanto, no me extraña que tengamos al final una situación de diferenciación. De todas maneras, estas son las recomendaciones, que todavía no se votaron. Se está en una etapa de diálogo sobre una propuesta final. Y obviamente esas recomendaciones van al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, y a partir de allí viene otra etapa que es cómo el gobierno traduce esas recomendaciones en un proyecto de ley, que va a llevar su tiempo.
Una vez que el gobierno tome ese documento y elabore un proyecto de ley, ¿sale con los votos de todos o no sale? ¿O puede que se apruebe sólo con los votos del oficialismo?
Creo que una reforma de la seguridad social lo mejor sería que fuera una política de Estado. Ahora, también es cierto que es ineludible la reforma, pero no es algo dicho por nosotros, sino que fue dicho también por el gobierno anterior. Del lado del FA se supone que no se discute la necesidad de una reforma. Yo creo que estas reformas que llevan consigo consecuencias de larga duración, cuanto más consensos mejor, pero eso no puede ser al precio de que no se haga, y ahí hay un dilema que tendremos que resolver cuando el proyecto de ley esté en el Parlamento.
¿Hay que hacer una reforma en la Caja Militar?
Sí, dentro de las recomendaciones se incluyen cambios en la Caja Militar como también en las otras, porque la reforma tiene que ser de todo el sistema, que incluye el Banco de Previsión Social (BPS), las tres cajas paraestatales y los dos servicios de retiro.
La consulta es porque el diálogo por ese asunto podría ser difícil con CA.
Puede ser, pero de cualquier manera, ya en las recomendaciones, por lo que yo he leído, hay referencias a modificaciones en la Caja Militar que obviamente deberán ser analizadas. El criterio general, sin entrar en el detalle, es que los cinco subsistemas que van más allá del BPS tengan criterios que vayan en una línea de convergencia en cuanto a reglas generales con el régimen general del BPS. Eso es un postulado general que después lo tenés que aterrizar y podrás llegar más lejos o más cerca con las medidas pero es el espíritu con el que hay que analizar la reforma.
¿El gobierno se planteó cuándo enviar el proyecto de ley?
Seguramente en la gestión del Parlamento del año próximo.
Si se llegara a extender la discusión, ¿no se ingresaría en un proceso ya casi de inicio de campaña electoral que puede perjudicar el debate?
Estas reformas no son fáciles, nunca, y obviamente a nivel parlamentario yo podría decir que cuanto más cerca estás de la próxima elección más difícil es que haya consensos para aprobarla. Pero nuestra responsabilidad es que el gobierno va a presentar un proyecto de reforma en los primeros meses del año que viene, es decir, en lo que demore en elaborar el proyecto.
Una de las principales críticas es por subir la edad de retiro a los 65 años. ¿Puede haber algún tipo de modificación en eso?
Eso hay que analizarlo cuando lleguen las recomendaciones y discutirlo. A mí me parece que el mundo y las características demográficas indican que en realidad la actividad se extiende mucho más y la expectativa de vida también, por lo tanto, es razonable, con los debidos recaudos temporales, porque vos no le podés cambiar la edad de retiro a alguien que está cerca de la edad jubilatoria. Lo han dicho dirigentes de todos los partidos, la expectativa de vida se corre cada vez más, la capacidad de actividad de la persona se corre cada vez más, y de hecho la edad jubilatoria real promedio en Uruguay no es 60, que es la edad legal, sino 62 o 63.