Cabildo Abierto (CA) quiere avanzar en la búsqueda de consensos para que se apruebe en el Senado su proyecto de ley de Suelos de Prioridad Forestal, que a finales del año pasado había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con sus votos, los del Frente Amplio (FA) y los del Partido Ecologista Radical Intransigente, pero que tanto el Partido Nacional (PN) como el Partido Colorado habían criticado e incluso el presidente Luis Lacalle Pou dijo que lo vetaría en caso de que fuera aprobado como salió de la cámara baja.
En el afán de conseguir los votos de los otros partidos oficialistas, CA se mostró dispuesto a aceptar modificaciones en su proyecto, algo a lo que también accede el FA. El senador cabildante Guillermo Domenech dijo a la diaria que “seguramente” se retire del texto el segundo artículo, que dice que la superficie para proyectos forestales no podrá superar el 10% del territorio nacional bajo explotación agropecuaria.
Según manifestó, sacar ese artículo es lo que “ha pedido algún legislador”, entre ellos del PN, y aseguró que su fuerza política no tiene “inconveniente” en acceder a esa solicitud porque “no es esencial” en el texto.
La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado acordó continuar recibiendo delegaciones relacionadas con el tema en las dos próximas sesiones y luego se pondrá a votación el proyecto. CA espera que el texto pase a consideración del plenario antes de que cierre el año. De hecho, sus votos y los del FA alcanzan para aprobar el proyecto. A pesar de que la idea de los liderados por Guido Manini Ríos es llegar a un consenso entre todos los partidos, Domenech comentó que se aprobará “con los votos de quien comparta la iniciativa”. En este sentido, reiteró que esta iniciativa es “muy importante” para su partido.
Pero el plan de CA de obtener los votos de todos los partidos podría naufragar. El PN se encuentra a la espera de “una serie de decretos vinculados a la forestación” que está elaborando Presidencia en conjunto con los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Ambiente, según informó a la diaria el senador Gustavo Penadés.
“Se está analizando el tema en conjunto con Presidencia”, dijo Penadés, quien afirmó que se está “esperando a conocer” los textos “para ver si es necesario o no ahondar sobre legislación al respecto”. Una vez que estén prontos los decretos, “ahí vamos a ver si es necesaria o no esa ley”, dijo el senador nacionalista.
El senador del PN Sebastián da Silva dijo a la diaria que “el acuerdo es terminar de escuchar a todas las partes y después empezar a negociar”. Concordó “en que hay consenso” en sacar el segundo artículo del proyecto, que también fue criticado por otro nacionalista que integra la comisión, Sergio Botana, que durante una sesión de agosto dijo que coincidía con el resto del proyecto.
Sobre el texto de CA, respondió que no hay una posición unánime dentro del PN. “Incluso entre nosotros algún matiz tenemos, como los debe tener el FA”, expresó. A su vez, Da Silva dijo que “si tuvo algo de positivo la discusión” de este proyecto “es que en paralelo” hay “reglamentaciones nuevas de parte del MGAP y del Ministerio de Ambiente que van en la dirección que busca el proyecto”. En la misma línea que Penadés, adelantó que “va a venir” nueva reglamentación sobre el tema.
Los votos están
Alejandro Sánchez, senador del FA y presidente de la comisión que tiene a estudio el proyecto, confirmó que “el primer jueves del mes de diciembre” se pondrá a consideración el texto dentro del grupo reducido de legisladores. Reiteró que su fuerza política tiene “un visto bueno en general” más allá de “algunos cambios”, y expresó: “Acá no se está en contra de la forestación, sino que se está tratando de regular un modelo forestal que se basa en madera para la celulosa que requiere una alta densidad de árboles por hectárea y lo que estamos pensando es que ese nivel de densidad se realice en las zonas de prioridad forestal”.
“Lo que se trata también es de preservar las mejores tierras de Uruguay para la producción de alimentos”, expresó, y agregó: “Nos parece que esta ley va en este sentido; no es una prohibición de la forestación, sino un ordenamiento y una regulación de los usos de los suelos”.
En cuanto al segundo artículo, Sánchez reconoció que generó “alto debate” y dijo que en su fuerza política están “abiertos a discutir” sobre ese punto, aunque llamó a una consideración “más integral” del texto. Además, ratificó que el FA también tiene el objetivo de que se apruebe con “los mayores respaldos”.
“Contrarios por principios”
Durante su sesión del jueves, la comisión recibió a una delegación de Un Solo Uruguay. Según la versión taquigráfica a la que accedió la diaria, el dirigente de la agrupación Guillermo Franchi manifestó que son “contrarios por principios” a “la intervención y a la regulación del Estado en los sistemas productivos”, aunque “en este caso” es “necesario hablar de un problema económico –que es el gran problema del sector forestal de Uruguay– que se transforma en un problema productivo”.
“No nos parece lógico que se diga que la forestación en Uruguay puede ser de hasta 10% del área. ¿Por qué 10% y no 9,5% o 11,3%? No pude encontrar ningún criterio técnico que explique el porqué de ese porcentaje”, añadió luego.
Tras la exposición de Un Solo Uruguay, Domenech pidió la palabra para “aclarar que este proyecto de ley no es contra la forestación, sino que pretende un ordenamiento –como los planes de uso y manejo de suelos– de la utilización de las tierras en Uruguay para que aquellas que puedan utilizarse para la producción de alimentos se reserven para ese fin, que pensamos que es más noble y económicamente va a ser más rentable”.
Franchi respondió que “es un error conceptual que senadores y diputados intervengan –porque termina siendo una intervención en el negocio– con ese afán de tratar de cuidar recursos”. Según dijo, “nadie va a cuidar más el recurso que el propio dueño de la tierra” porque, si no, “lo paga inmediatamente”. “¿Por qué yo puedo plantar en mi campo 8% por fuera de la prioridad forestal? ¿Por qué 8%? ¿Por qué no 11% o 5%?”, preguntó en referencia al artículo 3 del proyecto, que dice que “la superficie destinada a bosques de servicio en cualquier predio agropecuario no podrá superar el 8% de la extensión total del mismo, cuando se ubiquen en suelos fuera de prioridad forestal”.
Domenech volvió a tomar la palabra y dijo que “es un profundo error señalar que el Estado no puede intervenir estableciendo normas para la producción”, entre otros motivos, porque “el derecho de propiedad tiene una dimensión individual y también una dimensión social que no se puede negar”. “Yo no puedo hacer con mi campo, con mi casa ni con mi auto lo que se me da la gana, sino que tengo que respetar normas”, expresó.