La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados está por finalizar el análisis del proyecto de ley que busca regular la publicidad oficial. La iniciativa fue presentada el año pasado por legisladores del Frente Amplio (FA); lo que resta ahora es pasar raya de los planteos realizados por las diversas delegaciones que fueron al Parlamento a opinar sobre el proyecto y evaluar posibles cambios.
El diputado del Partido Nacional y presidente de la comisión, Álvaro Dastugue, dijo a la diaria que si bien todavía no hay una posición oficial del partido, porque el tema no se ha dialogado en la bancada, “en líneas generales” está de acuerdo con la iniciativa. El proyecto fue redactado originalmente por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y posteriormente fue retomado por los legisladores del FA Javier Umpiérrez y Pablo Inthamoussu.
Dastugue recordó que el proyecto llegó a aprobarse en la cámara baja en 2018, pero posteriormente no prosperó en el Senado y se archivó. En ese momento, la oposición había discrepado con la inclusión de las intendencias como sujetos obligados, algo que el actual proyecto no incluye. Para Dastugue, se trata de “un escollo menos para llegar a un acuerdo”.
Por su parte, Umpiérrez dijo a la diaria que incorporar a las intendencias a la regulación “sería lo más justo”. No obstante, señaló que, si no hay acuerdo con la oposición, el oficialismo –que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados– no va a “hacer naufragar el proyecto” por esa razón. “Veremos después en el conjunto qué opinan sobre eso, pero en principio no lo incorporamos; podemos hacer una discusión en la comisión y si no hay mayorías importantes, lo dejaríamos por fuera”, expresó.
El papel del Tribunal de Cuentas y el porcentaje para el interior
Tanto Umpiérrez como Dastugue están trabajando en las modificaciones que se le harán al proyecto con base en los planteos que dejaron las delegaciones que pasaron por la comisión. Umpiérrez dijo que los “cuestionamientos más grandes” tienen que ver con “algunos organismos del Estado que no están en condiciones de llevar adelante las potestades que nosotros les queremos trasladar”.
Uno de estos organismos es la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), cuyas autoridades señalaron en el Parlamento que el proyecto establece competencias que “exceden el ámbito de la contratación pública” que lleva adelante el organismo y “requieren conocimientos en materias como comunicación pública, planificación de medios, análisis de audiencias, estudios de mercado publicitario, evaluación de campañas y seguimiento de la distribución efectiva de la pauta”.
Esto fue planteado en la comisión por la directora de ARCE, la contadora Isis Burguez, en referencia al artículo 12 del proyecto. Dicho artículo establece que, con el objetivo de “contar con insumos adecuados, suficientes y confiables para una adecuada, eficaz y eficiente asignación de dineros públicos destinados a publicidad oficial”, se invertirá, de manera anual, el 3% del monto total presupuestado para publicidad oficial en la “realización de estudios, análisis y encuestas de alcance nacional y departamental sobre lectorías, cobertura y penetración de los medios gráficos, cobertura y audiencia de los medios radiales, audiencia televisiva en sus distintas modalidades, consumo y uso de otros soportes, servicios y aplicaciones en internet y publicidad en vía pública, así como la realización de estudios sobre consumo cultural e informativo de la población”.
El proyecto establece que será ARCE quien administre ese fondo, pero Umpiérrez adelantó que uno de los cambios que se le harán a la redacción es que esa competencia quede asignada a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
A su vez, el artículo 13 dispone que, “sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas”, ARCE se encargará de evaluar el “debido cumplimiento” por parte de “todos los sujetos obligados, de los principios y criterios exigidos” para “la planificación, contratación y distribución de publicidad oficial en medios de comunicación y otros soportes de comunicación”.
En la comisión, Burguez apuntó que ARCE “no es un organismo de control en la contratación pública”. Señaló que su rol “es principalmente rector, normativo, asesor y de generación de capacidades institucionales”, al tiempo que “el control externo de legalidad y regularidad de los procedimientos de contratación corresponde fundamentalmente al Tribunal de Cuentas”. Por esa razón, Burguez consideró que “legislar en un sentido diverso” a la normativa vigente con respecto al Tribunal de Cuentas “no sería recomendable”.
Ante este planteo formulado por ARCE, Umpiérrez dijo que si bien aún no se ha reunido con el resto en la bancada del FA, el cambio que él propondrá es “darle algunas potestades al Tribunal de Cuentas como organismo de control”, ya que ARCE advirtió que “el control no es una cosa que ellos puedan actualmente llevar adelante”.
Desde el Tribunal de Cuentas dijeron a la diaria que desconocen el contenido del proyecto y, por lo tanto, cuál sería el alcance de las nuevas tareas de contralor. Umpiérrez comentó que en los próximos días hablará con el Tribunal de Cuentas para transmitirle su propuesta y ver si “estarían dispuestos a llevarlo adelante”.
Por otro lado, la Organización de la Prensa del Interior propuso en el Parlamento aumentar el porcentaje de publicidad oficial que se destina a los medios del interior de 30% a 50%. Consultado al respecto, Umpiérrez dijo que, “en principio”, no ve “viable” esa propuesta. “Esto no aplica como un subsidio encubierto, como está haciendo actualmente el artículo 774, [que establece un 20%], que es el que tenemos vigente”, y agregó que “por ese motivo no ha dado respuesta y no ha servido la distribución de la publicidad oficial con esa lógica de subsidio”.
El diputado del FA afirmó que la nueva regulación “tiene que aplicar como una política eficaz, eficiente, que realmente cumpla con la función y sea más justa, pero no como un subsidio”.
Para Umpiérrez, “no porque en el interior hay 50% de la población, tiene que ir el 50%” del monto de la publicidad oficial”, que fue el argumento manejado por la prensa del interior. “La lógica es ver si con ese 30% nosotros realmente damos respuesta a la demanda del interior”, apuntó.