En marzo de 2019 el Estado uruguayo ganó el litigio internacional iniciado por Italba Corporation. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –organismo arbitral que depende del Banco Mundial– no dio lugar al reclamo de la empresa transnacional de telecomunicaciones y determinó que esta debía pagar al Estado casi seis millones de dólares por los costos de la demanda. Sin embargo, a casi tres años de ganado el juicio, Uruguay sigue sin cobrar lo dispuesto en el arbitraje.
El 6 de diciembre, según consignó la revista especializada Global Arbitration Review (GAR), el gobierno uruguayo, representado por los estudios jurídicos Sequor Law y Foley Hoag, presentó una acción de ejecución ante un tribunal de Florida para lograr el pago de los 5.885.344 dólares.
La demora del cobro está atada al proceso de apelación que inició la empresa estadounidense tras perder el juicio. En diciembre de 2019 el Ciadi desestimó la solicitud de anulación del fallo, ya que la empresa no había abonado los costos que se solicitaban para esta instancia, y en junio del año pasado, por el plazo que establece el organismo, finalizó ese proceso, explicó la politóloga Natalia Carrau, integrante de Redes - Amigos de la Tierra Uruguay e investigadora de acuerdos comerciales e internacionales.
A pesar del desenlace desfavorable para Italba, que en su demanda se amparó en el tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, su fundador, el italiano Gustavo Alberelli, manifestó el año pasado en una “carta de activación” su intención de presentar una nueva demanda, esta vez haciendo referencia al tratado bilateral de inversiones entre Italia y Uruguay, informó GAR. Según explicó Carrau, el tratado con el país europeo establece que para iniciar una demanda ante el Ciadi debe haber un período de negociaciones previas por un plazo de seis meses y el caso debe presentarse en un tribunal nacional en un plazo de 18 meses. Al momento no figura el inicio de demanda en la página web del Ciadi.
Para la politóloga, en los últimos diez años se empezó a registrar una tendencia de empresas que presentan demandas sin tener un “caso sólido”, en términos del Ciadi. “Si se acepta una demanda bajo el amparo del tratado bilateral de Italia, el Ciadi estaría aceptando y legitimando a una empresa que no pagó lo que tenía que pagar a un país, luego de un laudo que ese mismo organismo expidió. [Italba] no es solvente, no pudo seguir adelante con un pedido de anulación porque no pagó los costos, y la demanda es financiada por un fondo de inversión que nadie conoce”, señaló, y consideró que el organismo no debería aceptar una demanda en esos términos.
Los conflictos entre transnacionales y estados no siempre terminan en arbitrajes internacionales; en muchos casos tan sólo quedan en meras declaraciones. “Cuando hablamos de amenazas lo hacemos pensando en la forma de operar de las empresas transnacionales en relación a las políticas domésticas, a la regulación de los estados que no les gustan y al poder que ejercen”, señaló. Un ejemplo de ello, agregó, fue el accionar de la empresa belga Katoen Natie, que “hace muchos años viene amenazando con la posibilidad de ir a un arbitraje” por discrepancias con la política portuaria. Esto derivó en el acuerdo que firmó con el gobierno este año, que generó diversas polémicas.
Carrau señaló que las amenazas son la “política blanda” de las empresas privadas transnacionales; en cambio, la “artillería pesada” termina siendo los arbitrajes. En el informe Uruguay: ¿caso de éxito? Monitoreo de demandas de empresas transnacionales a Uruguay, de Redes Amigos de la Tierra, publicado en mayo del año pasado, la politóloga destaca el crecimiento que han tenido este tipo de demandas en la región; de 1996 a 2006 fueron 91 y de 2009 a 2019 la cifra creció a 165, según información del Transnational Institute. El aumento de demandas a nivel regional, agrega la politóloga, coincide con lo que sucedió en Uruguay en ese plazo.
El fallo: no controlaba ni era accionista de Trigosul
Italba es una empresa de telecomunicaciones norteamericana que en 2016 demandó a Uruguay luego de que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) decidiera revocarle la licencia para brindar servicios de banda ancha satelital a Trigosul, su empresa subsidiaria.
La Ursec le quitó los permisos otorgados desde 2000 tras constatar un incumplimiento en la prestación de su principal servicio. Según consta en el laudo del Ciadi, el organismo regulador argumentó que realizó una inspección en la dirección que había reportado la empresa en el Centro de Montevideo y constató que no estaba radicada allí. Asimismo, se advirtió que la última declaración jurada que hizo Italba fue en 2009. La empresa, en tanto, argumentó que había comunicado mediante una carta su nueva locación en Maldonado. De todas formas, la Ursec entendió que la respuesta de la empresa no era pertinente ni tenía la autorización para trasladarse.
La empresa recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en 2014 falló a favor de la empresa norteamericana, y el Poder Ejecutivo dispuso a la Ursec devolverle la licencia, pero la empresa ya había comenzado a recorrer el camino para iniciar arbitraje.
El caso fue aceptado por el Ciadi y finalmente el tribunal arbitral concluyó que no tiene jurisdicción sobre los reclamos contra el Estado uruguayo porque “no existe en el expediente evidencia alguna que le permita concluir que, efectivamente, Italba controlaba a Trigosul”, y “con base en el criterio de los aportes de capital, tampoco es posible afirmar que Italba sea accionista de Trigosul”.