“El Estado debe asumir un rol proactivo asumiendo nuevas transferencias destinadas a aquellos que carecen de la cobertura social necesaria para afrontar la coyuntura sanitaria y sus consecuencias”, expresó el Partido Independiente (PI) en un documento que presentó el jueves y fue elevado al Poder Ejecutivo. Contiene una batería de medidas que apuntan a los trabajadores informales que quedaron sin ingresos y a las empresas de pequeño porte afectadas por la pandemia.
El planteo del PI tiene similitudes con las medidas presentadas días atrás por el Partido Colorado (PC) y también con ideas que trasladó Cabildo Abierto (CA) al gobierno. Así las cosas, los tres socios principales –el otro es el Partido de la Gente– del Partido Nacional (PN) en el gobierno multicolor han reclamado un mayor gasto social y ayudas mediante exoneraciones para las empresas. El presidente Luis Lacalle Pou dijo la semana pasada que las propuestas de los demás partidos “son bienvenidas” pero que habrá que ver “qué margen hay” para implementarlas.
El líder del PI y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, encabezó la presentación de las medidas junto al diputado Iván Posada y otros dirigentes. El legislador señaló que “el país está en crisis por la pandemia”, que provocó variados “impactos económicos y sociales”, por lo que hasta que se complete la vacunación y se vuelva a la normalidad “hay que dar respuestas” a las personas y empresas afectadas.
¿Qué propone el PI? Por un lado, generar un subsidio de 4.200 pesos por tres meses para unos 300.000 trabajadores informales que quedaron sin ingresos a raíz de la pandemia y no recibían hasta ese momento ningún tipo de asistencia social. Este grupo de personas recibe hoy del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) una ayuda alimentaria de 1.200 pesos, y la propuesta es elevar ese monto hasta la canasta básica de alimentos per cápita promedio. Se pagaría con la misma tarjeta utilizada por el Mides e implicaría “una inversión social de 90 millones de dólares”, unos 21 millones de dólares más por mes de lo destinado actualmente.
Otra medida apunta a “la integración social y laboral”, ya que la idea es crear un “registro de trabajadores informales” para brindarles “programas de apoyo a la formalización y vinculación permanente”. Mieres expresó que por intermedio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) es posible brindar cursos y apostar a la formalización mediante el monotributo o la formación de microemprendimientos. Igualmente, el PI señala que se podría analizar “generar nuevos caminos o modalidades concretas de formalización laboral”.
Por otra parte, para las micro y pequeñas empresas (mypes) se plantea una batería de medidas vinculadas a exoneraciones impositivas. Posada señaló que el actual régimen de tributación ficta del IRAE –impuesto que pagan las empresas en función de sus ganancias– “es perverso”, porque no tiene franjas progresivas de imposición como el IRPF que pagan los trabajadores. A modo de ejemplo, si una empresa factura poco más de dos millones de unidades indexadas (UI) –unos 225.000 dólares– en un año, liquidará impuestos en base a una renta ficta de 36%.
La tributación progresiva sería pagar sobre la base de una renta ficta de 13,2% hasta el monto límite –dos millones de UI, siguiendo con el ejemplo– y desde esa cifra se comienza a aplicar la tasa superior. El PI propone implementar este método. Además, pide que para los servicios públicos se aplique la tarifa residencial a las mypes por un año, que es más barata que la tarifa industrial.
A su vez, propone “reducción a tasa cero de los aportes patronales a la seguridad social de las mypes” del sector comercio e industria por un año. Eso significa una renuncia fiscal por parte del Banco de Previsión Social (BPS) de unos 50 millones de dólares. Otro planteo del PI es generar un “régimen de facilidades para las deudas generadas” con el BPS y la Dirección General Impositiva (DGI) hasta diciembre de 2020, permitiendo a los contribuyentes sin deudas previas pagarlas en hasta 12 cuotas sin interés tras convertir el monto a UI.
En tanto, el partido socio de la coalición multicolor solicita “analizar la viabilidad de una licencia fiscal”, es decir, una exoneración total de los aportes al BPS y la DGI, de las empresas “que tuvieron nula o escasa actividad desde el inicio de la pandemia”.
Iniciarán ronda con legisladores del oficialismo
Mieres fue consultado tras la presentación sobre la reacción del gobierno ante los pedidos de mayor gasto de los socios de la coalición, y respondió que “la manera y mecanismo” para procesar esos planteos es “resorte del presidente”. Igualmente, el PI comenzará una ronda de conversaciones con legisladores de los demás partidos en busca de acuerdos. “Cada socio tiene su impronta y sus propuestas”, admitió el ministro.
Por otra parte, tanto Mieres como Posada respaldaron “la conducción económica” y las expresiones de la ministra Azucena Arbeleche sobre el cumplimiento de las metas fiscales –ante una pregunta sobre lo dicho por CA, que hay que gastar más incluso si se pone en riesgo el grado inversor–. “No hubo retaceo de recursos por la pandemia, y la principal política social fueron los seguros de desempleo”, que se extendieron más allá del plazo legal, destacó el diputado del PI.
Sobre este tema, Mieres aseguró que hay voluntad de prorrogar los subsidios para los trabajadores hasta que la situación se normalice, y recordó que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de extenderlos hasta octubre. Justamente eso planteó el PC dentro de la batería de medidas que elevó al Ejecutivo, junto con ayudas para empresas y la creación de un fideicomiso con ahorro privado para realizar obras de infraestructura. En el caso de CA se puso el foco en la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas.