Al mes siguiente de que se constataron en Uruguay los primeros casos de coronavirus, a iniciativa del gobierno el Parlamento aprobó la creación del Fondo Solidario Covid-19, que incluyó un impuesto transitorio por dos meses que abarcó a los sueldos públicos y jubilaciones mayores a 120.000 pesos. Este martes, y tras anunciar una serie de nuevas medidas para reducir la movilidad ante el aumento de casos, el presidente Luis Lacalle Pou informó que el tributo “se reinstalará en las mismas condiciones por dos meses”.
Esta es hasta el momento la única medida de carácter recaudatorio que tomó el gobierno desde el inicio de la pandemia, y según los informes de la Dirección General Impositiva (DGI) aportó el año pasado a las arcas del Estado unos 1.315 millones de pesos —equivalentes a 31,3 millones de dólares al valor promedio de la divisa en 2020—.
El Poder Ejecutivo, según supo la diaria, está trabajando en la forma de implementación de las medidas anunciadas por el presidente. Es decir que todavía no hay detalles del nuevo impuesto, pero siguiendo las palabras de Lacalle Pou se puede prever que abarcará al mismo grupo de trabajadores y jubilados.
- Leé más sobre esto: Trabajadores podrán ausentarse hasta cuatro horas de sus trabajos para vacunarse, según proyecto del MTSS
El artículo 3 de la ley de abril de 2020 estableció: “Créase un impuesto, de carácter mensual, que gravará, en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, personas de derecho público no estatal y entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria”. En definitiva, todos los funcionarios cuyas retribuciones sean superiores a 120.000 pesos, y se indicó que nunca el descuento puede hacer que una persona cobre por debajo de 80.000 pesos.
El tributo se compuso de cuatro franjas de aportes: 5% hasta 130.000 pesos, 10% hasta 150.000 pesos, 15% hasta 180.000 pesos y 20% para los salarios mayores. Además, se estableció una tasa fija de 20% para los funcionarios que desempeñan tareas en el exterior y los cargos de designación política. Las mismas franjas rigen para las jubilaciones, es decir que quedaron gravadas aquellas por encima de 120.000 pesos.
Según datos de la DGI, el impuesto a los salarios públicos recaudó 19,1 millones de dólares y el aplicado a las jubilaciones altas aportó 12,2 millones de dólares. Tomando el mes de junio, en el cual alcanzaron el mayor monto, la suma de ambos equivale a 4% de lo ingresado a las arcas del Estado por el IVA, o a 12% del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en sus dos categorías.
El debate por la medida y las alternativas
En virtud del peso marginal del tributo, en las últimas horas se volvió a debatir entre economistas —al igual que ocurrió al inicio de la pandemia— sobre la conveniencia de la medida y las posibilidades de sumar al impuesto a los trabajadores de la actividad privada, algo planteado por varios dirigentes del Frente Amplio (FA).
El contador especializado en tributación Gustavo Viñales señaló, antes de que se conociera el anuncio, que “el impuesto a los sueldos sigue vivo” y lo consideró “de pésimo diseño”. Sostuvo en su cuenta de Twitter que “no se utiliza en ninguna parte del mundo” y que “sería bueno que antes de volver a proponerlo [las autoridades] se pregunten” por qué ocurre eso.
El “impuesto a los sueldos” sigue vivo en muchos uruguayos que lo proponen como solución en cada momento de crisis.
— Gustavo Viñales (@Vinalesgustavo) March 23, 2021
Es un impuesto de pésimo diseño y no se utiliza en ninguna parte del mundo.
Seria bueno que antes de volver a proponerlo se pregunten ¿porque nadie lo aplica?
En respuesta a esto, la directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki, planteó “poner una franja más al IRPF o aumentar las tasas a los tramos más altos”, en línea con la postura de incluir a los sueldos privados y de mantener las características de un tributo ya vigente que grava los ingresos de las personas. Viñales consideró “viable un complemento transitorio en el IRPF, por cambio de tasas, franjas mínimo no imponible o un mix de esos elementos”.
El IRPF grava las rentas derivadas del trabajo y el capital, y para las primeras tiene un sistema progresional de franjas, que grava a partir de 34.090 pesos con tasas que varían entre 10% y 36%.
El martes de noche, tras la conferencia del presidente, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, dijo a la diaria sobre la medida: “Lo mismo dijimos la otra vez; no es una cosa que nos guste ni que vamos a aplaudir, [aunque] nos parece que esos salarios pueden aportar algo. Pero nos llama la atención que sean sólo los sueldos públicos y no se aplique un impuesto de similares características a los sueldos gerenciales privados, y que nuevamente el gran capital no va a hacer ningún aporte”.
Según datos de la DGI, el impuesto a los salarios públicos recaudó 19,1 millones de dólares y el aplicado a las jubilaciones altas aportó 12,2 millones de dólares
El dirigente sindical señaló que “se debe saber claramente a dónde va destinado lo que se recauda”, para conocer “si va a los sectores más desprotegidos o a seguir exonerando al gran capital”.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), si bien presentó algunas cifras del Fondo Covid-19, aún no hizo una rendición de cuentas que incluya un detalle de los ingresos, algo que se prevé que hará después de que se levante la emergencia sanitaria. Al hacer los anuncios, Lacalle Pou señaló que “lo recaudado” en un mes del tributo es similar “a lo que vamos a aumentar las asignaciones familiares del Plan de Equidad”.
Esto último refiere a que el gobierno volverá a aplicar una medida que utilizó el año pasado: duplicar los montos de las asignaciones familiares y las canastas de alimentación, llegando a una población objetivo de 500.000 personas, señaló el presidente. La primera prestación que paga el Banco de Previsión Social son 1.922 pesos mensuales, y pasará a 3.844 pesos, mientras que la segunda es brindada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y pasará de 1.200 a 2.400 pesos.
En la presentación que hizo en febrero, el MEF incluyó una hoja con los gastos del Fondo Covid, donde el rubro “medidas Mides” —que abarca las asignaciones familiares y otras medidas sociales— significó al cierre del año unos 144 millones de dólares.
En el informe sobre el déficit fiscal a finales de 2020, el MEF indicó que el gasto neto del gobierno en el Fondo Covid-19 —que encapsula los egresos asociados a la pandemia— alcanzó los 597 millones de dólares, debido a ingresos netos por 103 millones de dólares y gastos por 700 millones de dólares. Aparte del impuesto a los sueldos públicos y jubilaciones más altas, el Fondo Covid se nutre de donaciones privadas y las utilidades del Banco República.