Desde abril, el Poder Ejecutivo maneja dinero proveniente de distintas fuentes que confluyen en el Fondo Solidario Covid-19, destinado a financiar las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria.

El fondo está integrado por las utilidades del ejercicio 2019 del Banco República; por hasta 100% de las utilidades acumuladas hasta abril de 2020 por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND); por lo recaudado mediante el Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19, que gravó durante dos meses las remuneraciones de los funcionarios públicos que superaran los 120.000 pesos, y mediante el adicional al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, que gravó los dos primeros meses de pandemia las jubilaciones que superaran los 120.000 pesos; por fondos originados en préstamos de organismos internacionales y multilaterales de crédito; y por donaciones.

Hasta el momento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa periódicamente sobre los ingresos y egresos del fondo. Hasta octubre se llevaban gastados 439 millones de dólares, y los ingresos no alcanzaron en ningún mes, salvo setiembre, a cubrir las erogaciones.

Algunos de los destinos del dinero del fondo se conocen mediante la información sobre compras públicas vinculadas a la covid-19 publicada en la página de la Unidad Centralizada de Adquisiciones del MEF, y otros por resoluciones de gasto que aprueba el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el 7 de diciembre el gobierno autorizó mediante una resolución a gastar cinco millones de dólares adicionales del Fondo Solidario Covid-19 para la realización de pruebas diagnósticas.

En cambio, otra información no se encuentra, ni siquiera de forma dispersa. Se desconoce el volumen de las donaciones y la identificación de los donantes que contribuyen al fondo.

En mayo, la diaria hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer quiénes donaron dinero en las cuentas abiertas a tales efectos en el BROU, con destino al Fondo Solidario Covid-19. Presidencia se negó a contestar la información amparándose en los artículos 7 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales 18.331, y se limitó a informar que el monto total de las donaciones al 6 de junio era de aproximadamente 1,5 millones de dólares.

En julio, en respuesta a un pedido de informes sobre el Fondo Solidario Covid-19 realizado por los senadores del Frente Amplio, la titular del MEF, Azucena Arbeleche, contestó que la cartera estaba “recabando y procesando” los datos correspondientes al fondo y que se estaba “aún dentro del plazo legal para la presentación de la rendición de cuentas que será enviada a la Asamblea General”. Además, destacaba que la rendición de cuentas será evaluada por la Auditoría Interna de la Nación, que analizará los aspectos procedimentales y también si los recursos fueron destinados a los efectos previstos en la ley.

El artículo 11 de la ley de creación del fondo establece que el Poder Ejecutivo “deberá rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General, dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario Covid-19”. Elena Risso, responsable de comunicación institucional del MEF, remarcó que el fondo todavía tiene vigencia y que el plazo para rendir cuentas vence recién a los 90 días del cese del fondo, que se hará efectivo cuando culmine la emergencia sanitaria.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian afirmó que “es preocupante” que el gobierno no rinda cuentas del fondo en el transcurso de la emergencia, y recordó que se acaba de aprobar un presupuesto en el Senado que “abona la opacidad y la falta de obligación de rendir cuentas al Parlamento”.

La también frenteamplista Amanda Della Ventura coincidió en que esta situación “no ayuda en nada a la transparencia y a que la población y los partidos conozcan cómo se está manejando el fondo”. “No me parece bueno que en un sistema democrático se postergue esa rendición de cuentas”, consideró.