La coalición de gobierno dio el puntapié inicial oficial de la campaña para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que están en debate de cara al referéndum del 27 de marzo. El evento fue una conferencia de prensa en el edificio anexo del Palacio Legislativo y contó con los líderes de los cinco partidos que integran el oficialismo y la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ofició de maestra de ceremonia. Durante la conferencia la coalición hizo hincapié en la idea de que el referéndum es contra el gobierno y que los impulsores están cuestionando su “derecho a gobernar”. También se hizo énfasis en la seguridad y en la educación, dos de los ejes que han atravesado el debate público del último tiempo en torno a la LUC.
Pablo Iturralde, presidente del Partido Nacional (PN), señaló que a lo largo de la última campaña electoral, de 2019, se comprometieron a llevar adelante “determinadas soluciones”, que son las que intentaron implementar “en este tiempo”. “Durante la campaña electoral pusimos a consideración de la ciudadanía una serie de soluciones que entendíamos que eran las necesarias para mejorar la forma de vivir de los uruguayos. Esta ley estuvo a disposición de la ciudadanía y fue discutida aun mucho antes de que ingresara al Parlamento. Fue un debate enriquecedor que hizo que cuando llegara al Parlamento se hicieran mejoras y se buscaran las mejores soluciones para cada uno de los compromisos”, sostuvo. Iturralde subrayó que el Parlamento aprobó la LUC y “muchísimas de esas normas” fueron aprobadas por unanimidad.
El presidente del PN dijo que sienten que quienes impulsaron el referéndum les están cuestionando “el derecho a gobernar” que les fue concedido legítimamente por la ciudadanía. Agregó que le pide a la ciudadanía “que se involucre en esta discusión, que hablen con sus familias, vecinos y amigos, y recorran todas las relaciones que puedan tener para convencerlos de la necesidad de mantener esta ley, que en un año y medio de vigencia sólo ha traído soluciones a los uruguayos”.
En tanto, el expresidente Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado (PC), subrayó que la LUC “lleva ya un año y medio largo de aplicación, de modo que la ciudadanía tiene ya una cierta percepción de lo que ella significa en el terreno de los derechos ciudadanos”. Llamó a la reflexión y a que la ciudadanía se involucre, “razone y actúe más allá de lo que puedan ser sus embanderamientos políticos”. Sanguinetti sostuvo que “aquellos presagios que pudieran existir” sobre los aspectos negativos de la LUC “se han desvanecido”.
“El primero fue la portabilidad numérica. Es decir, el número de teléfono celular, que es la nueva cédula de identidad de la sociedad contemporánea. La ley reconoce el derecho a la propiedad de ese número, a que se pueda cambiar de empresa; es una libertad ciudadana. Lo contrario es lo que vivíamos, que las empresas eran las dueñas de una libertad que es del ciudadano. Se pensaba que esto podía dañar a Antel, porque es la empresa mayoritaria. Se ha lanzado la competencia, y eso es bueno para la ciudadanía y para Antel, que está compitiendo como ha competido siempre, con éxito”, sostuvo. Subrayó que la portabilidad numérica a Antel “le ha dado fuerza y brío”.
Seguridad, seguridad, seguridad
Luego, Sanguinetti se refirió al “derecho a la seguridad” y al “derecho a la tranquilidad y a la seguridad de la ley” de la Policía, ya que “no era posible que siguiéramos con que, después de un tiroteo, el delincuente y el policía entraban al juzgado en la misma calidad de sospechosos”. “No, se presume que el agente del Estado actúa -salvo prueba en contrario- dentro de la ley y en el ejercicio de la función que la sociedad le ha cometido. Y en eso se ha ganado. Más allá de los debates de números, la certeza, lo incuestionable es que el país ha visto que se detuvo aquella escalada por la que año a año aumentaba el delito. Podremos discutir las causas, pero es evidente que hoy estamos en un camino que ha permitido interrumpir esa escalada”, aseguró. Sanguinetti acotó que hubo abusos “muy puntuales y menores” por parte de la Policía, y que se hablaba del “gatillo fácil”, pero “está claro que se han abatido menos delincuentes, y están los números a la vista”.
Por el lado de Cabildo Abierto (CA), su líder, el senador Guido Manini Ríos, sostuvo que tienen el deber de que el 27 de marzo “nadie vote confundido”, y subrayó que la LUC “asegura libertades, garantiza derechos” y “no ha tenido ningún efecto negativo en el año y medio que lleva de vigencia”. “La gente debe ser consciente de que si es funcional a esta estrategia política, que lo que busca es pegarle un golpe político al gobierno que eligió la gente en octubre y noviembre de 2019, tiene que saber que la primera perjudicada va a ser la propia gente, el propio pueblo uruguayo, haya votado a quien haya votado. Van a ser perjudicados aquellos cuya seguridad y tranquilidad en la convivencia diaria depende de la mayor eficiencia y eficacia del instituto policial, aquellos que no se pueden pagar una seguridad privada, que no pueden enrejarse ni pueden pagar alarmas”, indicó.
Además, Manini subrayó que si se anulan los 135 artículos de la LUC van a ser perjudicados “los ciudadanos de a pie que no pueden pagarse una educación privada”. Agregó que hay ciudadanos para “quienes es fundamental que se produzcan los cambios en la enseñanza, que son impostergables para que la enseñanza vuelva a ser lo que nunca debió haber dejado de ser: la enseñanza niveladora que les daba oportunidades a todos los sectores de nuestra sociedad”. “Y esos cambios se pueden hacer a partir de una gobernanza que permita realmente ejercer la dirección de la enseñanza y que termina con esos grupos que se creen el ombligo del mundo, que creen que la enseñanza debe girar en torno a ellos y no al alumno”, finalizó.
En tanto, el líder del Partido Independiente, el ministro Pablo Mieres, dijo que a diferencia de “todos los referéndums anteriores, en los que la convocatoria se hacía en torno a un asunto”, es decir, “la opinión ciudadana sobre un tema específico”, en esta oportunidad “quienes impulsan el referéndum han decidido poner en discusión 135 artículos sobre aproximadamente ocho, nueve o diez temas distintos”. “No hay ninguna duda de que la intención de quienes promueven este referéndum es ir contra el gobierno. Por lo tanto, el debate que tenemos en estos dos meses que quedan es si este gobierno, que fue elegido por el voto popular, ha actuado y ha llevado adelante su tarea en función del mandato recibido, y en cuyo caso, solicitar entonces la ratificación ciudadana, para seguir llevando adelante el programa que firmamos quienes aquí estamos, el ‘Compromiso por el país’, cuya LUC expresa en su enorme mayoría una buena parte de ese compromiso que los ciudadanos avalaron con su voto en noviembre de 2019”, finalizó.
La ausencia de Zubía
A la conferencia asistieron varios diputados de la coalición, pero no el colorado Gustavo Zubía, en señal de reclamo por la “hegemonía del Poder Ejecutivo en la conducción” de la campaña, tal como había anunciado en Twitter. Sanguinetti fue consultado por este tema y resaltó que el PC discutió la LUC “desde antes de que se instalara el gobierno”, por lo tanto, los colorados se sienten “parte fundamental del proceso de elaboración” y desde antes de que se juntaran las firmas “ya estaban” en la defensa de la ley, porque la consideran “fundamental”.
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En tanto, Manini dijo que en CA entienden que la LUC “es la misma, la enfoque el partido que la enfoque”, y que los argumentos para defenderla son los mismos. “Entendemos válido que cada partido haga su campaña, recorra el país y le explique a la gente, simplemente con la coordinación de no estar coincidiendo en el mismo momento y en el mismo lugar”, indicó.
El diputado cabildante Álvaro Perrone, que estaba presente en el evento, por Twitter le pidió a Zubía que resuelva sus “diferencias internas en la campaña por el No sin involucrar a CA”. En diálogo con la diaria, el diputado consignó que en declaraciones en el programa Esta boca es mía Zubía dijo que había gente de CA que también estaba molesta. Perrone lo negó y subrayó que en CA están conformes con la marcha de la campaña y son parte “de la consulta y el armado”. Agregó que quizás el tema de Zubía es que su sector no tiene miembros en el Poder Ejecutivo.