El artículo 126 de la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado fue recientemente puesto en práctica mediante una resolución del Poder Ejecutivo, que habilitó a que el Área de Zonas Francas en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenga rango de dirección y que se suprima la Dirección General de Comercio. La dependencia que centraliza el control y la gestión de los territorios libres de impuestos en Uruguay seguirá teniendo como principal responsable a Ana Alfie, funcionaria de carrera y hermana del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
El artículo y la posterior resolución crean una nueva unidad ejecutora -la Dirección de Zonas Francas- y un cargo de dirección, suprimen otra unidad de ejecución del gasto y transfieren a la nueva dependencia “la totalidad de los bienes, créditos, recursos, obligaciones y los puestos de trabajo, cualquiera sea el vínculo funcional”, de la Dirección General de Comercio.
Si bien inicialmente la disposición generó dudas en Cabildo Abierto (CA), partido socio de la coalición que mantiene una visión crítica de los esquemas de exoneración tributaria que aplica el país, finalmente se terminó apoyando el planteo por los argumentos que dio el MEF. De todas formas, CA volverá a la carga y trabaja para presentar un proyecto de ley que establezca que la habilitación o extensión de permisos para zonas francas debe contar con venia del Senado y no limitarse a la decisión del Ejecutivo, como ocurre hoy.
El diputado cabildante Álvaro Perrone explicó que se vio con buenos ojos que al crearse la nueva dirección gane “relevancia” la Unidad de Defensa del Consumidor, que estaba dentro de la Dirección General de Comercio y ahora logró autonomía. “Eso fue lo que hablamos en la Rendición de Cuentas, dar más rubros y personal a Defensa del Consumidor, para que pueda dar atención con seriedad en todo el país; por eso se terminó votando la creación de la Dirección de Zonas Francas”, indicó.
También recordó que en esos intercambios, el gobierno transmitió “la importancia” que tenía “la creación de una dirección, por la política que tienen planteada de darles una mayor impronta a las zonas francas”. Perrone aclaró que haber votado ese artículo “no implica” frenar el trabajo “en otros proyectos” sobre el tema que prepara CA.
“A discreción del gobierno”
Tal como consignó El País días atrás, lo que pretenden los cabildantes es que los controles sobre las zonas francas y sus habilitaciones pasen por el Parlamento. “Hay cosas que no estamos de acuerdo con el método que se utiliza para la extensión de las zonas francas, hoy se dan a solo criterio del Ejecutivo, del MEF, y entendemos que ese tipo de decisiones deben tener venia parlamentaria. CA quiere que sea del Senado, para que tenga un aval representativo de la sociedad y no sólo sea a discreción de algún miembro del gobierno de turno”, expresó Perrone.
“No queremos agregar burocracia, pero sí que haya transparencia”, añadió. Los planes de CA son presentar el proyecto de ley luego del referéndum de marzo; aún no mantuvieron conversaciones por el tema con el Frente Amplio o los demás socios de la coalición.
“Vimos la necesidad de que hay que legislar y nos pusimos a trabajar. Los partidos de la coalición cada uno tiene su impronta, esto no está dentro del Compromiso por el país [el acuerdo programático de los cinco socios], y daremos la discusión para convencer a la coalición de la necesidad” de sumar controles a las zonas francas, declaró el diputado.
Agregó que debería interesar “para el futuro, para otros gobiernos”, sumar este control parlamentario “por si toca ser oposición”, ya que sostuvo que hoy en día “este tipo de decisiones están en el MEF y es difícil” acceder a información.
Perrone mencionó que “la necesidad de legislar” surgió particularmente por la extensión de la licencia para explotar una zona franca en Colonia a la firma Pepsico -que produce y exporta concentrados de bebida- por 20 años más. Según la información de Presidencia, el acuerdo se firmó a mitad de 2020 y “ratifica la prórroga de 20 años de licencia otorgada en 2019 [por el gobierno anterior] a Pepsico”. El diputado de CA comentó: “Nosotros no encontramos elementos que digan que se podía extender por 20 años; el plazo máximo, entendemos, es 15 años”.
“Jerarquización”
Cuando una delegación del MEF acudió al Parlamento para explicar los artículos del proyecto del gobierno, Ana Alfie -que trabaja desde 2001 en el área de zonas francas- dijo que el planteo del gobierno es “retornar al origen institucional” de la ley de 1987 que creó las zonas francas, en la que se “estableció un órgano de contralor organizado en una dirección nacional”.
“Se busca favorecer la inserción del país en la dinámica del comercio internacional. Para ello, estudiamos cuál sería la mejor posición institucional, y esta estructura les da mayor dinamismo, fluidez, celeridad y eficiencia a los actuales procedimientos y procesos que se realizan al amparo del régimen”, agregó.
Además, la funcionaria del MEF repasó que actualmente hay más de 1.200 empresas usuarias de zonas francas en 14 territorios libres de impuestos alrededor del país, donde se desarrollan actividades de “perfil industrial, comercial y de servicios globales”. Según los números que aportó, estas empresas que no pagan impuestos a cambio de generar empleo y divisas para el país “en un año promedio” abarcan 4% de las inversiones de Uruguay, 5% del producto interno bruto y 30% de las exportaciones, generando 15.000 empleos “con salarios por encima del doble de la media de la economía”.
“La jerarquización del área propuesta conduce a una institución robusta, que brinda asesoramiento necesario al ministerio para la conducción de la política nacional en materia del régimen, en el tiempo y en la forma adecuadas”, agregó la actual directora de Zonas Francas.
Tras la explicación, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, consultó sobre si al pasar de ser un área a una dirección dentro del MEF “un cargo técnico puede transformarse en un cargo político”. El director general de Secretaría del MEF, Mauricio Di Lorenzo, le respondió: “La creación de un cargo de particular confianza sustituye el anterior [de la Dirección General de Comercio]; se suprime uno y se crea otro”.
A su vez, los senadores blancos Carlos Camy y Sergio Botana celebraron la iniciativa del gobierno y elogiaron los resultados del régimen de zonas francas. “Quiero saludar el cambio institucional; antes era una dependencia de menor rango y [ahora] se posiciona en el organigrama del MEF con más fortaleza institucional”, dijo Camy. Por su parte, Botana consideró el cambio a la interna del MEF como “imprescindible” y “lo mínimo” que se debe por la importancia de la actividad en zonas francas.