Luego de que se supo que Alejandro Astesiano, exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, integraba una red criminal que se reunía en la Torre Ejecutiva y se dedicaba a la falsificación de documentación para la obtención de cédulas y pasaportes uruguayos, desde Presidencia se ordenó la revisión de los antecedentes judiciales y legajos policiales. Es que Astesiano tenía más de 30 indagatorias, requisitorias y solicitudes de paradero. También tenía dos antecedentes penales, que no figuraban en el sistema hasta que se hicieron públicos en la prensa.
Según informó Subrayado, tras la revisión, diez integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial fueron apartados de sus tareas porque se encontraron indagatorias u otras anotaciones en los legajos policiales. Se indicó que estas personas eran de confianza de Astesiano y no se descarta que haya más desvinculaciones.
No se informó si estas personas son contratadas o si son pases en comisión, en particular del Ministerio del Interior, a donde deberían retornar los que son policías luego del apartamiento de la custodia presidencial.
Según El País, fue el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, de quien depende este servicio, quien resolvió el traslado de los custodios a otras dependencias del Estado.
En la conferencia de prensa que dio el presidente Luis Lacalle Pou el día que se hizo pública la detención de Astesiano, el presidente dijo que no iba a revisar los antecedentes de los demás miembros del equipo de seguridad. “La norma siempre creo que es la buena intención y la buena conducta, la excepción es la mala intención y la mala conducta, si es que se prueba en este caso, que, insisto, lo único que tenemos son los indicios de los pedidos de una fiscal”, respondió ante la consulta. Al rato, los indicios pasaron a ser una imputación por múltiples delitos y un fuerte involucramiento de Astesiano en una red criminal. En esa oportunidad, Lacalle Pou descartó de plano que esta situación afecte de alguna forma a la ciudadanía y aseguró que, por el contrario, lo afectaba a él y a su familia.
En setiembre de 2021 Informativo Sarandí informó que el expolicía Jorge Luis Borges, uno de los subjefes de Astesiano, que antes trabajaba en la Zona 4 del Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo, habría integrado un grupo de policías que fueron indagados por extorsión, privación de libertad y coimas. Los policías que integraban ese grupo fueron procesados. Al estar de licencia en ese momento, sobre Borges no recayó ninguna sanción judicial, pero según el informe, si bien no tiene antecedentes judiciales, al igual que Astesiano, tiene múltiples indagatorias cargadas en el SGSP.
También tenía requisitorias otro policía que integraba la custodia presidencial y que también trabajó en la Zona 4, Pablo Martín Valenzuela. Informaron que, además de haber sido indagado varias veces por violencia doméstica, fue removido del equipo de Investigaciones luego de que se lo viera en una cámara de seguridad que registró una rapiña “guardando algo en sus bolsillos”. Consignaron también que otros policías fueron indagados por “haberse quedado con dinero del robo”.
Por otra parte, Jorge Amaro, también subjefe de la custodia presidencial, fue denunciado por una mujer por una presunta violación a la propiedad privada: habría ingresado sin autorización a un campo en Lavalleja a cazar. Una vez denunciado, se descubrió que el policía (actual comisario mayor en carrera para el pasaje al grado máximo de la Policía) debía estar en cuarentena por haber tenido contacto con una persona con covid-19. En ese momento, Astesiano lo suspendió por 15 días en su función mediante una notificación firmada por él en la que planteó que los motivos eran “de pleno conocimiento público”. Se desconoce el mecanismo aplicado, porque no siguió las normas de la función pública para aplicar sanciones y porque el funcionario, al igual que el resto de la estructura de seguridad presidencial, depende de la Prosecretaría de la Presidencia, por lo que el prosecretario es quien debería haber firmado la sanción en lugar de Astesiano.
El caso Astesiano provocó el pico más alto de conversación pública negativa sobre Lacalle Pou en todo su gobierno.
Según la Usina de Percepción Ciudadana, 65% de la población cree que Astesiano tenía cómplices en el gobierno. Para 60%, Lacalle Pou conocía los antecedentes penales del exjefe de su custodia y 70% entiende que este episodio afecta negativamente la imagen del presidente.