Alguien toca la puerta. Quien abre se encuentra con un grupo de policías, que solicitan entrar a su hogar sin dar demasiado tiempo para asimilar qué sucede. En otra habitación, niños o adolescentes duermen, mientras sus padres, contrariados, buscan explicaciones. Los efectivos hablan de una orden de allanamiento y a alguno de los adultos presentes le piden que los acompañen. “Vamos y venimos”, le aseguran al que se queda, que aún no sabe que pasará varias horas sin ver ni tener noticias del que se va.
El relato es conocido. No tiene nombres ni caras porque es el de muchos, y aunque los detalles varían, los caracteriza una misma sensación. Los vecinos de Nuevo Comienzo y San Miguel que padecieron los allanamientos de sus casas en 2020 y 2021 lo enuncian sin titubeos: viven entre el miedo y la incertidumbre. A pesar de que ya pasaron varios meses, las consecuencias todavía se sienten en los asentamientos del barrio Santa Catalina, que se arman y desarman en función de las posibilidades de sus habitantes.
Esperanza
Rosana, de San Miguel, narró a la diaria lo que sucedió el 16 de junio de 2021, día en que procesaron a Carlos, su pareja, y confesó que fue tan desagradable que usualmente prefiere no recordarlo. La Policía llegó sobre las 8 de la mañana, cuando él se estaba por ir a trabajar, e ingresó en su casa apuntando con armas bajo una orden de allanamiento que sólo se presentó de manera verbal. Luego le pidieron que se retirara con ellos y llevara su celular, que nunca le fue devuelto. Rosana y sus dos hijos pasaron un buen rato sin saber nada, ni de Carlos ni de los otros 12 vecinos a los que detuvieron junto a él. Más tarde se enteraron de lo básico. Dos días después volvieron a sus casas, imputados por robo de luz y agua y usurpación de terreno.
Ahora, en pleno proceso penal, sólo les queda esperar. Ya tuvieron la primera audiencia y deben volver a Fiscalía el 16 de febrero. Mientras tanto, la inquietud aumenta. “Él dice que nos tenemos que ir”, contó Rosana en referencia al fiscal de la causa, Diego Pérez, y sostuvo que la realidad es que la gente que reside allí lo hace porque no tiene alternativa. Ella y su familia viven en una casa de madera prefabricada, ubicada en un terreno que compraron de manera informal. “El fiscal considera que nosotros con la casa prefabricada que teníamos perfectamente podríamos estar viviendo en otro lado, pero no es así. El valor al que compré este terreno no lo compro en otro lado”, expresó.
Por su parte, Gerardo, de Nuevo Comienzo, dijo que luego de lo sucedido en abril y noviembre de 2020, la mayoría de los que presenciaron las intervenciones policiales abandonaron el lugar. “Muchos de los que pasaron por esa situación y vieron cómo se llevaron a los gurises de acá adentro optaron por buscar otras soluciones porque vieron que era inviable quedarse”, relató a la diaria, consciente de que él es una de las pocas excepciones.
Actualmente se dedica a la militancia barrial, gracias a la que ha conocido las realidades de otros asentamientos y encontrado la “calma” necesaria para enfrentarse a lo que pueda llegar a suceder. A pesar de lo complicado, Gerardo subrayó el aprendizaje que surge del diálogo entre vecinos y personas que han compartido vivencias similares. En ese intercambio ha descubierto que todos atraviesan casi el mismo proceso, en el que priman “la confianza y la esperanza” de que existirán buenos resultados, tanto como el temor, porque saben que “mañana puede venir alguien y sacarlos”.
Aunque han contado con el apoyo de organizaciones y colectivos, especialmente en los momentos de mayor ajetreo, con el tiempo el movimiento se ha disipado. Para Gerardo es un hecho que tiene sentido, porque hay barrios que atraviesan necesidades “peores” que las del suyo, y “la ayuda social está repartida por todos lados, como se puede”. Por esa razón, la ausencia que pesa es la del Estado. “Si pudiera hacerle una crítica a alguien, se la hago al gobierno, tanto al nacional como al departamental”, dictaminó antes de argumentar: “El tema de la vivienda tiene que ser un derecho humano y todos los países tienen que tenerlo como prioridad”.
Culpa
El delito de usurpación, del que se acusa a los vecinos de Santa Catalina, es una figura penal que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, la Comisión Constitución y Legislación y la Cámara de Senadores, en el año 2007. Se trata de una norma que modificó el artículo 354 del Código Penal al permitir la penalización de cualquier tipo de ocupación de tierras, debido a que antes el delito de usurpación funcionaba únicamente para casos en los que mediaba la violencia extrema. Esta ley contradice a la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial, que establece que personas “cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza en sus ingresos y que, no siendo propietarias de inmuebles, sean poseedoras de un predio” al que pretenden destinar su vivienda, pueden solicitar que “se declare la adquisición del dominio sobre el mismo por el modo prescripción”.
En su artículo “Criminalización de la ocupación colectiva de tierras para vivir. Estudio exploratorio a partir de la Nueva Ley de Usurpación. Uruguay 2007-2018”, la licenciada en Trabajo Social Florencia Gomes plantea que en la argumentación de quienes presentaron el proyecto se observaba “una clara alusión a la defensa a la propiedad privada en nombre de la industria turística y la promoción de captación de inversiones”, que respondía a intereses y exigencias empresariales. A modo de ejemplo, Gomes presenta el caso del asentamiento El Placer, ubicado en Punta del Este, que en 2017 fue desalojado para construir un paseo gastronómico y centros nocturnos, o las denuncias a ocupantes de Neptunia realizadas por vendedores de solares del barrio privado Villa Juana.
Marcelo Pérez, politólogo, integrante del Observatorio de Conflictos Territoriales Metropolitanos −conformado por el Programa IM, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República− y tutor de la investigación de Gomes, explicó a la diaria que esta ley, junto a la de Faltas y la de Urgente Consideración, forma parte de una serie de políticas “regresivas y punitivistas” que va en contra de los derechos a la vivienda, al suelo y a la ciudad, y “culpabiliza al pobre por no tener dónde vivir”.
Para Pérez es posible pensar al problema desde el lado de los derechos y las necesidades, o desde la ilegalidad y la formalidad. En ese sentido, al analizar lo que sucede en Nuevo Comienzo, San Miguel y otros asentamientos del país, el enfoque puede estar en el desarrollo de la vida o en el cumplimiento de la norma, opción que parece ser la elegida a nivel estatal. Un ejemplo de la postura que toma el actual gobierno es el de las cooperativas, que a partir de determinados recortes han perdido presupuesto y capacidad de acceder a nuevos suelos y préstamos. Además, el politólogo destacó que la normativa fomenta la compra y venta en mercados informales. “La gente resuelve como puede: ocupa, circula en la calle, o compra donde puede acceder, porque claramente el mercado inmobiliario no le está dando respuesta”, aseguró.
Según el investigador, es necesario profundizar el debate, que parece no tratarse fuera de ciertas esferas. El derecho a la ciudad existe “a nivel académico, teórico, y por parte de algunos movimientos sociales como Fucvam” pero “no es un tema de agenda ni de política pública”.
Soluciones
El fiscal Diego Pérez, que declaró a la diaria en febrero de 2021 que hablar de “desalojos” en este caso era “una interpretación antojadiza” porque son “medidas cautelares que fueron acordadas con las defensas y los propios imputados, que fueron, del elenco de medidas cautelares, las más beneficiosas”, fue consultado nuevamente y afirmó que “los hechos hablan por sí solos” y que “en la medida en que fue posible, se han buscado soluciones”.
Pérez confirmó lo relatado por Gerardo, de Nuevo Comienzo, y dijo que, de todos los formalizados, existe un gran porcentaje que se ha ido. “Presentamos una acusación en la Seccional 44 y finalmente las personas terminaron logrando una solución habitacional”, relató.
Ninguna de estas soluciones fue impulsada desde lo institucional, sino que formó parte de los esfuerzos y posibilidades de cada individuo en particular.
Respecto a quienes dicen que el delito de usurpación criminaliza la ocupación del espacio público, el fiscal sugirió que “ofrezcan sus propiedades a los efectos de solucionar el tema de fondo” y trasladen sus opiniones a los legisladores, que establecen las conductas penales.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.