Este miércoles, los senadores que integran la comisión preinvestigadora sobre la actuación de Charles Carrera en el Ministerio del Interior enviaron sus informes para elevar al plenario de la Cámara de Senadores el 15 de noviembre: el de la mayoría fue elaborado por los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, y el de la minoría, por el Frente Amplio (FA).
El informe de la oposición argumenta a lo largo de 12 páginas por qué la oposición entiende que no es procedente y es hasta contrario a la ley iniciar una comisión investigadora sobre este caso puntual: entre otros puntos, porque no se puede juzgar a Carrera en un cargo que ya no ocupa, porque no se respetaría la separación de poderes y por la persecución política que desde el FA entienden se lleva a cabo sobre la persona de Carrera.
En el primer ítem, el informe explica que el universo de los “sujetos pasibles de juicio político”, según el artículo 93 de la Constitución, “es acotado a quienes desempeñan determinados cargos”, y de esta forma “el presidente de la República puede ser acusado por su actuación como presidente, un ministro por su actuación como ministro, un senador por su actuación como senador” y nunca “más allá del límite de su mandato”.
Así, en caso de prosperar, se acusaría a Carrera, “aprovechando su calidad de senador, de algo que supuestamente no hizo siendo senador, sino antes, en un período de gobierno anterior y como integrante del Poder Ejecutivo”.
Sobre la separación de poderes, el FA entiende que cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo la denuncia penal contra Carrera ante la Fiscalía General de la Nación, “se tomó una opción”, y es que los hechos denunciados sean investigados “dentro del ámbito de competencias de la Fiscalía General de la Nación y, eventualmente, de deducirse pedido de formalización por el fiscal de turno, el asunto ingresaría dentro del ámbito de resolución del Poder Judicial”.
De esta forma, “ningún poder u órgano del Estado –incluido el Poder Legislativo– puede avanzar sobre el ámbito de competencias de la Fiscalía y del Poder Judicial, siendo ambos además especialmente independientes del poder político”, se afirma en el informe, y se agrega que la comisión propuesta “avanza entonces indebidamente sobre el ámbito de competencias de la Fiscalía, y eventualmente del Poder Judicial”, lo que además trae “el riesgo de presión del poder político sobre ambos órganos independientes o, como mínimo, la sensación de presión que puede nítidamente percibir la ciudadanía”.
Respecto de la persecución política que el FA denuncia que se ejerce sobre Carrera, el informe expresa que la conformación de una investigadora por este caso, “lejos de configurar una acción de control por oposición del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, es una manifestación de una acción cooperativa de ambos poderes para pesquisar a un senador que, además, integra un partido político opositor y con un rol notoriamente activo”.
“La cooperación ocurre pues: el Poder Ejecutivo –cuyos cargos son unánimemente ocupados por ciudadanos de los partidos que integran la coalición de gobierno–, a través del Ministerio del Interior, formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos que conforman el asunto Carrera; y, posteriormente, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores –cuya voluntad es expresada por una mayoría parlamentaria integrada por los legisladores de los mismos partidos coaligados– decide conformar una Comisión preinvestigadora sobre los mismos hechos que, además, recaen sobre un legislador del partido opositor, dato que, insistimos, es relevante”, sentencia.