La Junta Departamental de Rocha aprobó una resolución por la que los boliches bailables se tienen que alejar de las costas para permitir el descanso de los veraneantes. Con los 17 votos de blancos y colorados entre los 31 ediles, el gobierno del nacionalista Alejo Umpiérrez avanzó en su iniciativa que pretende que el boliche Alma La Pedrera, un espacio abierto para más de 5.000 personas, se ubique a varios kilómetros de las playas.
Tras las quejas de varios vecinos, la comuna emitió una resolución para reubicar el boliche, pero los propietarios apelaron y un tribunal de alzada entendió que si el gobierno quería tomar esa resolución, necesitaba la aprobación de la Junta Departamental, por eso el tema se terminó dirimiendo en ese ámbito.
En el decreto, al que accedió El Observador, se establece que hay una necesidad de limitar la actividad de bailes en zonas residenciales, de la misma forma que se ha limitado otro tipo de instalaciones como las de fábricas, criaderos de cerdos, crematorios o instalación de antenas de telefonía.
En el documento se establece que los espectáculos bailables de esa magnitud perjudican el turismo y el derecho a la tranquilidad y el descanso de los pobladores de la zona, en particular de quienes eligen las costas del departamento para su descanso estival. Además, se entiende que el turismo es una actividad que el gobierno departamental debe proteger, en tanto se ha convertido en un importante generador de recursos y fuentes laborales para Rocha.
Así las cosas, con el decreto aprobado toda la franja de playas del sur rochense no podrán tener locales bailables cerca. Esto abarca a los balnearios La Paloma, Santa María de Rocha, La Serena, Jean Krugg, La Aguada, Atlántico, Parque Balneario, Costa Azul, Antoniópolis, Arachania, El Diamante, San Sebastián de La Pedrera, Barrancas de La Pedrera, La Pedrera, Punta Rubia y Santa Isabel de La Pedrera.
En contrapartida, la comuna está dispuesta a entregar a los empresarios el uso de áreas que hoy pertenecen a la categoría de suelo rural “potencialmente transformable”. En particular, pretenden que se reubiquen en la ruta 15, entre las rutas 10 y 9.
Cuando los empresarios apelaron la resolución del gobierno de Rocha habían argumentado que el traslado implica un riesgo para la integridad física de las personas y que termina siendo una “clausura indirecta” que provocaría la pérdida de la inversión.