Por unas seis horas se extendió el miércoles la comparecencia de una delegación del Poder Ejecutivo en la comisión especial del Senado conformada para analizar el proyecto de reforma jubilatoria. La novedad fue que las autoridades mostraron las proyecciones del gasto público de aprobarse la reforma, es decir, el impacto que tendrán los cambios en las finanzas públicas. Mientras para el gobierno “el objetivo es lograr la sostenibilidad financiera” del sistema, para el Frente Amplio (FA) la propuesta “se queda corta” en sus alcances.
El asunto de las proyecciones había sido un reclamo de la oposición y el gobierno se había comprometido a mostrar los números durante el trámite legislativo. Así lo hizo este miércoles Rodolfo Saldain, quien lideró el equipo del Ejecutivo que redactó el proyecto de ley. “Lo previsto es que [de aprobarse la reforma] el gasto global [en jubilaciones] cambie su tendencia en el mediano y largo plazo, que se estabilice. En esa línea, el déficit [del sistema] en vez de crecer desde 1% a cerca de 5 puntos, se estabilizará en 1,7% o 1,8%”, expresó.
Según la presentación que mostró Saldain y a la que accedió la diaria, el resultado proyectado para el Banco de Previsión Social (BPS) crecería sin la reforma desde 0,7% del producto interno bruto (PIB) en 2025 a 1,7% dos décadas después, y llegaría a 2,9% en 2060. De aprobarse el proyecto del gobierno, en 2025 el déficit sería de 0,6%, subiría una décima para 2030 y descendería a 0,4% para 2040. Luego, la previsión es que se mantenga por debajo de 1% del PIB hasta 2060, y que en el escenario final a 2070 se ubique en 1,3%, –sin la reforma, en cambio, sería 3,6%–.
En lo que refiere a los egresos del BPS por el pago de jubilaciones, la proyección es que sin reforma crezcan de 8,4% en 2025 a 10% en 2055. De aprobarse las nuevas reglas jubilatorias, el gobierno pronostica que el gasto se mantendrá estable, en torno a 8% en las próximas décadas, ubicándose, por ejemplo, en 8,5% en 2055.
Una fuente del FA dijo a la diaria que estas proyecciones serán revisadas por los técnicos de la oposición, y explicó que al haberse extendido el plazo para la vigencia de los cambios jubilatorios en comparación al anteproyecto –se preveía comenzar con el nuevo sistema en forma gradual en 2027 y ahora será en 2033–, esto hace crecer el margen de error de las previsiones. Saldain destacó que los números fueron calculados por el equipo actuarial del BPS que asesoró a la comisión de expertos en seguridad social que funcionó previo a la redacción del proyecto de ley.
“No es pensable que una reforma jubilatoria termine logrando un superávit”, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Al hablar en conferencia de prensa, el jerarca planteó que “el objetivo de la reforma es lograr la sostenibilidad financiera” del sistema, y entonces “no es cuestión de encontrar más recursos” para el pago de pasividades, “porque en definitiva el Estado ya pone dinero” para ese fin. Esto fue en respuesta al pedido del FA y del PIT-CNT de estudiar nuevas formas de financiamiento para la seguridad social.
En esa línea de pedir un análisis más global del tema se expresó la senadora frenteamplista Silvia Nane: “Para el FA es necesaria una reforma, pero no compartimos este proyecto. Para nosotros es incompleto, se enfoca sólo en rebatir los egresos [del sistema previsional] y no en tratar de ver cómo lo hacemos más justo en sus ingresos, porque todavía hay inequidades en los aportes. Falta una visión más integral y hay varios aspectos que no son atendidos. En definitiva, el proyecto se queda corto y el foco debería ser más amplio”.
Por otro lado, el ministro de Trabajo respondió al equipo de representación de los trabajadores en el BPS, que el miércoles presentó una serie de simulaciones que muestran una afectación en los montos que percibirán los futuros jubilados: “No sabemos de dónde salen esos números, pero son absolutamente falsos”, aseguró. Según los cálculos presentados por Ramón Ruiz, director por los trabajadores del BPS, la rebaja estaría entre 10% y 38%, dependiendo del nivel de ingresos de la persona.
Al respecto, Mieres sostuvo: “Esta reforma significa que vamos a mover la edad de retiro pero no vamos a bajar las jubilaciones, es una afirmación firme que vamos a defender en todos lados. Todavía no se votó el proyecto y ya se comienza con afirmaciones sin veracidad”, criticó. Según el jerarca, “el objetivo del gobierno es que las tasas de reemplazo y los haberes jubilatorios de las personas que serán alcanzadas por la reforma no sean inferiores a los actuales”, y planteó que para el caso “de 50% de las jubilaciones más bajas, probablemente [el monto que percibirán con las nuevas reglas] sea mayor”.
Pese a esto, una fuente del FA comentó que habrá afectación a las futuras generaciones en distintos grados. Por un lado, un extenso grupo de trabajadores que hoy están activos y se retirarán luego de 2040 tendrán condiciones peores que los que sean abarcados por el período de transición –entre 2033 y 2039– y también tendrán una afectación en comparación con quienes ingresen al mercado de trabajo luego de aprobada la reforma –que dividirán sus aportes entre el BPS y la AFAP de una forma distinta, siendo beneficiados–.
¿Los nuevos “cincuentones”?
“El FA va a machacar con eso”, dijo al terminar la sesión un senador del oficialismo a una autoridad del gobierno. La referencia fue para un “error de diseño” del proyecto de ley, tal como lo definió días atrás una fuente de la oposición, porque al cambiar el período de entrada en vigencia de los cambios y su gradualidad, queda un salto pronunciado en las condiciones de jubilación entre quienes podrán hacerlo a los 60 años hasta 2033 con las reglas actuales, y quienes lo harán bajo las nuevas reglas en 2036 y con 63 años –65% de su pasividad se calculará por el régimen nuevo y 35% por el actual–.
En un documento de análisis publicado a finales de octubre, el PIT-CNT había advertido que “los cambios propuestos no contemplan el gradualismo necesario entre personas nacidas con días o meses de diferencia” y, por ende, “se vuelven a generar las condiciones para que aparezcan problemas similares a lo ocurrido con los ‘cincuentones’”, estos son la generación de trabajadores afectados en su jubilación por la reforma de 1996, que tuvieron una ley reparatoria en 2018.
la diaria consultó a Saldain sobre este punto en la conferencia de prensa, y el asesor del gobierno manifestó: “Sobre si puede haber una discontinuidad muy grande entre las personas que se pueden jubilar con 60 años y las que lo pueden hacer con 63 años, es un tema que hemos estado conversando y preocupa esa situación”. En ese sentido, dijo que “sería bueno tener propuestas” desde el FA “para avanzar en común” en busca de revertir la potencial afectación por los cambios en las reglas jubilatorias para esa primera generación.
En esa misma línea, Mieres dijo a la diaria que hay disposición a estudiar cambios en este punto del proyecto de ley. Desde el FA, un senador comentó que en los próximos días se definirá si la oposición presentará en la comisión propuestas alternativas o artículos sustitutivos, y subrayó que eso dependerá de la “disposición” del oficialismo a incorporar cambios al proyecto de reforma previsional.