En la mañana del sábado se realizó un escrache frente a la casa del asesor en seguridad de Cabildo Abierto, el coronel retirado Antonio Romanelli, que se desempeñó como capitán ayudante del sector Barracas en el Penal de Libertad durante la dictadura.
“Antonio Romanelli, torturador impune”, decía la pancarta que guiaba al grupo de personas que se movilizaron por las calles del barrio Punta Gorda. La convocatoria fue impulsada por la Plenaria Memoria y Justicia, quien llamó a movilizarse contra “la impunidad” y “los pactos que la sostienen”.
Al llegar frente a la casa, se presentaron testimonios de ex presos políticos que denunciaron su accionar durante la dictadura y se leyó una proclama en la que se señaló que “cada escrache, cada condena social, ha sido y continuará siendo un acto que convoca la memoria, la reflexión y la acción”. la diaria intentó sin éxito comunicarse con Romanelli.
En cuanto a Romanelli, se señaló que “torturó, hostigó e hizo carrera en el mundo empresarial” y todo eso actualmente se “ampara en los actuales pactos que sostienen la impunidad en nuestro país”. “Esos implícitos y explícitos acuerdos de no agresión verbal entre el actual gobierno y la ‘oposición’, esos insípidos esfuerzos de no acusarse mutuamente sólo revelan la apariencia, la mejor cara, el telón encubridor de un pacto entre la clase política que se está laudando de fondo”.
Según los manifestantes, se trata de “un pacto que pretende formatear la protesta al tiempo que garantiza los acuerdos del Club Naval, haciendo posible que un militar como Antonio Romanelli, acusado por 91 ex presos políticos, mantenga hoy todos sus privilegios. ¿Cuándo se naturalizó incluir en nuestros espacios a milicos, fachos, patrones y represores?”.
En la proclama se señaló que el “partido militar”, en referencia a CA, tiene mayor presencia en el Estado que en las últimas cuatro décadas. Por ejemplo, se indicó que “nunca se presenció tantos coroneles y generales en los directorios de los servicios fundamentales del Estado, como en la Salud, la Vivienda, el Mides y el Inau”.
“El olvido está del lado del poder. Hay que romper el silencio. El poder no olvida y necesita que los pueblos olviden. El poder articula el control y el disciplinamiento con todas las estrategias y tácticas que lo han perpetuado a lo largo de la historia. El poder naturaliza el que nos crucemos con torturadores camuflados de buena gente. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. ¡A quebrar la impunidad y derribar los pactos que la sostienen!”, culminó la oratoria.
La denuncia de los ex presos políticos
En setiembre de 2019, 41 ex presos políticos denunciaron en una carta pública los tratos “inhumanos” que recibieron de Romanelli mientras fue guardia en el Penal de Libertad. En la misiva señalaron que “hostigó brutalmente a centenares de prisioneros en las 5 Barracas [del Penal de Libertad], 10 sectores, 40 reclusos por sector, durante su permanencia. Fue un auténtico verdugo especialmente con aquellos que padecían enfermedades psiquiátricas, con los más viejos, con los más débiles y muy especialmente, fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en Secundaria, durante el año 1972, con quienes eran judíos”.
Al mes siguiente, se hizo pública una carta firmada por 91 personas que reiteraban las denuncias sobre el rol de Romanelli en el centro de reclusión durante 1978 y 1979. Previo a esta publicación, el asesor de CA había enviado una carta a los medios que informaron sobre la misiva de los ex presos políticos para que fuera publicada a modo de derecho de respuesta. En la misiva, Romanelli señaló que la “conducta de los funcionarios” en torno a los ex presos políticos “obviamente era firme, como es de estatuto que sea, también para los funcionarios que trabajan hoy para el Estado en esos lugares”. Y agregó: “No puede decirse que fuera rígida siquiera, lo cual no sería irreglamentario”.
Ante la negativa de Radio Uruguay, Montevideo Portal y La República de publicar la misiva, Romanelli presentó una denuncia ante la Justicia penal, solicitando que se le otorgue el derecho de respuesta previsto en la Ley de Prensa. En primera instancia, la jueza Dolores Sánchez falló a su favor, pero el Tribunal de Apelaciones de 4° Turno revocó la decisión bajo el argumento de que el hecho denunciado por los ex presos políticos es de “interés público”, porque, “como se ha señalado, se trata de un funcionario del Estado en ejercicio de su cargo, en cuestiones de alta sensibilidad para los afectados directamente y para toda la sociedad”.