¿Hay un “estándar” para la marihuana? Si bien se encuentran dentro de un espectro de características comunes, lo cierto es que no todas las flores tienen el mismo olor, ni el mismo sabor, ni el mismo efecto. No obstante, la producción secuencial que hacen las empresas que ganaron las licitaciones para producir la marihuana del Estado –Faises S.A., Jabelor S.A. y Legiral S.A, ubicadas en un predio detrás del Penal de Libertad– vuelve más uniforme al cannabis que en Uruguay se puede encontrar, por ejemplo en las farmacias, y acorde a las exigencias en cuanto a componentes psicoactivos que exige el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Esto marca una diferencia con las otras vías de acceso contempladas en la ley que reguló el cannabis, que en unos días cumple nueve años: por integrar un club de membresía o registrarse como autocultivador, los cogollos que se obtengan van a ser más variados. El hecho de que no cumpla con estos estándares fue uno de los argumentos que dieron los representantes de las empresas productoras de la marihuana estatal el miércoles 7, cuando asistieron a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que discute el proyecto de ley de turismo cannábico, presentado por el frenteamplista Eduardo Antonini, que prevé, entre otras cosas, la venta a extranjeros en emprendimientos hoteleros en conjunto con los clubes cannábicos.
Las empresas presentaron un texto a los integrantes de la comisión en el que expusieron “por qué deberían ser las empresas las que provean a los turistas de este producto”, explicó el representante de Faises, Óscar González, según consta en la versión taquigráfica de la comisión. González argumentó que las empresas son las únicas que “se presentaron a una licitación pública, pagaron el pliego licitatorio, hicieron una inversión de varios millones de dólares y reunieron todas las condiciones que exigía el pliego desde el punto de vista sanitario”.
“En los primeros años, las empresas trabajaron prácticamente a pérdida. Ahora, en esta etapa están logrando su estabilidad. Debemos señalar que el pliego era para la distribución y venta a terceros de cannabis para uso recreativo”, algo que no está previsto para “los clubes, que deben comercializar el producto a sus miembros” pero “no están orgánicamente dispuestos para vender al público, a terceros, y mucho menos tienen las exigencias de las empresas para esa comercialización”.
Según González, de asociarse los hoteles con clubes de membresía, los turistas estarían accediendo a “cualquier variedad” y con “controles mucho menos exhaustivos de los que exige el Ircca”. El control sobre los productores es algo que también parece preocupar a las empresas; en palabras de González, “hoy en día hay alrededor de 14.000 autocultivadores en el mercado y algo más de 300 clubes”, mientras que “las empresas son tres y están localizadas en el mismo lugar”.
“Nos preguntamos cómo iba a hacer el Ircca con su estructura para poder controlar a 300 clubes, ya que hay muchos serios y otros que no lo son tanto”, argumentó, y lanzó otro dardo en forma de pregunta retórica: “Me pregunto si hoy o mañana, en caso de que algún turista tenga algún problema de salud y se lo atribuya al consumo de cannabis, qué puede hacer el Ministerio de Salud Pública ante eso. No tiene registro, no se sabe de dónde salió, no se sabe quién lo vendió”.
En tanto, Guillermo Delmonte, representante de la empresa Legiral, recordó el rol del Ircca en “controlar la cantidad de autorizaciones para saber qué clubes o qué operadores están funcionando de forma legal, si cumplen efectivamente con los requisitos, si tienen las licencias y si están vigentes”.
En este sentido, involucró también “a la Policía por el mercado secundario que se genera dentro de esa potencial informalidad”, y atado a esto, pidió que se involucren tanto “la DGI”, como el Ministerio de Trabajo “por el tema impositivo, el pago de impuestos, así como por la creación del empleo formal”.
Santiago Gutiérrez, representante de Jabelor, continuó las ideas de sus compañeros y entendió que “si a los clubes cannábicos se les permite comercializar sus productos a turistas o a otro público” y las “condiciones o exigencias” son distintas a las que tienen las empresas, “claramente habría una competencia desleal” puesto que los clubes –según Gutiérrez– “pueden cultivar cualquier cosa, de cualquier forma”.
Gutiérrez también añadió otro elemento a la argumentación de las empresas: lo que pueden producir y lo que venden. Según explicó, tienen “una licencia para producir y vender 2.000 kilos por año” pero que desde hace unos años venden la mitad, unos mil kilos. “Ni siquiera estamos llegando a vender lo que la licencia nos autoriza, por lo cual seguramente podríamos atender esa demanda” de turistas que serían potenciales compradores.
El “crecimiento exponencial” de los clubes
Al 5 de octubre de este año, según los últimos datos del Ircca, había 263 clubes cannábicos en todo el territorio, que se repartían en poco más de 7.000 miembros. Desde que se aprobó la ley, los clubes han tenido “un crecimiento exponencial”, sostuvo en diálogo con la diaria la presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu), María José Miles.
Esto, para la Feccu, tiene relación directa con la postura de las empresas respecto de la posibilidad de que la marihuana de los clubes llegue a los extranjeros no residentes; según Miles, “muchos están enojados con los clubes” pero es más un “reflejo” de “una frustración propia de su sector y sus limitaciones”.
“Ven que los clubes no paran de crecer, cada vez más gente quiere asociarse, estamos en todos los departamentos, hay una demanda real por el cannabis de los clubes y me parece que es una reacción más visceral que con fundamentos”, afirmó, y agregó que se debe a que se propone “una forma alternativa de desarrollo local que es muy distinta” a la de las empresas: “trabajamos en una unidad productiva emprendiendo y generamos una lógica de desarrollo local, lo que producimos lo volcamos acá”, mientras que “las empresas que van a las farmacias por un motivo o por otro no han podido despegar como modelo”.
De acuerdo con el último informe de mercado regulado del Ircca, de los 47.515 usuarios registrados para adquirir cannabis en farmacias, sólo 53% (unos 25.025) hicieron uso del beneficio; para Miles, esto significa que poco menos de la mitad de los registrados “quedaron insatisfechos” con la marihuana estatal, y se preguntó “¿qué nos hace pensar que esa misma insatisfacción no se traslade a los no residentes?”.
“Por ejemplo, van a Punta del Este y no hay farmacias [que vendan], pero hay muchos clubes en Maldonado”, argumentó, y sostuvo que no se ve “el rol fundamental que están teniendo los clubes”.
Respecto de los cuestionamientos por los controles, señaló que “hay un equipo de fiscalización del Ircca que hace un muy buen trabajo, tiene monitoreados a los clubes, y piden planilla de trazabilidad”, algo que también se endilga a los clubes y “es mentira”.
“Si vos no tenés la planilla de trazabilidad actualizada al momento de la fiscalización te observan y eso va a tu expediente, no es real que no exista una trazabilidad sobre lo que producen los clubes”, señaló Miles, pero reconoció que no hay controles “de calidad” para analizar la presencia de “metales pesados” u otro tipo de cosas que puedan ser dañinas para los seres humanos.
Con vistas a generar este tipo de análisis, en agosto la Feccu presentó al Ircca una propuesta para “tener una licencia más amplia”, que sea “paga” y puedan producir más kilos anuales, “aumentar el margen de ganancia por el nivel de producción, y asumir otros costos”, como estos controles, que cuestan “entre 400 y 600 dólares por variedad [de marihuana]”, y de paso aportar dinero al Ircca “para estudios, para fiscalización y para invertir en el organismo”, indicó.
El Ircca se alinea con las empresas
“La visión es la misma” que la de las empresas, dijo a la diaria el director ejecutivo del Ircca, Juan Ignacio Tastás. Desde el organismo ven “con buenos ojos la idea del acceso universal”, pero tienen “reparos” en cuanto a que “los clubes sean también proveedores de extranjeros”.
“Lo que se pone como argumento” no es “solamente los controles que se están haciendo a las empresas, sino también cuál es el concepto de club: si alguien viniendo dos días se hace socio de un club es raro en lo que atañe al concepto de club”, a pesar de que estos tuvieron “una génesis determinada” y han “mutado” para hoy buscar “ser unidades de negocio, y es muy loable su posición”, evaluó Tastás.
“Simplemente desde el Ircca creemos que habría que ver otro tipo de cosas, no solamente el concepto de génesis de los clubes cannábicos sino también los controles asociados a ellos”, señaló en referencia a los controles de calidad en busca de metales pesados o microorganismos, que hoy en día cuestan “casi 1.000 dólares por estudio” para las empresas. “En un club los matás, nunca se previó esa lógica”, apuntó, y consideró que sería necesario puesto que “si vas a hacerlo masivo, permitir que accedan extranjeros, lo que se tiene que buscar es que cumplan determinados requisitos”.
Sobre la propuesta de la Feccu de generar las licencias, Tastás recordó que el Ircca no puede “ni hacer decretos ni hacer leyes”, por lo que “cualquier propuesta que hayan hecho, no estaría dentro de nuestra órbita, iría al Poder Ejecutivo o al Parlamento”; de todas formas, con una licencia de 1.000 dólares se cubrirían los costos de fiscalización pero si se quiere “anexar otros estudios, [el costo] se va a las nubes”.
En términos más generales sobre el funcionamiento de la ley, Tastás entiende que “el año que viene puede ser un excelente momento para cuestionar muchas de las cosas que se venían manejando hasta ahora; es momento de que la sociedad se cuestione luego de diez años muchas cosas de la normativa”.
Una problemática que “trasciende a la Comisión de Turismo”
La otra organización que asistió el miércoles a la comisión fue la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA). En diálogo con la diaria, Julio Rey, uno de sus representantes, manifestó que si bien están de acuerdo con que el proyecto prevea la ampliación del número de socios y plantas para los clubes de membresía, no comparten “el vínculo de dependencia que se generaría entre las asociaciones de la sociedad civil [los clubes] con emprendimientos privados como pueden ser los hoteles o los operadores turísticos”.
A su vez, dijo que “la problemática cannabis en Uruguay trasciende a la Comisión de Turismo” y se debería proponer “un diálogo político y social con respecto a qué evaluación hacemos y qué sentimos con los 10 años de regulación”, que se cumplen el año que viene.
En este diálogo, más allá de ver cómo hacer para que los extranjeros accedan a la marihuana, se debería “solucionar la accesibilidad a nivel local”, puesto que el proyecto está focalizado “en la accesibilidad en algunos puntos turísticos del país” donde no hay “presencia de farmacias, y tampoco hay clubes en algunos departamentos como para solucionar el tema accesibilidad”, más allá de que exista “un amplio acuerdo en que los turistas deben acceder”.
Una de las propuestas de la ACCA en esa línea es que se cree “un sistema de licencias múltiples que contemple la microproducción”, es decir, a quienes cultivan en sus casas; esta licencia “podría ser de 20 o hasta 50 plantas, lo que sea, pero definir la producción y habilitar licencias accesibles, con algunas ventajas” para los pequeños productores y generar la “figura de expendio” para comprar el cannabis, que no se limitaría sólo a las farmacias, que hoy son unas 30 en todo el país. A nada de cumplir diez años, para Rey, la ley 19.172 necesita “un ajuste general”.