“Es objetable en cuanto a su regularidad jurídica”, dice un reciente “proyecto de resolución” del Tribunal de Cuentas –organismo de contralor dentro del Estado– que analiza el proceso administrativo en torno al contrato que firmaron el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para extender la concesión de la terminal de contenedores del puerto.
El documento, sobre el que informó Búsqueda y al que accedió la diaria, fue generado por los equipos técnicos de los asesores jurídicos del Tribunal de Cuentas y luego se elevará a los ministros, que emitirán una resolución final que se prevé que vaya por la misma línea.
En el texto se identifican nueve violaciones al ordenamiento jurídico. Además, se especifica que el acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) –propiedad de Katoen Natie y titular de la concesión– se suscribió y aprobó el 25 de febrero de 2021; aunque fue en abril de ese año, es decir, dos meses después, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pidió a la Administración Nacional de Puertos (ANP) “el asesoramiento preceptivo respecto de la instrumentación de la prórroga del plazo contractual” a Katoen Natie.
Este acuerdo extendió la concesión de 30 años que finalizaba en 2031 por 50 años más, además de modificar las reglas de funcionamiento del puerto asegurando una prioridad de Katoen Natie para el despacho de contenedores.
Según continúa el recorrido que se hace en el documento del Tribunal de Cuentas, pocos días después del pedido del MTOP es que el presidente de la ANP, Juan Curbelo, respondió a la cartera avalando la resolución. El MTOP le requirió a Curbelo que la ANP asesore al Poder Ejecutivo “respecto de la conveniencia de instrumentación de un nuevo Reglamento de Atraque en los términos acordados por el grupo Katoen Natie en el acuerdo” de febrero.
En cuanto a ese asesoramiento hecho por el jerarca portuario, el informe del organismo de contralor indica que “no resulta ajustado a las disposiciones y principios referidos, en tanto no pueden ser caracterizados como previos, y por tanto parte esencial de la motivación de los actos administrativos referidos”. La conclusión parte de la base de que “no fueron solicitados en tiempo oportuno”, es decir, antes del acuerdo del 25 de febrero, porque el pacto “no admitía modificación alguna en fecha posterior”.
Asimismo, en el proyecto de resolución se afirma que el asesoramiento “debió haber sido emitido por ANP, cuya voluntad se manifiesta mediante acto administrativo dictado por el Directorio”, y no sólo por la actuación de Curbelo. En consecuencia, la respuesta del presidente “no puede considerarse como manifestación de voluntad orgánica de la Administración”.
En cuanto a los 50 años de prórroga que el gobierno le dio a la empresa belga, se concluye que “no surgen asesoramientos (a vía de ejemplo, económicos, operativos, etcétera) que den cuenta de que la prórroga conferida satisface adecuadamente los fines y el interés general perseguidos”. Por esa razón, el Tribunal de Cuentas en su informe preliminar señala que “nuevamente se contravinieron los principios de debido procedimiento, motivación y buena administración”.
“La falta de asesoramiento suficiente impide conocer los fundamentos que justifican el nuevo régimen [de preferencia en favor de Katoen Natie] bajo la norma en análisis desde el punto de vista de su regularidad jurídica, sus impactos económicos, comerciales, operativos; ni se clarifica cómo se determina ese ‘precio de mercado’ [a pagar por la empresa]”, agrega el documento. Esto determina una “falta de motivación suficiente del accionar administrativo, afectando a su vez principios generales tales como el de buena administración”.
“Hay grandes delitos contra el patrimonio público”
El informe del Tribunal de Cuentas “confirma la tesis que manejamos desde el Frente Amplio [FA]: que este acuerdo es inconstitucional, ilegal, que fue realizado en violación de todo el ordenamiento jurídico, que es inconveniente para la economía nacional y para el bolsillo de los uruguayos”, afirmó en diálogo con la diaria el senador por el FA Charles Carrera.
Para la “visión” del FA, en el proceso de negociación del gobierno con la multinacional “hay grandes delitos contra el patrimonio público”. Según Carrera, “los responsables de esos delitos” son Curbelo, Luis Alberto Heber, entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, el subsecretario de la misma cartera, Juan José Olaizola, y Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia.
El FA presentó a finales del año pasado una denuncia penal por la extensión de la concesión a la multinacional belga y la formación de un “monopolio” en contraposición de la ley de puertos; además, semanas atrás amplió la denuncia a raíz de la “arbitrariedad que deja en evidencia” las acciones “del gobierno”, según Carrera, tras la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas en la investigación que inició la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia luego de la presentación en contra del acuerdo que hizo Montecon, competencia de Katoen Natie en el puerto.
La causa por la denuncia está a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez, de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno. En un documento del 21 de febrero al que accedió la diaria, el fiscal solicitó a los directores de la ANP –Curbelo, Daniel Loureiro, de Cabildo Abierto, y Alejandra Koch, del FA– que “remita/n testimonio/s de la documentación que obre en expedientes formados al respecto”, sobre siete puntos específicos del acuerdo con la firma belga, “en lo posible” en un plazo de diez días hábiles.
En primera instancia, Rodríguez pidió cuatro antecedentes: los administrativos relacionados con la configuración de TCP [firma que se creó en 2001]; los que corresponden a la concesión a favor del grupo Katoen Natie –“informes jurídicos y financieros, asesoramientos, resoluciones, contratos, ofertas, procedimientos administrativos, entre otros”–; los reclamos, ya sea judiciales o administrativos, que hayan sido esbozados por Katoen Natie “por aplicación del régimen de concesión”; y, por último, los antecedentes que llevaron al “acuerdo transaccional extrajudicial” entre el Estado uruguayo y la multinacional.
Por otro lado, el fiscal solicitó la entrega del “Plan de Negocios” que presentó la multinacional belga en 2001 y los “reglamentos de gestión de muelles” cuando se efectuó la concesión original, pero también los que aún estaban vigentes al 21 de febrero, cuando se emitió el nuevo acuerdo. Por último, los directores de la ANP deberán entregar los informes jurídicos de 2001 hasta la fecha, que posea el organismo, vinculados a la “valoración del principio de libre competencia que involucren” a Katoen Natie.