La creciente actividad de los familiares de los represores condenados por delitos cometidos en dictadura generó debate en torno al nombre con que la organización se autodenomina: “Familiares de Presos Políticos”. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo al semanario Búsqueda que “Uruguay es una democracia plena y en una democracia plena no hay presos políticos”. La organización de familiares de los represores respondió a través de un comunicado que no ponen en cuestión que Uruguay sea una democracia plena, pero “tener un gobierno democrático no garantiza, por sí mismo, el respeto de la correcta aplicación de las normas y principios consagrados en las leyes y la Constitución”.
El grupo se conformó hace seis meses, según lo que dijo el vocero Diego Flores al programa Desayunos informales, y busca derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad, con el objetivo de que los presos detenidos por crímenes en la dictadura queden en libertad. En el comunicado en que la organización le responde a García dice: “La detención de nuestros familiares es ilegítima y arbitraria porque violenta la normativa nacional e internacional”.
Ante la interrogante de si le parecía correcto el rótulo “familiares de presos políticos”, el senador del Partido Nacional Sergio Botana le respondió a la diaria que “en varios de los casos parece que lo fuera, tengo la certeza de que lo serían o que lo son. Cuando prima la convicción sobre la probanza de los hechos la decisión es política, por lo tanto, el calificativo correspondería”. Sin embargo, ante la consulta de si a su criterio existen presos políticos en Uruguay, respondió que “hay presos de un modo injusto”, pero que no merecen el calificativo de presos políticos.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a la diaria que no corresponde el título de presos políticos debido a que “son presos detenidos por delitos, no tienen la calificación de políticos”. Raúl Batlle, senador del Partido Colorado, tampoco coincidió con el calificativo y en diálogo con la diaria declaró que “si están juzgados, no son presos políticos”.
El pasado 9 de febrero, el presidente Luis Lacalle Pou recibió a los autodenominados Familiares de Presos Políticos. Es la segunda organización atendida por el presidente que pide por la liberación de los presos en Domingo Arena; la anterior fue el Foro de Montevideo en octubre del año pasado. En cambio, Lacalle Pou no recibió a Crysol, la asociación de ex presos políticos de Uruguay que fueron detenidos por la dictadura. En octubre el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, le dijo a la diaria que pidieron ser recibidos en dos ocasiones, pero no recibieron respuesta.
Sobre esto, Botana afirmó que “el presidente Lacalle ha recibido a todo el mundo. No conozco un solo ciudadano que se haya dirigido por la vía normal que no haya sido recibido por el presidente”. Batlle fue por la misma línea y apuntó que “el presidente recibe a todo el mundo. Es muy transparente y abierto, contesta todo”. Mientras que Mieres indicó que es legítimo que el presidente reciba a quien entienda que debe recibir.
El proyecto de prisión domiciliaria
A la vez de que las organizaciones mencionadas piden que los presos encarcelados en Domingo Arena sean liberados, el proyecto de ley de prisión domiciliaria de Cabildo Abierto aún debe ser discutido en el Parlamento. En caso de ser aprobado, los presos mayores de 65 años pasarían a prisión domiciliaria, es decir, todos los presos condenados por crímenes en la dictadura.
Sobre el proyecto de ley, Botana comentó que “no se ha producido en la interna de la coalición el debate correspondiente”. Pero en referencia a los detenidos por crímenes cometidos en la dictadura señaló que “hay varios casos en que la prisión es injusta. Gente que no tiene otra culpa que la de llevar un uniforme y a la cual es malo que la democracia castigue por lo que era su trabajo y eventualmente sus ideas, hay que castigar por los hechos. Pero no voy a aventurar opinión hasta no conocer con más detalles la existencia de otro tipo de situaciones”.
El senador nacionalista afirmó que sus dichos se sostienen por información que obtuvo de la prensa, que es de conocimiento público y que “muestra que los magistrados tomaron decisiones en base a sus convicciones, más que contar con hechos que las avalaran”. Consultado sobre si cree que el Poder Judicial no es imparcial, aclaró que no piensa de ese modo y que lo respeta, pero también dijo que no cree que sea “infalible”, así como no lo son los legisladores y no lo es el Poder Ejecutivo.
Mieres comentó que en las filas de su partido no se ha vuelto a retomar el tema: “Se habló en el momento en que se presentó el proyecto de ley el año pasado y parecía que iba a avanzar en el debate parlamentario”. Comentó que en ese momento el análisis del Partido Independiente fue no acompañar el proyecto porque es “un poco sesgado” y esa postura se mantiene en la actualidad. La negativa se debe a que el proyecto “tiene un objetivo muy orientado a aquellas personas en situación de presos por delitos vinculados a la represión durante la dictadura” y son contrarios a una norma que permita a esas personas “un trato preferencial en materia de libertad domiciliaria”.
Por el lado del Partido Colorado, el senador Batlle comentó que no hubo avances en la discusión del proyecto de ley y espera que en marzo Cabildo Abierto insista en su proyecto. Manifestó que sigue pensando que si el proyecto no tiene cambios es difícil que lo apruebe. Uno de los motivos que le genera dudas es que se decía que se impulsaba el proyecto por la situación sanitaria producto de la covid-19, pero para Batlle ese tema “ya no es una preocupación”.
Consideró que el “tema de fondo” es el debate sobre los presos de Domingo Arena, y manifestó que hay algunos fallos judiciales que “son medio tirados de los pelos”. Planteó que hay casos de soldados que actuaron bajo las órdenes de superiores que “no tienen por qué ser castigados si actuaron por cumplir órdenes” y señaló que “a veces faltan pruebas para condenar totalmente a alguien”. Aunque también dijo que no estudió casos en particular y que la Justicia tiene sus formalidades, que todas se han cumplido y que sus fallos “hay que acatarlos siempre”.