Este lunes se produjo un nuevo ida y vuelta entre el gobierno y la oposición en torno a la seguridad pública, un tema de relevancia en el marco del debate sobre la ley de urgente consideración (LUC) de cara al referéndum sobre 135 artículos que se llevará a cabo el 27 de marzo. El tema fueron las denuncias sobre casos de abuso policial, luego del relevamiento realizado por la Asociación de Defensores de Oficio. Mientras que desde el Frente Amplio (FA) se reclamó al gobierno investigar los hechos y se enumeró 50 casos detalladamente para que tomen estado público, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondió que a la oposición “le dan mucha bronca” las cifras sobre delitos y sostuvo que no se cumplió “lo que anunciaron” sobre el gatillo fácil de la Policía.
“Los hemos convocado por temas que nosotros consideramos importantes y relevantes para nuestra convivencia democrática, y que no tienen que ver con diferencias con personas, sino con políticas”, dijo Fernando Pereira, presidente del FA, en la sede de la coalición de izquierda. Acompañado por varios legisladores de la oposición, brindó una conferencia de prensa en la que deslizó varias críticas a la gestión del Ministerio de Interior (MI). Sostuvo que ha tenido acciones en el último tiempo “que la sociedad tiene que mirar con especial atención”.
“Particularmente, hemos puesto nuestro oído y mirada atenta a lo que ocurrió en Durazno, donde se hizo presente [Heber], junto con una movilización de policías, que naturalmente puede expresarse. Pero el ministro no es el ministro de la Policía, sino de todos los uruguayos y uruguayas, y allí tuvo una fuerte injerencia sobre un poder independiente del Estado, como lo es el Poder Judicial”, señaló Pereira.
Estos comentarios hacían referencia a que hace unos días se inició el juicio oral en Durazno contra dos policías que fueron imputados por homicidio y abuso de funciones por la muerte de Santiago Cor, y Heber viajó a ese departamento para “respaldarlos”. Pereira resaltó las “quejas” sobre el hecho y los comunicados al respecto de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y del Colegio de Abogados, “censurando este tipo de acciones que claramente dificultan el accionar lógico de la Justicia”.
“Que los jueces no sean presionables no significa que se los presione. Las personas tienen que ejercer el hecho, ni más ni menos, de la justicia con total posibilidad de hacerlo sin interferencias, sin que un poder del Estado interfiera en las decisiones públicas. Todos lo tenemos que ver con esa gravedad; todos aquellos que defendemos la democracia, el republicanismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad tenemos que ver que actitudes de este tipo quitan institucionalidad”, subrayó.
Pereira destacó que lo que se busca desde el FA es “proteger a la buena Policía y separarla de aquella que comete hechos reñidos con los derechos humanos, con las mejores acciones”. Agregó que, en el marco de la campaña del referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, hubo “una cantidad de militantes hostigados por manifestantes del No”.
“Se vieron imágenes en las que militantes del No les rompían las papeletas a los militantes del Sí delante de un patrullero, en la ciudad de Treinta y Tres, y no se intervino. De la misma manera que cuestionamos cada uno de esos hechos, no justificamos bajo ningún punto de vista lo ocurrido en el Cerro [el último fin de semana], cuando un militante de alguna manera ofendió a quienes estaban haciendo, en todo su derecho, la campaña del No. No tenemos una doble vara para medir”, subrayó.
Pereira destacó que cuando el FA denuncia abusos policiales, desde el oficialismo se le dice que “no hay denuncias concretas”. Por lo tanto, en la conferencia se distribuyó un documento con 50 denuncias, y su número de expediente, “de hechos graves o gravísimos” que ocurrieron “cuando estaban detenidos hombres y mujeres en Uruguay; en general, hombres y mujeres jóvenes”, señaló.
Agregó que las 50 denuncias que consignan, al tener número de expediente, “de alguna manera le dan pista al MI para hacer una investigación seria y de urgencia”, ya que “no se puede tener derechos humanos vulnerados” ni abusos identificados “y no actuar en consecuencia”. “Separar a la buena Policía de la mala es defender a la Policía. Si efectivamente quieren defender a la Policía, separen la que es minoritaria, que violenta los derechos humanos y utiliza malos instrumentos, de la mayor cantidad de policías que son los que de verdad defienden la democracia y las libertades”, indicó.
Por último, Pereira dijo que después del referéndum el FA analizará otras decisiones a tomar sobre el tema, pero “ojalá que el MI y el gobierno tomen nota de esta denuncia y, en vez de enojarse, actúen en consecuencia”.
Heber: “Están siendo investigados y no estamos de brazos cruzados”
En la noche de este lunes hubo un acto de la lista 71 en defensa de la LUC, en el local que el sector nacionalista tiene en Cordón. Uno de los oradores fue el ministro Heber, quien no esquivó el tema y se refirió a la conferencia de prensa que había convocado el FA unas horas antes.
El jerarca resaltó que la totalidad de los integrantes del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del MI fueron designados por la administración del FA, y su director “sigue siendo la persona que fue designada por la anterior administración [Javier Donnangelo]”, porque “nada más garantista que los que ellos designaron sean los que determinen” los números. Subrayó que allí no hay personas de confianza, sino “profesionales, que se dedican a sistematizar y analizar los delitos en todo el país”. Heber dijo que en el FA están “muy enojados”, porque el MI en la actual gestión bajó los homicidios, las rapiñas, el hurto y el abigeato.
El ministro destacó que al Observatorio le pidieron que hiciera un análisis para disgregar lo que son “abusos de funciones normales, que puede ser no dar trámite a un expediente” de lo que es “abuso de funciones físicas” de la Policía. “¿Y cuál es el resultado? Que en 2019 hubo 152 acusaciones de abuso policial. En 2020 hubo 158 y en 2021 hubo 136. ¿Dónde está lo que escuchamos en el Parlamento, que iba a haber un crecimiento exponencial de la actitud de la Policía, que iba a dar palo y garrote?”, preguntó.
Subrayó que la oposición decía que las disposiciones sobre seguridad incluidas en la LUC “iban a despertar a una fuerza represora en la Policía”, pero eso “no se da en los números”. “Claro, yo entiendo, a ellos les da mucha bronca que en los hechos y en los datos les demostremos que lo que anunciaron no es cierto”, acotó. Agregó que el FA también dijo que la presunción de legítima defensa de la Policía, también incluida en la LUC, iba a hacer que la fuerza empezara “a tirar a lo loco” y se diera el gatillo fácil. Pero subrayó que una medición de 18 meses, antes de la LUC y luego de ella, dio como resultado que “abatidos en la acción policial, antes de la LUC había 47 y después de LUC, 33”.
En cuanto a las 50 denuncias de abuso policial consignadas por el FA, Heber resaltó que, como repasó, en 2021 hubo 136. “Entonces, ¿cuáles son los 50 casos? No sé. Los defensores de oficio dijeron que eran más de 100, ahora son 50 que me pasan con el número de expediente, quiere decir que fueron denunciados, que están siendo investigados y que no estamos de brazos cruzados”, aseguró.
En cuanto al caso de Cor, Heber dijo que tiene la “convicción” de que la Policía “actuó bien”, porque “la Ley Orgánica Policial establece que tiene que salir en persecución de quien no se detuvo frente a la autoridad que le dio la voz de alto”; después, “lamentablemente, hubo un accidente que le costó la vida a la persona que salió huyendo de la Policía; [los agentes] no solamente no tiraron, sino que actuaron como dice la Ley de Procedimiento Policial”. Por último, el jerarca señaló que “lo que queda claro” es que el FA “está contra la Policía”.