El expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y especialista en derecho marítimo Edison González Lapeyre, integrante del Partido Colorado (PC), propone crear un “mini GACH”, en referencia al Grupo Asesor Científico Honorario que trabajó junto al gobierno en la pandemia, pero en temas portuarios.
La propuesta surge para evitar un juicio internacional con el que volvieron a amenazar los accionistas de Montecon, empresa que opera en los muelles públicos y que se considera perjudicada por el acuerdo al que arribó Katoen Natie con el gobierno, que incluye el nuevo reglamento de atraque que le da prioridad para atender buques portacontenedores.
“Las demandas internacionales no van a ser de Montecon, sino de sus accionistas, que van a defender sus intereses y sus inversiones en Uruguay. Estamos en el proceso de presentar las cartas que anuncian esos arbitrajes y, seguramente, en las próximas semanas haya información al respecto”, dijo al semanario Brecha el gerente general de la empresa, Martín González. Las acciones de Montecon se dividen entre el grupo chileno Ultramar y el canadiense ATCO.
En este contexto, González Lapeyre, quien en su momento fue consultado por el Comité Ejecutivo Nacional del PC respecto del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, y manifestó reparos, dijo a la diaria que el gobierno debe evitar llegar a un litigio internacional y para ello tiene que sentarse a negociar con Montecon y Katoen Natie, porque “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”.
El especialista consideró “absolutamente lamentable” haber llegado “a este nivel de tensión” en el puerto de Montevideo, que a su entender podría llegar a agravarse si se reinicia el conflicto sindical, en caso de que la empresa reduzca su plantilla ante la pérdida de servicios navieros que pasen a operar en la terminal especializada debido al nuevo reglamento de atraque.
Para González Lapeyre, es necesario encontrar “soluciones de tipo conciliatorio” para “evitar lo que está pasando ahora”, y en este sentido recordó las negociaciones que a fin de año se iniciaron entre Presidencia y autoridades de Montecon, pero el gerente general de la empresa que opera en los muelles públicos dijo días atrás que hoy no existe “ninguna negociación en curso ni mucho menos”.
Consideró que el juicio internacional que ahora se anuncia podría haberse evitado si se hubiera firmado un acuerdo “de manera correcta desde el punto de vista del ordenamiento jurídico”. Igualmente, dijo que Uruguay está “a tiempo” de iniciar una negociación y evitar el litigio, porque “aún ganando este juicio, todavía queda todo el tema del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, en el que Montecon también presentó un recurso. “Yo creo a ciencia cierta que no se han agotado las instancias de negociación”, dijo, y agregó que este sería el único camino para evitar “el campo de Agramante”, que podría traducirse en desorden, que “es lo que se ha generado ahora”.
Para González Lapeyre, es necesaria la conformación de un grupo que asesore al gobierno no sólo jurídicamente, sino también en materia portuaria, por ejemplo, en temas vinculados a la logística. “Sobre la base del apoyo técnico que esos asesores pueden brindar” al gobierno, las autoridades deben “tratar de acercar a las partes y buscar soluciones conciliatorias”, señaló. Agregó que algunas cosas “que se hicieron torpemente tienen que ser rectificadas” en la nueva negociación.
Críticas partidarias
Uno de los socios de la coalición que tiene más reparos sobre el acuerdo alcanzado con Katoen Natie es Cabildo Abierto (CA). Su presidente, el senador Guillermo Domenech, manifestó a la diaria que “una de las principales objeciones” que hizo durante la discusión sobre este tema “es que no se aseguraba la debida competencia que tendría que haber entre los operadores portuarios”, que a su juicio “es lo que le conviene al Uruguay” porque “las exclusividades realmente no generan el estímulo para mejorar los servicios y abaratarlos”.
“Uruguay se debió haber ahorrado todo esto si de entrada se hubiera armado un esquema que permitiera la competencia de los operadores portuarios”, expresó, y agregó que “para nada” esa competencia está garantizada en el acuerdo, más bien la “dificulta enormemente”, lo que precisamente denuncia Montecon. Sentenció que “no hay que privilegiar a nadie, y asegurar la competencia nos asegura de que no haya privilegios”.
Sin embargo, señaló que lo sucedido se originó luego de “muchos años de un manejo poco claro del tema puerto”, que “ha sido responsabilidad de los sucesivos gobiernos”, incluyendo el actual y los anteriores. “Acá hay una clara contienda de intereses” y “en Uruguay no nos hemos sabido manejar a efectos de preservar debidamente nuestros intereses”, lamentó el senador de CA.
Domenech también se mostró partidario de reiniciar las negociaciones, y dijo que “hasta en el transcurso de un litigio hay margen” para hacerlo. En este sentido, señaló que “los litigios en realidad no le convienen a nadie” y expuso un concepto idéntico al de González Lapeyre: “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”.
Mientras tanto, el senador del FA Charles Carrera, quien junto a Mario Bergara presentó la denuncia penal ante la Justicia, dijo que el anuncio de Montecon “es una mala noticia para el país”, pero recordó que esta situación fue advertida “a las autoridades”, que tomaron “una mala decisión”. “Es algo muy complejo que nos preocupa”, dijo Carrera, que también deseó que “se pudiera solucionar” de otra manera.
El senador frenteamplista adelantó que el próximo lunes la bancada del partido analizará qué pasos dar, pero él entiende que hay que citar a las autoridades a la Comisión de Transporte del Senado “para que expongan qué tienen pensado hacer ante esta situación”.
“También lo que nos preocupa es la dimensión social y laboral que son las fuentes de trabajo. Realmente es una situación conflictiva en base a una decisión que en nuestra opinión es ilegal, es violatoria de todo el ordenamiento jurídico nacional y en particular del ordenamiento jurídico portuario”, sentenció Carrera en referencia al acuerdo con Katoen Natie.