En un año, el litro de aceite de girasol subió de 119 a 140 pesos (17% más); el kilo de azúcar, de 41 a 51 pesos (24%); la media docena de huevos colorados, de 63 a 85 pesos (34%). Todos estos aumentos de precios, relevados por el Ministerio de Economía y Finanzas en los 12 meses hasta abril en una de las grandes superficies, constituyen porcentajes mayores al de la inflación general, que está en el acumulado en 9,37%. Es que, en promedio, los alimentos han subido 11,38% en los últimos 12 meses.
Este incremento del costo de los alimentos tiene un impacto desigual en la sociedad, dado que los hogares más pobres, cuyos ingresos se van en mayor medida en comprar comida, resultan más perjudicados. Ante este escenario, donde lo que más se compra es lo que más sube, la compra de alimentos fraccionados aparece en barrios de Montevideo y del interior del país como el último recurso para muchas familias antes de la olla popular.
Días atrás, a raíz de un planteo de los pequeños comercios, el fraccionamiento de productos -que se mantenía en la práctica pero prohibido en la teoría- quedó formalmente habilitado por las intendencias frenteamplistas de Canelones y Montevideo. La autorización rige sólo para almacenes chicos, con superficies no mayores a 200 metros cuadrados.
“La medida es positiva porque ayuda al consumidor humilde que de repente con 200 pesos tiene que hacer la comida del día, y de la otra manera, comprando la unidad o kilo, se le complica indudablemente”, comentó a la diaria Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu). Del otro lado del mostrador, valoró que la medida “le da al comerciante la facilidad de tener un mejor relacionamiento con el vecino necesitado” al no negarle, por miedo a una sanción, la posibilidad de comprar comida.
En diálogo con la diaria, Carlos Varela, director de Promoción Económica de la Intendencia de Montevideo (IM), dijo que la habilitación se aprobó porque “no se puede ser más realista que el rey”. “Hay lugares donde si no se vendía fraccionado, la gente se quedaba sin comer; donde si el almacenero no vendía medio kilo de azúcar, la leche de los gurises iba sin azúcar. Esto, que parece dramático, pasa en algunos barrios”, señaló.
Por su parte, Tania Yanes, coordinadora del Gabinete Productivo de la Intendencia de Canelones (IC), explicó a la diaria que la autorización de la venta fraccionada de algunos productos surgió “a partir de una realidad en los territorios y de la visualización de Cambadu”, lo cual impulsó al gobierno departamental a “encontrar una oportunidad para colaborar que no contravenga con la normativa nacional”.
“Desde un punto de vista más político”, agregó Yanes, “lo que se intentó fue dar una señal para estos comerciantes, que en definitiva son los que responden a la necesidad de los vecinos y las vecinas, para que no tuvieran que decir que no cuando vienen a decirles que no les alcanza para comprar el paquete completo”.
Fernández de Cambadu afirmó que la venta fraccionada viene en aumento en los “barrios periféricos” de Montevideo, en “toda una zona que creímos que no estaba tan perjudicada”, y que la medida se planteó para “tratar de colaborar”. En ese sentido, destacó que la IM también resolvió quitarles una carga impositiva a los paquetes de más de cinco kilos. “El ejemplo más patético es el del fideo”, apuntó el presidente de la gremial de comerciantes. “Un paquete de fideos de primera marca está entre 70 y 80 pesos [el medio kilo]. Pero si vos comprás el mismo producto en una bolsa de cinco kilos, no te sale ni 45 pesos el kilo. ¿Por qué razón? Los envases diferentes, por ejemplo. El envase acá es muy caro”, ilustró.
Varela de la IM indicó que la modificación en torno a los paquetes de más de cinco kilos tiene como propósito impedir que el fraccionamiento “tenga impacto negativo” en el resultado final, es decir, que el consumidor con menos recursos no termine “pagando mucho más caro” con relación a la cantidad.
Llover sobre mojado
Hay consenso en que el fenómeno de la venta de alimentos fraccionados siempre existió y también en que su existencia no depende de que haya o no un permiso formal por parte de los gobiernos departamentales. Por eso mismo, y porque los anuncios cayeron cuando la inflación es un tema central en la opinión pública, es que las medidas de las intendencias frenteamplistas recibieron acusaciones de oportunismo político. “Son golpes de efecto, pero que en la realidad no cambian nada”, dijo el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, en el programa Doble click de FM Del Sol.
Yanes reconoció que en Canelones el fraccionamiento “se estaba dando de hecho”, pero destacó que la iniciativa aporta “elementos de seguridad” ante una “necesidad económica de los vecinos y las vecinas”. Mencionó que, junto a la habilitación para el fraccionado, la IC le brindará asesoramiento a los pequeños comercios en “algunas medidas de buenas prácticas, como la correcta manipulación de alimentos y el envase de primer uso”, además de las habituales inspecciones bromatológicas.
Las resoluciones de ambas intendencias sólo permiten el fraccionamiento de alimentos “poco perecederos”, según lo dispuesto en el Reglamento Bromatológico Nacional de 1994. No se pueden fraccionar lácteos ni productos congelados, por ejemplo. Además, el proceso de empaquetado debe realizarse siempre “a la vista del público”.
Varela informó que en unos meses la IM evaluará “si esta es una medida que tiene que quedarse o si lamentablemente los riesgos sanitarios son mayores que los beneficios alimentarios”. A su entender, sin el permiso legal se “estaba exponiendo a los comercios a ser sancionados por incumplimiento de la normativa cuando lo que estaban haciendo era ayudar a la gente”.
Al respecto, el presidente de Cambadu afirmó que, a diferencia de lo que ocurre en el interior del país, en Montevideo “se controla mucho” y “la multa por fraccionar son 54 unidades reajustables”, unos 77.000 pesos. Con todo, aclaró que “en esos barrios” donde la venta fraccionada es común y corriente, en general, “la IM ni entra porque no quiere líos con los vecinos”.
En referencia a la discusión pública que tuvo el asunto, Fernández opinó que al planteo de la gremial “lo politizaron en seguida”. En cualquier caso, aseguró que la medida “no mueve la aguja” frente al aumento sostenido de los precios de los alimentos.
“Ya ni siquiera llama la atención”
“Toda la vida estuve atrás de un mostrador, con mis padres y con mis tíos. La inflación no la parás por decreto, por controles de precios, nada de eso. Acá hay temas estructurales. Al pobre chacarero le pagan una lechuga a cinco pesos y cuando llega a la mesa vale cincuenta pesos. Y también pasa con los productos importados”, reflexionó Fernández.
Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), cuestionó que “cada vez que se habla de los precios se apunta a los supermercados”, cuando “somos el último eslabón de la cadena de abastecimiento”. En conversación con la diaria, Menéndez señaló que los precios de las góndolas se determinan afuera de los supermercados. “Somos tomadores de precios. Nos viene el precio aumentado y lo trasladamos, porque no tenemos más remedio”, puntualizó.
A título personal, Menéndez indicó que hoy “estamos un punto arriba del promedio de la inflación en los últimos siete años”, que fue alrededor de 8,5%. “Otro tema distinto es que el ciudadano tenga resentidos sus ingresos. En este momento se da un contexto en que los ingresos se han reducido en los hogares. Creo que ahí está el problema más grande y no en la inflación”, consideró.
Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), comentó a la diaria que “la especulación de algunos grandes grupos económicos es una cuestión que a esta altura rompe los ojos”. A modo de ejemplo, mencionó el reciente aumento de la harina tras la invasión de Rusia a Ucrania. “Todos sabemos que en Uruguay la harina que se consume hoy es la que se produjo el año pasado”, apuntó.
Para Riverón, dicha especulación “es tan común” que “ya ni siquiera llama la atención”, incluso “lo terminamos planteando a veces en términos cómicos con toda la desgracia que tiene atrás”. “Hay inundaciones y los precios suben; hay sequía y los precios suben; no hay ninguna de las dos y los precios suben. Siempre hay algo por lo que subir”, expresó.
Por otra parte, Riverón advirtió que “los supermercados y las grandes superficies están muy enojadas” con la habilitación del fraccionamiento en Canelones y Montevideo “porque obviamente les quita más venta de la que ya venían perdiendo”. Según el presidente de Fuecys, en los últimos dos años las grandes superficies, que no están incluidas en la habilitación, “han ido perdiendo ventas con los almacenes de cercanía”.
Consultado al respecto, Menéndez declaró que la directiva de ASU “no tiene opinión ni a favor ni en contra” del fraccionamiento porque “no lo analizó”. Del mismo modo, Yanes aseguró que en Canelones “no recibimos ningún tipo de queja; al contrario, se entendió perfectamente”.
Sin una visión integral
En diálogo con la diaria, Alejandra Girona, nutricionista e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición, coincidió en que la venta de alimentos fraccionados “siempre existió” en determinados contextos económicos “y más en tiempos de crisis”. “Eso habla de la fragilidad y de la injusticia alimentaria, porque en otros sectores de la población a nadie se le ocurre decirle que vaya a comprar 200 gramos de fideos”, señaló.
En cuanto a las nuevas disposiciones, Girona cuestionó que sólo comprenden “grupos de alimentos” que por lo general “son los que están más presentes en la dieta de los sectores empobrecidos”, tales como arroz y fideos. A su juicio, hay un descuido de “otro montón de grupos de alimentos que dentro de la canasta nutricional alimentaria deben estar presentes” para evitar seguir engrosando la “pobreza alimentaria”.
“Pueden ser políticas bien intencionadas”, aclaró Girona, “pero hay que pensar si no seguimos haciendo crónicas situaciones de injusticia alimentaria en nuestro país”. “Volvemos a esto de que algunos elegimos qué comer, y otros no”, criticó.
Las resoluciones de las intendencias de Canelones y Montevideo rigen temporalmente por un plazo de seis meses. Consultado sobre de qué depende continuar o no con la medida una vez finalizado ese plazo, Varela explicó que si bien “la situación económica es determinante”, el elemento fundamental será “la evaluación sanitaria” de las inspecciones bromatológicas.
Ante la misma pregunta, Yanes respondió que la continuidad de la medida dependerá de la evaluación que haga el intendente Yamandú Orsi dentro de seis meses. Pero añadió que “si la carestía sigue profundizándose y el poder adquisitivo de la gente no mejora, parecería evidente que esto va a seguir sucediendo”.
En tanto, el martes el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió con dirigentes de Cambadu para intercambiar comentarios sobre la actual situación económica y social, al tiempo que presentó las propuestas que la oposición elevó al Poder Ejecutivo. “Venimos a conversar con los pequeños comerciantes y baristas, porque ahí hay una forma de ver el mundo y un contacto con la sociedad”, sostuvo Pereira, quien indicó que, entre otros asuntos, se conversó sobre cómo trabajar respecto al fraccionamiento de alimentos.