Casi un año después de que ingresaran los primeros dos proyectos de ley para abordar la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, uno del senador colorado Germán Coutinho y otro de los tres senadores cabildantes –Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano–, y a un mes de que ingresara el tercer proyecto sobre el tema, de la mano de los blancos Carlos Camy y Sergio Botana, este martes los legisladores de la coalición en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado resolvieron unificar las tres iniciativas, y para ello trabajarán sobre un borrador que envió a la comisión el movimiento de deudores en UR.
El documento que redactó el grupo de deudores, al que accedió la diaria, se basa principalmente en el proyecto de Camy y Botana, pero introduce algunas modificaciones y agrega cinco artículos más, con base en las iniciativas de Coutinho y Cabildo Abierto. La iniciativa de los nacionalistas esencialmente propone congelar en pesos las deudas en UR para quienes pagaron más de 170 cuotas, es decir, al menos 14 años, y que sigan pagando con el plan de cuotas vigente, así como cancelar la deuda al momento en que se finalice totalmente o cuando se paguen 120 cuotas sin atraso –hasta tres cuotas sin superar los seis meses de deuda–.
En el primer artículo del proyecto originalmente se hablaba de los deudores cuyas “deudas estén nominadas” en UR, a lo que el grupo de deudores agregó “o abonen las mensualidades”. En la sesión del martes 3, una representante del grupo, Rosemarie Rosas, explicó que se agregó este pasaje porque “hay deudas que en su inicio eran en dólares o en pesos y luego el banco, de alguna manera, los conminó a firmar convenios de pago en UR”, por lo cual “las deudas no están nominadas en unidades reajustables, sino en su moneda de origen, pero hoy por hoy están pagando en UR”. Rosas explicó que si no se hace esta aclaración en el proyecto, estas personas “quedarían afuera”.
También añadieron al primer artículo que, “a los efectos de establecer el monto total a convertir en pesos, se tomarán en cuenta sólo los intereses generados hasta la fecha de promulgación de la presente ley”, de forma tal que “en la pesificación se descuente el interés futuro”, indicó Rosas. “No estamos hablando del que se generó hasta el momento en que la persona se acoge a este mecanismo o hasta la promulgación de la ley, pero sí el futuro, que ya está contemplado en nuestras liquidaciones”, explicó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
El segundo artículo del proyecto de Camy y Botana establece que “los deudores que se acojan a la opción dada en el artículo anterior mantendrán el plan de pago original en UR y las cuotas que se paguen serán deducidas íntegramente de las deudas en pesos”. A este inciso los deudores agregaron: “respetándose el valor de la cuota que efectivamente estén pagando en esa unidad”. Rosas justificó este agregado en que, de no hacerlo, hay quienes “van a tener una cuota más alta que la actual porque se les va a exigir el pago original, que –en algunos casos; en otros sí, por supuesto– no es el que están haciendo en este momento”. “Al no ser el plan de pago original, nos vamos a encontrar con que mucha gente va a tener una cuota superior, sobre todo aquella que se jubiló y que, como gana menos, no puede acceder al plan de pago original”, explicó.
El artículo 3 define que las cuotas no podrán superar el 30% del ingreso familiar, y que aquellos deudores que hayan tenido cambios en sus ingresos por su situación laboral o jubilación, luego de haberlo demostrado, podrán solicitar un cambio en el plan de pagos. En este apartado los deudores también propusieron varias modificaciones: en primer lugar, que se especifique que se trata de los ingresos “líquidos legales”, para que “realmente refleje el ingreso del núcleo familiar”. Además, plantean agregar a la situación laboral o jubilación “cualquier otra” situación que justifique un cambio en el plan de pagos, “como, por ejemplo, divorcio o fallecimiento de un integrante del núcleo familiar, lo que también va a variar el ingreso de la familia”, ejemplificó Rosas.
“Además, pedimos que el 30% sea contemplado en todo el proceso de pago hasta la cancelación [de la deuda], ya sea porque terminamos de pagar la deuda o porque pasaron las 120 cuotas. ¿Por qué? Porque hoy podemos estar en actividad y dentro de dos o tres años jubilarnos, y en ese caso ese 30% no es el que se tomó cuando nos acogimos a esta ley, sino que se va a ver mermado”, añadió Rosas.
En un quinto artículo, los deudores añaden el planteo del primer artículo del proyecto de Coutinho, que establece la nulidad de los colgamentos, es decir, las postergaciones de parte de las cuotas o refinanciamientos que se añaden a la deuda y fueron “establecidos unilateralmente por resolución administrativa” del BHU. En el artículo 6, en tanto, proponen que “a los buenos pagadores o aquellos que no adeuden más de tres cuotas se les dará la posibilidad, por única vez, de cancelar sus deudas con un pago contado de 40% del total adeudado, luego de realizadas las operaciones referidas en los artículos anteriores”.
El artículo 7 que agregan los deudores establece cancelar la totalidad de la deuda “a los deudores mayores de 70 años y que tengan 360 mensualidades o más pagas al momento de promulgación de la presente ley”, y proceder a “escriturar sus viviendas si correspondiere”. También aclaran en otro inciso que “el acogerse a la presente ley no representará ningún costo para los deudores que así lo hagan, ni variará su calificación crediticia ante el Banco Central del Uruguay”.
Coutinho: “Es un buen proyecto”
En diálogo con la diaria, Coutinho manifestó una opinión favorable a la propuesta de los deudores: “es por ahí”, afirmó, y aunque aclaró que, por ahora, es solamente “una aspiración escrita” de los protagonistas del tema, aseguró que “es un buen proyecto” al que “los legisladores le van a hacer sus aportes correspondientes”. Consultado en cuanto a si el contenido del borrador se analizó con sus socios de la coalición, el senador afirmó que todos están “de acuerdo”, pero va a influir en la discusión una reunión que mantendrá la ministra de Economía [y Finanzas], Azucena Arbeleche, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por este tema, así como la comparecencia de la jerarca en la comisión.
Coutinho recalcó que esta redacción atiende el problema de los colgamentos, que calificó como “el escenario más injusto”, por tratarse de más de 700 familias “que ya pagaron sus cuotas pero tienen colgamentos que implican hasta más plata de la que debían”. El otro punto de su proyecto que los deudores incluyeron es el de la cancelación de la cuota por un pago de 40%: “Eso ya en el gobierno de [Jorge] Batlle se hizo, hasta de 50%”, resaltó. También destacó el artículo 7, que perdona la deuda a los mayores de 70 años que pagaron 360 o más mensualidades: “Pasaron años y han pagado más de una vez su propiedad y ya no saben qué decisión tomar, si dejan una herencia o un problema”, analizó.