“El lado B del Municipio B” se define como un “mapeo colectivo” sobre la situación de calle en el Municipio B de Montevideo, que abarca los barrios Cordón, Parque Rodó, Palermo, Sur, Ciudad Vieja, Centro, parte de la Aguada, La Comercial y Tres Cruces. Se trata de una investigación que se realizó en el marco de un acuerdo interinstitucional entre el municipio, la Universidad de la República (Udelar), la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay y el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep). El trabajo se desarrolló entre julio y octubre de 2021 y sus resultados se presentarán este jueves a las 18.00 en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.
En el Municipio B se concentra 46% de las personas en situación de calle, según estimaciones realizadas en 2019. En el informe, al que accedió la diaria, se señala que en la actualidad hay más de 4.000 personas en situación de calle en la capital y que la cantidad se multiplicó por tres “en los últimos diez años, creciendo consistentemente ya sea en ciclos económicos de prosperidad o recesión económica a nivel nacional”. El objetivo de la investigación fue “conocer la realidad de las personas en situación de calle y los usos del área central de la ciudad” para “dar cuenta de sus estrategias de sobrevivencia en busca de alimento, techo, comida y convivencia”.
Para conseguir la información se realizaron 40 entrevistas a personas en situación de calle, y se indagó en sus opiniones sobre lugares del Municipio B –“positivas, negativas, peligrosas, que conocen mejor, que garantizan confort y ocio en el día, la noche, los fines de semana, en invierno y verano”–; espacios “singulares” del municipio; los recorridos diarios, y también se solicitó a los entrevistados “que realizaran sugerencias y propuestas para la mejora del municipio”. También se realizó una recorrida de registro de los “lugares donde se identifican personas o elementos que den cuenta de ser un espacio utilizado por personas en situación de calle” y se hicieron dos talleres convocando a personas en situación de calle a través de volantes repartidos en los refugios y dispositivos diurnos.
A partir de ese relevamiento se plasmaron en un mapa los recorridos habituales de personas en situación de calle en el Municipio B, que muestra como principales vías de circulación 18 de Julio, Fernández Crespo y Avenida del Libertador. En el documento se señala que “las personas en calle son obligadas a moverse, porque no pueden permanecer, pero también y sobre todo porque el precario sistema de amparo es exigente: los estrictos horarios de los refugios, las poco prácticas localizaciones de los comedores, los escasos baños públicos disponibles, obligan a ir de una parte a otra”, y las personas en situación de calle a diario recorren el municipio, “muchas veces, de punta a punta”.
El acceso a los alimentos es una de las principales tareas que determinan la cotidianidad de la población en situación de calle, y al respecto se señala que “las formas en que acceden y los métodos para la obtención de los mismos transcurre entre espacios institucionales (comedores gestionados por el INDA [Instituto Nacional de Alimentación]), espacios populares de solidaridad (ollas y merenderos implementados por las organizaciones sociales presentes en el territorio) y separación [y] recolección de los contenedores de residuos”.
Por otra parte, se indica que “las personas en situación de calle satisfacen sus necesidades materiales y afectivas” no sólo con “criterios asociados a una racionalidad instrumental”, sino “con el criterio de selección de los espacios donde cocinan más rico, atienden de mejor forma, ofrecen la comida en mejores condiciones de confort, donde se puede charlar con otros sin estar mediados por violencias personales e institucionales”. Para obtener recursos o satisfacer necesidades básicas como dormir o higienizarse, las personas en situación de calle generan “juegos urbanos específicos, reglas propias, muchas asociadas a instituciones”, como los horarios de refugios y sistema de derivación y permanencia, horarios de comedores, horarios de pago de tarjeta, horarios del sistema de salud, en una suerte de “puerta rotatoria de instituciones”.
La violencia en la calle: denuncian ataques de grupos “anticallejeros”
“Los niveles de violencia a los que se ven expuestas cotidianamente las personas en situación de calle en el espacio público son muy altos. Esto surge de las entrevistas y los talleres realizados con enorme nitidez”, se señala en el informe, que incluye fragmentos de un “conjunto de historias dramáticas, muchas cotidianas, injusticias que suceden casi sin repercusión pública”. Entre esos testimonios, se incluye el de una mujer de entre 30 y 45 años que relató lo que presenció en una de sus noches a la intemperie: “Vi que paró un auto, se bajaron unos; eran pibes. El loco estaba durmiendo, lo rociaron y lo prendieron fuego”.
Otro entrevistado, varón de 45 años o más, afirmó que “hay mucha gente que son ‘anticallejeros’, ‘antipasta’, que le pegan a la gente y la prenden fuego, y es una de las cosas más feas que hay acá en el Centro”.
También denuncian situaciones de violencia en refugios y por parte de la Policía. “Hay policías muy bien, muy correctos en su actuar, y el abuso policial, [que] también lo viví. Me acuerdo, sin ir muy lejos, de una de las últimas noches que me tocó quedarme a dormir en la calle. Me fui a dormir a Kibón, y se me apersonaron dos policías y me dijeron ‘te voy a contar hasta cinco para que te levantes y te vayas porque si llego a cinco y no juntaste tus pertenencias voy a entender que te desacataste y te vamos a agarrar a palos acá; uno, tres, cuatro...’. Agarré las cosas y salí corriendo a las tres y media de la mañana”, narró uno de los entrevistados, hombre, de entre 30 y 44 años.
En el relevamiento en el municipio también se identificó arquitectura defensiva, que en el informe se define como “infraestructura urbana creada o alterada con el fin de evitar, disuadir o reprimir el uso de ciertos espacios en la ciudad, especialmente su uso para el achique o descanso por parte de quienes se encuentran en situación de calle”. Se trata de “infraestructura potencialmente peligrosa” que “inhibe la libre circulación urbana y atenta contra la convivencia en el espacio público”.
Propuestas: habilitar casas abandonadas, más servicios públicos y espacios diurnos
El documento incluye un capítulo de propuestas en el que se sistematizan las sugerencias realizadas por las personas en situación de calle consultadas. Por ejemplo, se pone sobre la mesa la posibilidad de habilitar casas abandonadas o la entrega de materiales para construir: “un poco de tierra y que nosotros mismos, entre nosotros, nos ayudemos”. También proponen la instalación de baños públicos “en lugares estratégicos”, “no sólo para la gente de la calle, sino para todo aquel que anda trabajando o haciendo lo que sea”.
Sugieren más actividades públicas, “otro tipo de recreaciones, cosas que puedan ayudar a las personas psicológicamente, un apoyo”, y la mejora de espacios públicos: plazas con techo, con bebederos, más lugares con internet o instalaciones para cargar celulares, “más bancos, agua caliente” y “lugares didácticos, más espacios de deporte”. A su vez, en los testimonios hacen mucho hincapié en la necesidad de fortalecer los espacios para estar durante el día: “He tenido días de lluvia en que digo ‘cómo me gustaría estar en un lugar con un grupo de gente jugando a las cartas, escuchando música’, y sin embargo no hay y a veces me tengo que ir a encerrar a un shopping, o a la terminal”, plantean.
A partir de este estudio también se elaboró una guía de recursos en el Municipio B, que estará disponible en una página web, donde se georreferenciarán “los recursos más significativos para la vida cotidiana de las personas en situación de calle”.
Nitep presentó un informe sobre violencias institucionales contra personas en situación de calle
El viernes 29 de abril Nitep presentó un informe de “violencias institucionales sobre personas en situación de calle”, que elaboró en colaboración con la Universidad de la República, la Red de Abogades por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia y Colectivos contra la Represión y por las Libertades. Allí se define como violencia institucional las “prácticas de maltrato, humillación o castigo” que son “llevadas a cabo por parte del Estado, tanto por la imposición de políticas, por las acciones de sus funcionarios, o por la reproducción de sus instituciones”.
Sobre los dispositivos del Programa de Atención a Personas en Situaciones de Calle (PASC) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se plantea que “se convierten muchas veces en espacios de encierro, de castigo y neutralización, que reenvían a constantes restricciones de todo tipo, de malos tratos, falta de acceso a la salud, a la educación, a la recreación, a programas de tratamiento integrales y goce efectivo de derechos”. Se hace referencia también a un caso específico de 2020 en el que una mujer en preoperatorio por cirugía del corazón fue desalojada de una pensión, y al solicitar ayuda al Mides –a través de vecinos de una olla barrial– tuvo por respuesta que esperara en la vereda de la pensión un móvil del Mides que podía demorar hasta 48 horas.
El estudio identificó “castigos extralegales” en ese tipo de instituciones, como por ejemplo la expulsión por una o más noches de un refugio o hasta del conjunto de refugios del PASC durante un tiempo “como ‘castigo’ por un ‘mal comportamiento’”; “malos tratos, amenazas, violencia verbal, observaciones, manipulación, trato infantilizante, criminalización y judicialización” en instituciones como refugios, emergencias de hospitales, comedores del INDA, terminales de ómnibus, entre otros. También omisión de asistencia médica y odontológica y vulneración del derecho a la alimentación en dispositivos de atención nocturna o 24 horas, y la internación involuntaria a cargo de personal policial o militar en cuarteles o lugares de contingencia.
También se denuncia “violencia patrimonial” en las instituciones, que se hacen cargo del dinero de los usuarios de forma “discrecional”, así como violencia física y simbólica y violencia policial.