Como se anunció en conferencia de prensa, los partidos de la Coalición Republicana no votarán la Rendición de Cuentas en general y, al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo en la diaria Radio que “todavía no está culminada” la conversación con respecto a las alternativas para unificar y fortalecer el sistema de transferencias para las infancias y adolescencias si el articulado no se aprueba. No obstante, recalcó que “no es habitual que se hagan este tipo de pronunciamientos en un momento todavía tan inicial del tratamiento” y lo vinculó a “una actitud política hacia el gobierno”.
La posibilidad de que la asistencia económica se brinde en efectivo generó cuestionamientos de la oposición y de comerciantes fronterizos, que lo catalogaron como una “tragedia anunciada” por considerar que llevaría a los beneficiarios a comprar en comercios extranjeros. “Lo que significa ese artículo, que aparte se ha tomado un poco parcialmente, es que no hay un medio de pago específico”, aclaró Civila. Dijo que lo anterior “ya sucedía con otras prestaciones que no se pagan” con la Tarjeta Uruguay Social y “no es nada nuevo”, además de que también están previstos “los medios propios de la inclusión financiera” y “las personas pueden cargar esto a la cuenta que utilizan con una tarjeta de débito”.
Por otro lado, con respecto a los comercios donde se pueden utilizar los beneficios, apuntó que esas discusiones “siempre se dieron con las transferencias monetarias”, y que algunas posturas le llaman la atención porque “el gobierno pasado, por ejemplo, incrementó transferencias en algunas áreas particularmente relacionadas con primera infancia” y, en la discusión por las contraprestaciones, no aparecían condicionalidades” y resulta “una objeción un poco extraña”.
El jerarca consideró que “si la política nos interesa está muy bien que se habilite la discusión”, porque la no votación en general “tiene consecuencias sobre la discusión de los artículos en caso de que no se logren los votos”, aunque también detectó “un aspecto más ideológico” vinculado a “la forma en que nos relacionamos con los gastos de las familias y los hogares más pobres de la sociedad, que es muy distinto a cómo nos relacionamos con el gasto de cualquier otro ciudadano o cualquier otro hogar”.
Además, Civila indicó que existe una “enorme diversidad de apoyos”, incluyendo algunos destinados a empresas y funcionarios, por lo que, a su entender, la discusión está “un poco sesgada” en ese sentido. “Ojo con caer en una especie de paternalismo que, en definitiva, cuando se pretende criticar la asistencia y se la tilda de asistencialismo, no parece ser muy compatible con un discurso en el cual uno tiene que tener milimétricamente controlado cuál es el gasto que se hace” con recursos que consideró “elementales” para esas familias.
Residenciales irregulares: “No hay un relevamiento de hogares clandestinos”
El fin de semana, las autoridades localizaron un residencial clandestino en el cruce de Comercio y Mateo Cabral, en la Unión, donde 22 ancianos estaban encerrados en estado de abandono. El jerarca se refirió al caso y, en primera instancia, dijo que “todo lo que se ha visto y se ha relatado en estos días realmente, como sociedad y como Estado, nos tiene que indignar”.
Sobre el estado de salud de los residentes, señaló que es dispar: mientras algunos debieron ser derivados a centros de salud, en otros casos “los familiares se acercaron”, por lo que “volvieron a sus hogares” y “están en proceso de reubicación”. Finalmente, un grupo se quedó en el establecimiento una vez que el Ministerio de Desarrollo Social –en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y otras instituciones– realizó “una limpieza profunda del lugar” y dispuso cuidadores con una cooperativa contratada.
Lo anterior responde al desarrollo del proceso de realojo. “Es importante que sea con cierta cadencia, con cuidado, porque los movimientos, en algunos casos, en personas muy grandes, también son difíciles. Estamos en ese proceso: hoy se terminaron de realojar las últimas personas. En realidad, el estado del lugar cambió drásticamente después de la intervención”, apuntó. Aseguró que la salud de las personas se monitorea permanentemente y, aunque es “disímil” entre los internados, descartó el riesgo inminente de vida en algunos de ellos.
A raíz del caso, la diputada colorada Nibia Reisch solicitó retomar su proyecto para incluir en el Código Penal el delito de maltrato a los adultos mayores y señaló que le consta que existen “cerca de 200 hogares con similares características”. Civila indicó que “no hay un relevamiento de hogares clandestinos”, sino que “son lugares que no están visibles como tales” y, por ese motivo, “se puede presuponer” cierta cifra, pero “nadie puede decir [que] hay 200 en estas condiciones” porque “no hay datos en ese sentido”.