Culminado el referéndum por los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), el movimiento sindical y popular ya se impuso otra meta: evitar que la reforma de la seguridad social se apruebe tal como la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) le recomendó al Poder Ejecutivo. Y, si eso ocurre –puesto que la coalición multicolor tiene la mayoría necesaria para aprobar un proyecto de ley por cuenta propia– la idea es comenzar a buscar las formas para derogar los cambios. No obstante, el PIT-CNT y las organizaciones sociales decidieron bajar la pelota al piso, pues se entiende que sería muy apresurado tomar una definición sabiendo que el gobierno no presentó siquiera un anteproyecto.
La reforma previsional va a ser el principal tema en la reunión que el presidente Luis Lacalle Pou tendrá en la mañana del jueves 12 con los legisladores de la coalición en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. De todas formas, en los corrillos del Parlamento se vislumbra que si no hay un consenso político entre todos los partidos la reforma no saldrá, y distintas voces del oficialismo ya apuntaron al Frente Amplio (FA), pidiendo responsabilidad de cara al debate previsional. Una de las razones es que los partidos que aprueben la reforma deberán asumir un costo político, en el marco de un reciente resultado parejo en el referéndum, que deja entrever que “cualquier error” puede costar caro, como dijo el líder cabildante Guido Manini Ríos.
En diciembre, la CESS elevó un documento al Poder Ejecutivo en el que hizo varias recomendaciones para reformar el sistema previsional. Entre ellas, el aumento de la edad mínima para jubilarse de 60 a 65 años, cambios en la forma de considerar los años de aporte, así como procurar que crezca el tramo de ahorro individual de las AFAP y tender a la unificación de los beneficios entre todas las cajas. Desde la oposición, en su momento, hubo críticas al planteo de aumentar la edad mínima y otras propuestas impulsadas por el oficialismo en la CESS.
Ahora, Presidencia se encuentra elaborando un anteproyecto de ley para que sea enviado al Parlamento y estudiado por los partidos políticos, lo que debería ocurrir en las próximas semanas.
En lucha
Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dijo a la diaria que una vez que ingrese el proyecto al Parlamento para que sea estudiado saldrán a recorrer y hablar con los plenarios intersindicales de cada departamento, y también harán asambleas en lugares públicos para plantear cuál es la posición de la central sindical. “En caso de aprobarse, nosotros no descartamos ninguna opción; todavía no hay una definición de si se va a buscar alguna vía de plebiscito o referéndum, algunas vías no se podría por Constitución, pero hay que ver cuál es la situación”, indicó.
Según Pereira, la primera “pelea” que se tiene que dar es informar a la gente, siempre y cuando el gobierno intente acelerar su propuesta. “Es el plan de lucha de los sindicatos y desde el PIT-CNT en la calle. Si se pierden los votos en el Parlamento definiremos cuál es la opción a seguir en ese sentido, pero todavía no tenemos una definición clara de qué pasa si se aprueba”, apuntó. La intención es que el proyecto tal como fue presentado por la CESS, donde contó con los votos del oficialismo y del sector empresarial, no llegue al Parlamento.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) Fernando Gambera indicó como “una duda razonable” si el gobierno “no está midiendo costo-beneficio” de impulsar la reforma tras el resultado del referéndum, que fue muy ajustado. “No lo vamos a saber hasta que algo se convierta en señal clara; seguimos posicionados en que lo importante es convocar a un diálogo social”, indicó, en conversación con la diaria.
En esa mesa de debate, consideró Gambera, tienen que estar actores del gobierno, trabajadores y empresarios. Según el sindicalista, nadie niega que tiene que haber una reforma del sistema, ni tampoco que hay un problema demográfico debido al envejecimiento de la población. El debate primario que debe darse es “cómo se financia” esta reforma y “cualquier sistema que ideemos como política de Estado”: “Cuánto vamos a poner cada uno, y debería primar una idea de equidad, pongamos equitativamente y en función de las posibilidades”, dijo el dirigente de AEBU.
Por su parte, el director en representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, opinó que aún no se está en condiciones de proponer “cómo enfrentar” algo que aún no se conoce. “Todavía no conocemos qué tipo de proceso de discusión y qué tiempo va a llevar para que finalmente se salde esa discusión en el Parlamento. No es lo mismo que esta discusión termine dentro de unos meses o este año a que continúe el año que viene”, indicó.
Para Ruiz, se entra en un terreno de “especulaciones” si se consulta qué caminos puede tomar el movimiento sindical y popular para que quede en suspenso el eventual proyecto: “No estoy descartando ninguna medida, pero tampoco puedo, de la misma forma que no descarto ninguna, decir que vamos a juntar firmas para enfrentar la reforma, porque no conozco el tamaño que tendrá”.
Asimismo, consideró que la reforma debe tener viabilidad política, económica, pero “más que nada social”. Esa pata, no obstante, trasciende lo técnico e incluso la visión economicista que se tiene sobre la seguridad social, planteó. “Si no tiene legitimidad social, la reforma queda cuestionada”, concluyó.
Aunar esfuerzos
Las cajas paraestatales –de Profesionales Universitarios, Notarial y Bancaria– ya han criticado la propuesta de que pasen al régimen mixto, que integran la mayoría de los trabajadores. Gambera dijo a la diaria que van aunar la “lucha” con el PIT-CNT por la “globalidad” del tema. Eso sí, no descarta “chisporroteos particulares y particularidades de cada subsistema”. A propósito, indicó, no se puede encarar la seguridad social “sin decir nada del agujero más grande que es la Caja Militar”.
Consultado sobre si ven viable unificar las cajas, el dirigente de AEBU consideró que eso “es muy fácil” de decir en “la teoría”, pero “bastante complicado y financieramente casi tan difícil como imposible a la hora de consolidar la unificación de esos servicios”.