La Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores recibió este miércoles a dos asociaciones de tenedores de armas, la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego (Autraf) y la Asociación Defensora de Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego (Addulaf). La comisión tiene a estudio dos proyectos de ley para regular la tenencia de armas, uno del senador nacionalista Carlos Camy y otro de los legisladores del Frente Amplio, aunque algunas disposiciones de esta última iniciativa ya fueron aprobadas en la rendición de cuentas.
En ese marco, los representantes de Addulaf plantearon su preocupación por los requisitos que se les ponen a los extranjeros con residencia provisoria para sacar la habilitación para la adquisición y tenencia de armas de fuego (THATA). “En Cerro Largo se da mucho que brasileños vienen y sacan el THATA; ellos sacan un documento provisorio y, a los 30, 35 o 60 días, ya están en condiciones de solicitar un THATA con las mismas exigencias que cualquier uruguayo”, señaló el presidente de la asociación, Fabián Fernández.
Aclaró que no está cuestionando que un extranjero tenga armas, porque “es un derecho que tiene”, pero afirmó que conocen casos de extranjeros a quienes solo se les pide un certificado de buena conducta por el tiempo que estuvieron en el país, solo “por esos 60 días”, y no se solicitan antecedentes anteriores en su país de origen. “Les diría que hasta conozco gente que compró sus armas y no apareció más, no vino más a Uruguay, ni siquiera a renovar el THATA, y el ministerio tampoco tiene trazabilidad de eso”, señaló. Y se preguntó “qué pasa si en ese ínterin hubiera cometido un delito en su país”.
Dijo que, aunque “en pequeñas cantidades”, Uruguay provee “armamento y munición” a Brasil. “Nosotros pudimos detectarlo porque, de hecho, soy instructor en esa zona. Incluso, tengo los nombres de los brasileños que han comprado sus armas y sus municiones aquí. No los vi más, pero tampoco soy un policía activo y no puedo investigar si realmente esas 24 personas aún mantienen sus armas, dónde las tienen, si las llevaron a Brasil o si siguen comprando munición. No se sabe”, alertó.
Después de que la delegación se retirara de sala, los senadores de la comisión expresaron su preocupación por la situación planteada. Camy consideró “oportuno” trasladarle la versión taquigráfica de la reunión al Ministerio del Interior. “Se me ocurre que se podría solicitar a un ciudadano extranjero que cuando venga lo haga con la certificación correspondiente, en todo caso, apostillada por el consulado, como se hace cuando alguien hace un trámite en el exterior y se solicita ese apostillado”, valoró.
En la misma línea, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez afirmó que la presentación de Addulaf le trajo “una cantidad de inquietudes”. “Todo lo que ellos aportaron con respecto a la cuestión de los extranjeros me parece que implicaría un acuerdo entre estados, porque para acceder a los antecedentes de ciudadanos de otro país debería haber un acuerdo entre estados, de tal manera que uno le pida información a Brasil cuando alguien viene a solicitar un arma. Esto implicaría otros plazos, pero debería hacerse eso”, consideró.
Críticas al proyecto del FA
La comisión todavía no tiene resuelto si elaborará un proyecto de ley sobre el tema a partir de las dos iniciativas que tiene a consideración y con qué características. Las asociaciones que asistieron el miércoles valoraron positivamente el proyecto de Camy y fueron críticas con el del FA.
Este último, para Fernández, de Addulaf, es “más desarmista” que el de Camy. El secretario de la asociación, Marcelo Graña, consideró que la iniciativa “mezcla la regulación de las armas de fuego –la cuestión legal– con la violencia y la consecuencia delictiva de las armas de fuego ilegales”. También rechazó el artículo “para que la gente entregue las armas de forma voluntaria, que es algo que ya está demostrado que no funciona”, así como “la inclusión en ese proyecto de ley de la Institución Nacional de Derechos Humanos en todo”. “Esta institución recibiría una vez al año un informe completo de todos los ciudadanos uruguayos que tienen THATA, sobre qué armas tienen, dónde están esas armas, etcétera, y también participaría en las decisiones acerca de las políticas para otorgar un THATA o un porte, lo que me parece muy preocupante”, evaluó.
La otra organización que asistió, la Autraf, también cuestionó el proyecto del FA. El tesorero de la asociación, Mauricio Piquerez, aseguró que se “espantó” al leer el proyecto, “porque es inconstitucional”, aunque no detalló cuáles serían las inconstitucionalidades.