Luego de varios meses este lunes a las 17.00 habrá un nuevo Consejo de Ministros por un tema primordial: el presidente Luis Lacalle Pou presentará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a su gabinete, que deberá entrar al Parlamento, por plazo constitucional, el jueves a más tardar. Sin embargo, todavía quedan asuntos por definir, sobre todo en un sector que la coalición ha catalogado como clave para la rendición: la educación.
Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), señaló a la diaria que todavía no terminaron de definir los detalles del pedido presupuestal que le harán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y tienen previsto votarlo en una reunión que el Codicen tendrá este lunes, y que incluso puede cerrarse recién el martes.
La ANEP estimaba un pedido de cerca de 65 millones de dólares para 2023, enfocados a la mentada “transformación educativa”, como el financiamiento del cambio curricular, los centros María Espínola y la “profesionalización docente”, según había adelantado el diputado colorado Felipe Schipani.
El consejero del Codicen Juan Gabito dijo a la diaria que aún no hay “números finales”, pero subrayó que se enfocarán en “tres grandes núcleos conceptuales”. El primero, referido a salarios, que incluye la recuperación “general para los funcionarios públicos, más un plus de recuperación para la ANEP”. El segundo es el “refuerzo del plan de inversiones de obra”, mientras que el tercer núcleo refiere a la reforma curricular y a los centros, que implica esos 65 millones de dólares, “pero tampoco está definido”. Por lo tanto, el pedido de la ANEP va mucho más allá de esa cifra, y Gabito subrayó que “lo más costoso para el Estado va a ser la recuperación salarial”.
El segundo inciso en orden de importancia que marcó el Poder Ejecutivo y la coalición en general es el relativo a la seguridad, y los números del Ministerio del Interior sí ya están prontos. Hace días se supo que el gasto al que aspira esa cartera se aproxima a 23 millones de dólares, para llenar 1.500 vacantes -la mayoría en Guardia Republicana y Policía- y la compra de 150 vehículos para la Policía.
Ministerio de Ambiente pide excepción al tope de vacantes
Otro de los incisos que hace días ya cerró su pedido es el Ministerio de Ambiente, creado a mediados de 2020 por la ley de urgente consideración, con asignación presupuestal desde 2021. La cartera “se encuentra consolidándose de acuerdo a la nueva institucionalidad y desafíos ambientales”, según se indica en el documento que esa cartera le trasladó al MEF, al que accedió la diaria. Uno de los puntos clave para ese ministerio, como ya había adelantado su titular, Adrián Peña, es el “fortalecimiento” -con más recursos humanos- de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea, ex Dinama), para el control de la nueva planta de UPM, que empezaría a funcionar en el primer semestre de 2023. Esto tiene un costo total de 45.464.800 pesos.
Además, se consigna el cambio de la flota de vehículos. Ambiente solicitó 18.600.000 pesos para comprar 34 vehículos, y se venderían los 29 actuales, que fueron transferidos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, “todos con un kilometraje mayor a los 100.000 kilómetros, con algunos superando los 350.000”.
A su vez, el Ministerio de Ambiente también planteó que se lo exceptúe de los topes de ejecución del gasto y “medidas restrictivas vinculadas a la provisión de vacantes para la Administración Central” que establecieron diferentes decretos, porque no tuvieron en cuenta “la situación especial de un ministerio recién creado y que por ley de Presupuesto lo integran cinco unidades ejecutoras”.
“En lo que va de 2022 y 2021, el área de Evaluación de Impacto, Control e Información Ambiental ha perdido profesionales en funciones clave, que se suman a las pérdidas de recursos humanos de 2019 y 2020 por conceptos de renuncias, jubilación, licencias médicas y pases en comisión. En el Área de Control se perdió entre 2019 y 2021 38% de los recursos humanos, y en Impacto Ambiental, 50% en los últimos cinco años”, indica la cartera en su pedido.
Se agrega que “si bien se había logrado fortalecer los recursos humanos presupuestados de las áreas más críticas de lo que anteriormente era la Dinama, como ser el área de Evaluación de Impacto Ambiental, hoy la situación vuelve a estar en un nivel crítico, siendo su mayoría de recursos humanos contratos por proyecto”.
Por último, otro de los pedidos de la cartera de Ambiente, casi desde que se creó, es el de contar con sede propia, ya que parte de sus oficinas funcionan en la Torre Ejecutiva. El documento entregado por el ministerio consigna que “se costeó el acondicionamiento de la posible sede en 26 millones de pesos”. “Este monto no es más que una estimación en base a una de las sedes relevadas y puede diferir de acuerdo al inmueble que termine siendo seleccionado”, se agrega.