La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó este lunes su rechazo a la viabilidad del proyecto privado MVD 360 para la construcción de una isla artificial de 36 hectáreas a la altura de la rambla de Punta Gorda. La iniciativa, que comprende también un puerto deportivo y un puente de 450 metros, fue aceptada semanas atrás en una resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.
En una rueda de prensa, el director de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, afirmó que “el emprendimiento no es viable” por una “cuestión de equilibrio planificador”. “Si bien presenta ciertos aspectos innovadores para la ciudad, que no deberían ser considerados negativamente, haciendo un balance global entendemos que no es un proyecto viable para Montevideo”, señaló.
Según explicó Oreggioni, la inviabilidad se debe “básicamente” a que la iniciativa privada concentraría “en un único lugar del territorio montevideano una enorme cantidad de metros cuadrados, no sólo de viviendas sino también de oficinas y comercio”, lo cual “afectaría procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y la Ciudad Vieja, barrios por los cuales la IM está apostando muy fuerte”.
El jerarca sostuvo que si en un determinado lugar se construyen “800.000 metros cuadrados de vivienda y 100.000 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales”, las personas y las actividades que van a ocupar ese espacio “van a salir de la ciudad”. “No vamos a fabricar nueva población. Nos preocupa el desplazamiento de la vida comercial y el trabajo”, acotó.
Oreggioni aclaró que la negativa no se trata de “aspectos concretos de diseño” o “si hay más o menos metros de espacio público”, sino del “equilibrio global de la ciudad”. “Es una figura que es perjudicial para el desarrollo de Montevideo y para la centralidad que nos representa a todos. Esta inversión de alguna forma desequilibra un equilibrio que necesitamos recomponer”, expresó.
Asimismo, apuntó que la negativa surge luego de un “análisis profundo del proyecto” con otras áreas de la comuna capitalina, aunque mencionó que todavía “hay consideraciones ambientales” que no fueron analizadas.
Sin embargo, la IM ya le informó al grupo privado detrás del proyecto su rechazo desde una perspectiva de planificación urbana. “Podríamos considerar otros proyectos en la medida en que sigan las premisas que estamos planteando”, dijo el jerarca, y recalcó que este tipo de inversiones “requieren autorizaciones del gobierno departamental”.
El proyecto privado MVD 360 abarca la construcción de una isla artificial con espacio suficiente para 36 lotes inmobiliarios sobre el Río de la Plata, a la altura de la rambla de Punta Gorda, un puerto deportivo y un puente de 450 metros para unir la superficie flotante con la costa montevideana. También comprende una ampliación de la rambla de casi tres kilómetros.
En principio, la inversión de la obra superaría los 2.000 millones de dólares. La iniciativa fue promovida por Jirkel SA y recibió el 9 de mayo de 2022 la aceptación del Poder Ejecutivo, que en una resolución le adjudicó “sumo interés”, según informó Búsqueda.
“Discusión más profunda” y “apresuramiento del gobierno”
En diálogo con la diaria, el edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove cuestionó que la IM rechazase el proyecto privado “sin conversarlo, por lo menos, con todos los actores del espectro político”. A su entender, “una inversión de esa envergadura” demandaba una “discusión más profunda en la Junta Departamental de Montevideo”, dado que “el país está necesitando inversiones y fuentes de trabajo”.
“Si bien la IM está en toda su legitimidad [para tomar la decisión], estas inversiones deberían estudiarse y analizarse con el resto de los partidos políticos”, subrayó Barrios Bove, y agregó que la IM “siempre ha puesto excusas para los grandes emprendimientos”. A modo de ejemplo, indicó la negativa, durante la administración de Ana Olivera (2010-2015), a una vía rápida para Avenida Italia, “que hoy estamos necesitando”. “El Frente Amplio reclama políticas de Estado a nivel nacional, pero no lo hace a nivel departamental”, manifestó.
En tanto, el edil frenteamplista Claudio Visillac dijo a la diaria que la posición de la IM es “clara, compartible y razonable”. Comentó que hubo “un apresuramiento del gobierno nacional” en declarar la iniciativa de “sumo interés” y que debió existir “un recorrido interno mucho más grande por el gobierno nacional para ver todos los aspectos que esto conlleva”. “Claramente hay un impacto en la movilidad y la planificación urbana, y también en el ambiente”, añadió.
Sobre esto último, Visillac opinó que en el tratamiento del proyecto por parte del gobierno nacional “al Ministerio de Ambiente se lo vuelve a desplazar una vez más de las definiciones más importantes”. “Acá hubo una impronta muy importante del Ministerio de Transporte, no así de Ambiente. Es un proyecto que tiene muchas ausencias de información y de opiniones que se deberían recoger. La opinión del Ministerio de Ambiente es fundamental y no lo veo con el peso que debería tener en todo este proceso”, señaló.
Consultado sobre la no discusión del proyecto en la Junta Departamental, Visillac destacó “la evaluación integral” de las diferentes divisiones de la IM y aseguró que se trata de “un proyecto que claramente es inviable”. “Nosotros no tenemos ningún estudio ni ninguna información como para iniciar un tratamiento legislativo”, agregó.