El proyecto sobre competitividad y reducción de costo de vida que presentó el Poder Ejecutivo este miércoles está en instancias de revisión en el área jurídica de Presidencia de la República, y la próxima semana será enviado a la Cámara de Senadores, según informó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa.
El proyecto tendrá más de 240 artículos y, según explicó el ministro de Economía, se divide en cuatro capítulos: desburocratización; la promoción de competencia y reducción de costo de vida; medidas para las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) y de estímulo sectorial; y comercio exterior. A su vez, destacó que los objetivos específicos son la generación de más empleo y de inversión, la promoción de una reducción de precios y la reducción de la burocracia.
La diputada del Frente Amplio Julieta Sierra apuntó en diálogo con la diaria que “la gente es muy crítica con el rol del Estado y con las diferentes burocracias que están”, por lo que señaló que la iniciativa está vinculada a “recoger esa demanda de la sociedad para tener un Estado mucho más moderno en los tiempos que corren”.
Sierra destacó una de las medidas anunciadas para las mipymes de “armar ventanillas únicas” para la realización de trámites y valoró que esto “implica que para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son más del 90%, haya una agilidad y una eficiencia mucho más presente”. En ese sentido, resaltó que “esto va a mejorar sustancialmente el rol de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son la gran mayoría, y también eso se verá reflejado al desburocratizar un montón de cosas y abaratar los costos de las empresas”, lo cual se puede ver en el precio final de los productos “a los que accede la ciudadanía”.
Unos minutos después del anuncio, el senador del Partido Nacional Javier García escribió en su cuenta de X que “es bueno que se haya considerado medidas que hace un año propuso la bancada nacionalista en el Senado a impulso y autoría de [la directora por la oposición de Antel], Laura Raffo, para mejorar competitividad y bajar costo de vida”.
Más tarde, el diputado colorado Juan Martín Jorge expresó en X: “Bien, ministro. Ansiosos de conocer estas medidas liberales. ¡Varias las hemos planteado ya en el Parlamento. Defensa del consumidor, precios por unidad de medida, unificación de registro de poderes y más. Debió estar pronto para el 1º de marzo de 2025, pero bienvenido finalmente!”.
En diálogo con la diaria, Jorge dijo que “por supuesto” que está “ansioso” por conocer el texto de la iniciativa, puesto que se están “guiando” por las versiones de prensa, aunque resaltó que a partir de ellas, algunos titulares “parecen ser bastante promisorios”. “Esperemos que sea realmente un proyecto de desregulación, de liberación de la economía, de romper ciertos monopolios, que es la solución que nosotros entendemos que hay que encontrar en este país”, subrayó.
“Al ministro nosotros en esto lo tenemos que apoyar”, afirmó, y aseguró que como oposición van a “criticar lo que está mal” y “lo que está bien” lo van a apoyar. “Vemos que esto viene en buen sentido, viene en la línea económica que nosotros defendemos y proponemos”, expresó.
“El empresario lo toma muy bien”
En el caso de la Cámara de Industrias del Uruguay, su presidente, Leonardo García, valoró como “muy positivo” el proyecto. En diálogo con la diaria destacó como “un paso adelante” el hecho de que “un Ministerio de Economía se empiece a plantear que Uruguay tiene problemas de competitividad”.
“Eso es gratificante. El empresario lo toma muy bien porque se siente escuchado en alguno de los reclamos que veníamos haciendo. Todo lo que nosotros queremos es que, a través de la mejora de la competitividad, Uruguay retome la senda del crecimiento que no es lo que viene sucediendo en los últimos años”, sostuvo.
Consultado sobre alguna medida en específica que pueda destacar con base en lo anunciado, García dijo que hay un tema que le “interesa y preocupa mucho” que tiene que ver con las mipymes en relación a los registros. “Todos los productos alimenticios, cosméticos y domisanitarios tienen que pasar por el registro del Ministerio de Salud Pública (MSP), [lo que] hasta hoy ese trámite demora mucho en su aprobación, y después tiene un costo de más o menos 1.200, 1.300 dólares y dura cinco años”.
Para García, esto “es inviable para una micro y pequeña empresa, habilitar por el MSP cada uno de los productos que quiere lanzar”. “Eso frena el desarrollo, frena la competencia, frena que los emprendedores puedan crecer, puedan desarrollarse y acceder a mercados formales de comercialización”, apuntó.
Según explicó Oddone, se ampliará la duración de los registros sanitarios o técnicos, los cuales están sometidos a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental, puesto que su vigencia aumentará de cinco a diez años. “Es un punto clave para ayudar a abaratar costos, a mejorar la calidad de los productos, a que haya más productos en góndola y al desarrollo de las micro y pequeñas empresas”, resumió el presidente de la Cámara de Industrias.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype), Pablo Villar, dijo a la diaria que, si bien las medidas anunciadas “ayudan” y “se alinean” con las “necesidades” del sector, “no es suficiente”.
Afirmó que está convencido de que el “nudo” que hace que una micro y pequeña empresa pueda ser rentable y que pueda invertir “tiene que ver con la alícuota del IRAE [impuesto a las rentas de las actividades económicas]” que pagan anualmente. “Eso es lo que realmente estaría impactando en las micro y pequeñas empresas”, afirmó.
A juicio de Anmype, “no es justo” que la alícuota del 25% de IRAE “se aplique a micro empresas y pequeñas empresas”, por lo que la reivindicación de la asociación es que esa alícuota tenga “progresividad”.
Iniciativa del gobierno retoma proyectos de ley para informar precios por unidad de medida
Otra de las medidas anunciadas por el gobierno, en este caso para un mejor acceso a la información al momento de comprar, es la obligación de que los locales comerciales publiquen, junto al precio de venta de los productos, los precios según unidad de medida. Esta fue una propuesta que ya había hecho el exdiputado fallecido Gustavo Olmos en el anterior periodo, y también el actual diputado colorado Juan Martín Jorge.
En esta medida quedan contemplados los comercios con grandes superficies, es decir los supermercados, y también alcanzaría a los canales de comercio electrónico. En ocasiones anteriores a la presentación del proyecto del gobierno, la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) ya se había manifestado en contra de la iniciativa por los costos que puede implicar.
En diálogo con la diaria, el gerente general de ASU, Daniel Menéndez, aclaró que no tiene los detalles de la propuesta, pero sí aseguró que desde la asociación comparten “100% de que la gente tenga que estar informada”. Pero dijo que lo ve como algo positivo en la medida en que “todo los que venden algo, desde el kiosco hasta el almacén, estén incluidos”. “Si sólo lo vamos a tener que poner nosotros, como era el proyecto de ley original, dos tercios de la población que consume en otros comercios no va a estar informada”, aseguró.
“Lo único que pedimos fue que, en el caso de los supermercados, que hay 30.000 ítems, que cambiar las tarjetas [de precios] no es fácil, poder hacerlo de manera electrónica, es decir, que como en las cabeceras de góndolas hay terminales donde la gente puede ver el precio del producto, si se quiere informar, que vaya ahí y le salga toda la cuenta de los precios”, planteó.